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Opinión

  • | 2017/01/24 08:57

    Una forma de penalizar la denegación de los servicios de salud

    Podría pensarse, por la forma como conciben las EPS el concepto de prestación del servicio de salud, que la acción de tutela se agotó como mecanismo idóneo para la eficacia de ese derecho fundamental.

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A Carlos Lozano, un ciudadano de ideología comunista y director del semanario “Voz”, le está sucediendo lo que a diario sufren miles de colombianos ante el régimen indolente e insensible de salud, reafirmado por el sistema ineficaz de la justicia.

Una persona afectada por cualquier patología acude a la EPS para que le preste el servicio de salud a fin de conjurar su crisis por menor que sea. La EPS olímpicamente le niega el servicio. No teniendo otro camino esa persona interpone una acción de tutela para que un juez constitucional le ampare su derecho. Como la acción constitucional está dirigida contra un particular le corresponde por competencia a un Juzgado Civil Municipal, quienes desafortunadamente son los operadores judiciales de menor rango, sueldo y calidad en sus fallos.

Si el juez le concede la súplica tutelar, notifica a la EPS y ésta, en la mayoría de los casos, desatiende la decisión. El ciudadano debe interponer un incidente de desacato que culmina con un fallo temeroso frente al operador de salud
destruyendo la sensación temporal de tranquilidad causada, hecho con el que empieza un círculo vicioso de denegación de un derecho fundamental.

Según las estadísticas, en un buen porcentaje de acciones de tutela que pretenden la prestación del servicio de salud ante la negativa de la EPS, son denegadas por el juez constitucional de primera instancia. Ante este evento, el afectado debe impugnar la decisión.

El juez de segunda instancia puede revocar la decisión nugatoria del derecho a la salud del afiliado y concederle la tutela. Si como sucede asiduamente la EPS se niega aún con un fallo adverso, tendrá el doliente que interponer el incidente de desacato el cual será resuelto por el juez de primera instancia que ha negado la petición inicial, motivo por el cual, ofendido por su superior, se inventa la forma de absolver a la EPS de su responsabilidad.

Volvemos a caer en el círculo vicioso de incumplimiento, mientras tanto las noticias reportan el fallecimiento de personas a las que los sistemas de salud y de justicia le coartaron el derecho a vivir dignamente.

En el Congreso de la República no ha sido posible la materialización de intentos de penalizar la denegación de los servicios de salud causante de la muerte, de quebrantos mayores o secuelas definitivas en la persona.

El último intento lo hizo el senador Armando Benedetti mediante el cual pretendió sancionar al representante legal de las EPS que sin justa causa deniegue la prestación del servicio de salud a una persona, pero los padres de la patria no han tenido la grandeza para tan demandada proeza.

Por este motivo, los constitucionalistas nos resistimos a pensar que la acción de tutela pierda su eficacia en un Estado Social y de Derecho como el nuestro, encontrando sustento para salvar lo que el legislativo no ha querido proteger en la ponencia del Magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos que produjo la Sentencia T-344/16 y que recogió la línea jurisprudencial que admite
la procedencia de la acción de tutela en aquellos casos en los que se persigue repeler de forma urgente una amenaza del derecho fundamental a la salud, en reivindicación de la dignidad humana, la vida y la integridad personal.

Parte de esa línea jurisprudencial es enfática en determinar que la ineficiencia de las EPS no es justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la prestación óptima de los servicios médicos de salud.

Estas tesis aterrizan la forma como un juez podría conjurar un círculo vicioso de desacatos tutelares porque a través de una decisión constitucional puede ordenar la ejecución de otra sentencia que viene siendo incumplida so pena de
incurrir en el delito de fraude a decisión judicial.

Es una manera de proscribir el incumplimiento de fallos de tutela que versen sobre el derecho fundamental a la salud, lo que beneficia de plano a Carlos Lozano, quien tiene “Voz” pero no tiene la salud hoy. ¿Qué será de aquellos que
ni tienen una ni tienen otra?.

(*) Gutiérrez & Calderón – Abogados

Constitucionalistas.

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