"La guerra se está ganando, pero falta"

La cadena de acciones armadas ejecutadas por las Farc durante las pasadas semanas ha reavivado una encendida polémica sobre el grado de éxito alcanzado por la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

El debate ha girado en torno a dos posturas extremas. A un lado, los partidarios del concepto de "repliegue estratégico" ven los pasados meses de escasa actividad bélica como una estratagema de la guerrilla para economizar energías a la espera de asestar un golpe demoledor. Desde esta perspectiva, los recientes ataques en Iscuandé o Mutatá señalarían la decisión de los insurgentes de abandonar su cómoda retaguardia y lanzar una gran ofensiva para alterar el equilibrio estratégico. Justo en el extremo opuesto, los defensores de la idea del "punto de quiebre" juzgan que la campaña desatada por la Fuerza Pública ha demolido la capacidad militar de las Farc y el Estado ya tiene asegurada una victoria total. En este sentido, los pasados incidentes serían solamente zarpazos agónicos de una organización al borde de la desintegración.

La visión encarnada por el concepto de "repliegue estratégico" olvida cuestiones clave. Ningún grupo armado abandona voluntariamente población y territorio clave para sostener su campaña insurreccional. En consecuencia, si las Farc se han retirado de amplias áreas del país se debe a que han sido expulsadas por la Fuerza Pública.

Los partidarios de esta teoría han hecho una apuesta sobre seguro al afirmar que la guerrilla intensificará sus acciones militares en el futuro. La única opción de los insurgentes para sobrevivir es hacer perder la fe a los colombianos sobre la capacidad del Estado para derrotarlos. En este sentido, las Farc deben realizar una demostración de fuerza para convencer a la opinión pública de que son una organización invencible. Como consecuencia, la guerrilla intentará asestar golpes espectaculares a la Fuerza Pública en el campo y trasladar la guerra a las grandes ciudades a través de acciones terroristas.

Por su parte, los defensores de la idea del "punto de quiebre" pasan por alto cuestiones fundamentales. Durante cuatro décadas de lucha, los insurgentes han hecho gala de una notable capacidad para resistir la presión del Estado. Con estos antecedentes, es improbable que un esfuerzo militar de dos años y medio sea suficiente para asegurar la derrota de las Farc. No obstante, la idea del "punto de quiebre" describe una realidad indiscutible. La guerrilla nunca volverá a realizar una campaña de guerra móvil como la que desató en la segunda mitad de los años 90. El diferencial entre la movilidad y la potencia de fuego de las Fuerzas Militares y las Farc se ha ensanchado de tal forma que la guerrilla ya no puede mover unidades de envergadura sin que sean localizadas y destruidas.

A la hora de evaluar la presente campaña contrainsurgente, parece más conveniente hacerse dos preguntas sencillas, pero decisivas: hasta qué punto la estrategia gubernamental es correcta y hasta dónde se puede mantener el esfuerzo de seguridad.

En lo que se refiere a la primera, los fundamentos de la campaña parecen acertados. El énfasis en el control territorial ha aislado a los insurgentes de la población donde solían encontrar reclutas. Al mismo tiempo, la lucha contra el narcotráfico y otras formas de economía ilegal ha drenado los recursos a disposición de las Farc. Esta asfixia logística combinada con una creciente presión militar provocará tarde o temprano el derrumbe de la organización.

¿Pero podrá mantener el Estado el pulso hasta conseguir el desmoronamiento de los insurgentes? Aquí la respuesta es menos clara. Si algún defecto tiene la Política de Defensa y Seguridad Democrática es su ambición. Se quiere ganar en todos los frentes simultáneamente y en tiempo record. Resulta imprescindible desmantelar las autodefensas ilegales y reconstruir la presencia estatal en las regiones antes controladas por estos grupos. Pero a la vez, se quiere colocar todo el peso de la Fuerza Pública en el sur del país para garantizar una victoria rápida sobre la guerrilla. Ambos objetivos son compatibles si el Estado avanza progresivamente hacia ellos.

Sin embargo, la búsqueda de éxitos espectaculares a corto plazo puede desfondar los recursos de la Fuerza Pública dejando zonas del país en manos de grupos paramilitares no desmovilizados y abriendo oportunidades para que las Farc recuperen la iniciativa. En tales circunstancias, los ciudadanos podrían retirar su apoyo a la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

Entretanto, también resulta necesario prestar atención a la carga financiera del esfuerzo de seguridad. Los problemas fiscales del Estado prometen agravarse en los próximos años cuando se extingan los ingresos provenientes de la exportación de petróleo. Al mismo tiempo, la factura de la campaña contrainsurgente crecerá a medida que se desarrollen operaciones de consolidación destinadas a construir una estructura permanente de seguridad y dinamizar la vida socioeconómica de las áreas liberadas de guerrilleros y paramilitares.

Esta combinación de incremento de los gastos de seguridad y reducción de los ingresos estatales puede crear un complejo panorama fiscal que amenace la viabilidad de la actual estrategia para restaurar el orden. En este sentido, se puede afirmar que el rumbo de la política de seguridad democrática está bien trazado, pero tendrá que superar fuertes tormentas antes de llegar a puerto. Dicho de otra forma, la guerra se está ganando; pero todavía no se ha ganado.

*profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política, facultad de ciencias sociales, Universidad de los Andes.