La hipocresía de los auxilios

El tema de los auxilios parlamentarios —sobre el que Antonio Navarro nos puso a reflexionar debajo del árbol de Navidad—, que ha convivido con la historia política del país por tercer siglo consecutivo, cada vez parece sacar más de quicio a la opinión.

Desde que existen hemos pasado por varias reformas constitucionales expresas para eliminarlos, y ellos se las arreglan una y otra vez para resucitar, mimetizados bajo nombres distintos pero conservando intacta su capacidad de corromper la política. Los gobiernos de turno se sienten maniatados para lograr que el Congreso marche sin auxilios. Y los parlamentarios se niegan a combatir la figura bajo la premisa de que las elecciones, sin auxilios, no se ganan.

Hay una sola cosa en la que son distintos los auxilios modelo 2001: en que ahora los parlamentarios no se los roban, porque no pueden, y eso es tal vez lo que ha faltado que se diga en este debate.

La primera puerta de los auxilios parlamentarios la abrió la Constitución del 86. Uno de sus artículos permitía “fomentar empresas públicas o benéficas dignas de estímulo y apoyo”. En la reforma del 68, en la que expresamente se quiso eliminar la iniciativa del gasto público por parte de los parlamentarios, adquirieron el pomposo nombre de ‘Partidas de fomento regional’. En la Constitución del 91, uno de cuyos fines era claramente eliminar los auxilios, se convirtieron en ‘Fondos de cofinanciación’. Hoy se llaman ‘cupos indicativos’ o sencillamente recursos del Fondo de Regalías.

Cuando los parlamentarios se robaban los auxilios el vehículo eran fundaciones sin ánimo de lucro de cuatro pisos, con una dentistería y un consultorio jurídico que servían de fachada a un servicio social inexistente. Los fondos eran recibidos directamente por el parlamentario a través de su fundación, quien les daba la aplicación que quisiera, incluyendo la de hacer una parada por su propio bolsillo.

Hoy los auxilios no se roban: se ‘direccionan’, detestable palabra que está de moda y que significa que el parlamentario le sugiere —le direcciona— al gobierno la construcción de alguna obra útil o imprescindible para su región.

Si todo parara aquí, vaya y venga. Que un parlamentario elegido por su comunidad no tenga derecho a abogar por sus necesidades sería absurdo. Y si a través de Planeación Nacional se establece una serie de prioridades que no puedan ser adulteradas por cuenta de los caprichos de la politiquería, asunto resuelto.

El problema es que se está usando la fórmula de que los alcaldes accedan a los ‘cupos’ de los congresistas si aceptan sugerencias en las modalidades de la contratación. Y reciben los contratos quienes acepten reconocerle al parlamentario que los recomienda entre el 10 por ciento y el 20 por ciento del valor del contrato. Las obras las ordenan los alcaldes, quienes a su vez están unidos por un cordón umbilical a los congresistas, quienes a su vez recomiendan a los contratistas de las obras, quienes a su vez sufragan las campañas políticas… y listo el pastel.

A lo anterior se añade el problema de la inequidad. Que unos parlamentarios tengan derecho a ‘direccionar’ más recursos que otros indica que sí existe una preferencia del gobierno de turno por algunos de ellos sobre otros. ¿Basada en qué? Desde luego en la filiación política, pero también en la importancia parlamentaria del congresista. Quién pesa más para ayudar a tramitar qué en un momento determinado. Por lo general los parlamentarios de ‘mejor familia’ han sido los de las comisiones económicas, porque de ellos depende el presupuesto nacional. Pero eso varía. Cuando el gobierno Samper, cogieron mucho vuelo —y recursos— los parlamentarios que tenían que absolver al presidente y tumbar la ley de televisión. Hoy siguen importando mucho los miembros de las comisiones económicas, los presidentes de las cámaras y los ponentes de leyes clave.

En conclusión, este tema de los auxilios alberga grandes dosis de hipocresía.

Hay hipocresía en la opinión en no reconocer que, a diferencia de otras épocas de la vida nacional, los auxilios ya no se los roban. Hay hipocresía de los parlamentarios: por el hecho de que ya no pueden robarse los auxilios no significa que no les estén sacando tajada. También hay hipocresía de los medios: convierten en escándalo el hecho de que los congresistas son el puente de sus regiones con las decisiones del gobierno central. Abogar porque del presupuesto salga la financiación de infraestructura que va a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de una determinada región no es un pecado parlamentario, es un deber. Y hay hipocresía del gobierno al no reconocer que los auxilios siguen existiendo, así ahora se llamen ‘cupos indicativos’, y que seguirán existiendo hasta que una reforma política garantice que el Congreso no necesita que lo compren para permitir el funcionamiento del Estado.