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Opinión

  • | 2012/04/28 00:00

    La frontera caliente

    La investigación realizada da cuenta de la presencia del cartel de Sinaloa y de los llamados Zetas, agresivos grupos de origen mexicano que controlan una parte importante del negocio.

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El 24 de Octubre de 2009 fueron asesinadas 11 personas, la mayoría de origen colombiano, en el municipio Fernández Feo, Estado Táchira, muy cerca de la línea de frontera entre Colombia y Venezuela. Para el gobierno venezolano se trataba de un grupo de paramilitares que seguramente había caído en manos de otro grupo ilegal. El gobierno colombiano, en una primera reacción, señaló que se trataba de personas honestas que habían acudido al vecino país a buscar oportunidades de trabajo y pidió un esclarecimiento de los hechos. La tensión entre Bogotá y Caracas aumentó de manera dramática.

Por esos días, investigadores de Arco Iris recogían datos en Cúcuta para el reporte anual sobre el conflicto y les pedí que indagaran la masacre que era noticia en los medios de comunicación de los dos países. Obtuvieron una versión muy distinta a la de los dos gobiernos. El ELN habría sido el autor. La guerrilla tachó a estas personas de delincuentes comunes que se habían atrevido a agredir y a robar a dos de sus miembros cuando atravesaban la frontera.

Un tiempo después, Juan Ricardo Ortega, director de Impuestos y Aduanas Nacionales, me llamó desde Santa Marta para decirme que estaba reunido con los dueños de las bombas de gasolina de la ciudad alarmados por la posibilidad de una quiebra de sus negocios debido al incremento del contrabando del líquido desde Venezuela. Me sugirió que intentara una investigación académica sobre este y otros asuntos de la frontera.

Así nació la idea de hacer el libro La Frontera Caliente, que Arco Iris y Random House Mondadori lanzaron esta semana en la Feria del Libro de Bogotá. Es un primer acercamiento al drama que viven 7 millones de personas a lado y lado de la frontera entre Colombia y Venezuela. Es un intento de acercarse a la realidad sin los sesgos ideológicos y políticos que han acompañado los debates entre los dos países. Es un llamado a los gobiernos. Están en la obligación de investigar a profundidad lo que ocurre en ese largo lindero. Tienen que concertar tanto la indagación como las medidas a tomar.
Las noticias son malas y, reunidas y descritas en un libro de 534 páginas, se ven aún más malas. En los últimos diez años se han perpetrado 30.000 homicidios en esa frontera. El contrabando de gasolina alcanza el millón de barriles por año; el de whisky, 9 millones de botellas, y el de cigarrillos, 200 millones de cajetillas. Es un punto clave de la salida de cocaína hacía Estados Unidos, Europa y África; también es ruta para el tráfico de armas.

Detrás de este incremento de la muerte y de estos jugosos negocios están grandes y sofisticadas estructuras del crimen organizado trasnacional o de las guerrillas. La investigación realizada durante año y medio da cuenta de la presencia del cartel de Sinaloa y de los llamados Zetas, agresivos grupos de origen mexicano que, en alianza con las mafias colombianas, controlan una parte importante del negocio. Las guerrillas golpeadas y expulsadas de los principales centros de población del país se han recostado en esta larga frontera y han encontrado en este manojo de rentas ilegales un nuevo aire para sus fuerzas y sus acciones.

Ahora bien, el crecimiento y la consolidación de estas fuerzas ilegales solo se puede explicar por la vulnerabilidad de las instituciones locales y regionales de un lado y otro de la frontera. La penetración de mafias y guerrillas en los gobiernos es ostensible. La complicidad de la fuerza pública es manifiesta. Ni allá ni acá escapamos a la cooptación de la institucionalidad por los ilegales. Y este será el primer gran obstáculo a vencer si en algún momento se acomete la tarea de transformar la frontera.

Juan Ricardo Ortega, en el lanzamiento del libro, señaló que en esa frontera y en otras no estábamos ante contrabando puro y duro, pues la Dian veía algo más que eso: veía sofisticadas operaciones de lavado de dinero y un entramado de exportaciones e importaciones ficticias para defraudar al Estado. La urgencia de una acción conjunta entre Caracas y Bogotá es evidente.
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