La gratuidad de la educación superior, al tablero

Decir que la educación es un asunto fundamental para nuestra sociedad es un lugar común. Pero dado que en Colombia opera sin tregua aquello de que lo urgente desplaza lo importante, pocas veces es un tema central en el debate público. Este año ha constituido una excepción. Por cuenta de un proyecto de reforma a la educación superior mal concebido y pésimamente defendido, y de un movimiento estudiantil tan sólido en sus críticas, como creativo en sus puestas en escena, el país se ha puesto a pensar en el asunto.

Pero no solo eso. La movilización estudiantil ha logrado imprimirle al debate una orientación particular: la de los derechos. El proyecto de reforma ofrecía una respuesta precaria a la cuestión de cómo ampliar la cobertura de la educación superior para satisfacer la demanda de capital humano. Se trataba, en términos generales, de una apuesta –insuficiente– por la educación en función del crecimiento económico, en la que la noción de derechos era apenas una arandela retórica. Los estudiantes, en su lugar, han puesto el énfasis en la cuestión de cómo garantizar que las personas gocen de una educación superior de alta calidad con independencia de su capacidad de pago. La apuesta aquí es por la educación en función de la igualdad.

Si uno se toma en serio la invitación a pensar una reforma a partir de la fórmula de la educación como derecho y la búsqueda de la igualdad, una pregunta ineludible es qué mecanismos para garantizar el acceso a la educación superior son más pertinentes para construir una sociedad más igualitaria. Sin embargo, la respuesta del movimiento estudiantil en este punto no parece ser la mejor alternativa, por lo menos en el corto y mediano plazo.

Los estudiantes reclaman una educación pública gratuita universal. La gratuidad está asociada a la idea de la educación como un derecho fundamental, es decir, como un derecho que se le reconoce a cada cual por el simple hecho de ser humano. Esta concepción es indiscutible en el caso de la educación básica. Sin embargo, no es tan clara tratándose de la educación superior, pues en este caso el goce del derecho está sujeto al mérito académico. No basta con tener la calidad de ser humano para acceder a la educación superior. Hay que saber además ciertas cosas. Y esto plantea un primer problema al tema de la gratuidad en una sociedad tan desigual como la colombiana, en la que el mérito académico es una de las tantas cosas que está mal repartida.

Como lo señaló Salomón Kalmanovitz en su columna, así como esta revista en un artículo reciente, quienes tienen mejores ingresos tienen más posibilidades de acceder a las universidades públicas de alta calidad porque han recibido una mejor educación básica y media. Y por eso concluyen que la gratuidad acentuaría la desigualdad, pues finalmente se terminaría financiando a quienes pueden pagar. En Chile, donde también se está dando el debate por cuenta de la movilización estudiantil, algunos economistas han mostrado que la gratuidad sí puede disminuir la desigualdad, pero en menor medida que una política que subsidie a quienes no pueden pagar y le cobre a quienes sí lo pueden hacer.

La existencia de una sociedad igualitaria resulta más bien un presupuesto para pensar en la gratuidad universal de la educación superior. Pero la gratuidad no parece ser la mejor vía para construir esa sociedad más igualitaria. En su lugar, resulta más poderoso incluir el reclamo por la calidad de la educación pública básica y media, fortalecer la reivindicación de una financiación adecuada de las instituciones públicas de educación superior y considerar mecanismos alternativos para eliminar las barreras económicas que impiden el acceso a una educación superior de alta calidad.

Cuando el sistema educativo deje de ser lo que es hoy, a saber, el espejo que reproduce la imagen de esta sociedad estratificada, podemos pensar en pasar la gratuidad nuevamente al tablero.
 
* Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia (www.dejusticia.org)