Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2006/12/23 00:00

La hipótesis del Estado anómico

Jorge Iván Cuervo R. hace un detallado recuento de la historia del paramilitarismo en Colombia para derribar mitos existentes a propósito de la crisis actual.

La hipótesis del Estado anómico

Son muchas las teorías que se han ventilado en los distintos medios de comunicación y de análisis para tratar de explicar las causas, magnitud y vigencia del paramilitarismo en Colombia, así como sus vínculos con un sector de la clase política y del establecimiento. Lo cierto es que el fenómeno del paramilitarismo ha ido mutando a lo largo del tiempo y no hay una sola forma de explicarlo y entenderlo.

La explicación más socorrida es la de la ausencia del Estado y la necesidad que tuvieron muchas comunidades de organizarse para defenderse de los abusos de la guerrilla, con el apoyo de ganaderos, comerciantes, pequeños industriales y líderes políticos locales. Esta hipótesis se inspira, de alguna manera, en la que desarrolló Paul Oquist en la década de los años 50, acerca del llamado colapso parcial del Estado, e indica que el Estado colombiano ha sido incapaz de consolidar su soberanía interna como representación legítima del monopolio de la coacción para hacer valer el cumplimiento de la ley. Es la explicación tradicional, en la que han coincidido tanto algunos analistas, como los jefes paramilitares y algunos políticos hasta ahora implicados.

Esta primera hipótesis pudo ser válida en la primera fase del surgimiento del paramilitarismo como movimiento de autodefensa, la cual puede sostenerse con alguna consistencia hasta cuando el gobierno del presidente Barco decide declararlo ilegal. Posteriormente, el esfuerzo más importante de legitimar esta idea de aparente seguridad privada con fines de contra insurgencia, fue a través de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad, Convivir, impulsadas desde el Ministerio de Defensa por el gobierno del presidente Samper, y desde la Gobernación de Antioquia por el hoy presidente Uribe.

Sin embargo, desde mediados de la década de los 80 se empieza a dar un primer punto de quiebre, porque esa razón primigenia se convierte en una excusa, como quiera que sectores del propio Estado –por acción y omisión– la usaron como catalizador para alentar la formación de grupos paramilitares. Es decir, que lejos de explicarse el paramilitarismo como una ausencia de Estado hay que entenderlo como una estrategia más de sectores del propio Estado para alentarlo.

En la década de los 90, y también recientemente, empieza a hablarse de captura del Estado, una expresión del neointitucionalismo económico que explica la ocupación que del Estado hacen grupos de interés privados, algunos de naturaleza mafiosa, para hacer valer sus puntos de vista en la acción o en la inacción del aparato estatal. La expresión captura del Estado también es equívoca porque alude a una actuación en la que el aparato estatal, pasivo e indefenso, se deja capturar por unos grupos privados respaldados por una poderosa máquina militar.

No hay tal. La famosa captura del Estado es una vez más la complacencia de sectores del Estado y del sistema político regional con los grupos paramilitares, entre quienes empieza a coincidir una serie de intereses asociados a distribución de rentas legales e ilegales, y que explica, seguramente, por qué el aumento del gasto regional como proporción del PIB desde la vigencia de la Constitución de 1991 no se tradujo en un fortalecimiento institucional capaz de marcar con claridad la frontera entre lo legal y lo ilegal, en un fortalecimiento del poder del Estado para asignar recursos orientados a mejorar las condiciones de vida de las mayorías y a proveer seguridad.

En este orden de ideas, la crisis de la llamada para-política, representa la alianza entre jefes paramilitares y políticos de varias regiones del país –bajo la idea de combatir a la guerrilla– haciendo posible, en realidad, el surgimiento de verdaderas estructuras de control político, militar y social: un auténtico proyecto de refundación del Estado y de un nuevo orden político.
 
Hoy, la expresión paramilitarismo, es una gran sombrilla simbólica y lingüística en la que se representa un sector de Colombia, especialmente a nivel de provincia –no en vano el proyecto de alias ‘Jorge 40’ se llama ‘Provincia Unida’– que se resiste a ingresar en el proceso de modernización política, equidad social y de pluralismo que introdujo la Constitución de 1991. Es la manifestación del ascenso de una clase emergente que con sus valores ha agudizado la anomia social que caracteriza la vida pública colombiana. En este sentido, el paramilitarismo de hoy, y la llamada matriz social que lo acompaña, se podría explicar y entender mejor bajo la hipótesis del Estado anómico que ha desarrollado el sociólogo Peter Waldmann, en un libro del mismo nombre, recientemente reeditado en Colombia por la editorial Iberoamericana.

En efecto, el sociólogo alemán, quien ha centrado buena parte de su reflexión en tratar de explicar por qué ha sido tan difícil la adopción en América Latina del modelo estatal europeo, señala que el resultado final ha sido el de un Estado anómico, expresión tomada de la sociología de Durkheim para referirse, no tanto a aquellas situaciones donde no existe ninguna regulación social o dónde no se cumple ninguna norma –hecho que socialmente es difícil de que se presente–, como a situaciones donde no hay claridad sobre las normas que deben ser aceptadas ni las autoridades que las tienen que hacer cumplir. Retomando a Durkheim, Waldmann nos recuerda que un sistema normativo para ser funcional tiene que estar conformado por normas claras y comprensibles, apoyarse en el consenso de los destinatarios de esas normas, y contar con una autoridad capaz de imponer sanciones ante su incumplimiento. Hay anomia social cuando no se cumple alguno o todos estos atributos.

La hipótesis de la anomia –proliferación de sistemas normativos sin que haya uno predominante– nos ayuda a entender el paramilitarismo en una perspectiva más amplia, como una manifestación perversa de esa propensión al incumplimiento de la ley en Colombia, de la que habla Mauricio García Villegas, y que nos permite ver que sí existe una relación entre el no cumplimiento de unas normas básicas de convivencia –evadir impuestos, pasarse los semáforos, conducir en estado de embriaguez, colarse en las filas, comprar pólvora de manera clandestina, comprar en sanandresitos– y el paramilitarismo que, visto desde una perspectiva conductual, también es un modo de pensar y de actuar bajo la justificación del abandono ante la ausencia de normas vinculantes. No en vano se nos dice que en Colombia hay que conducir a la defensiva.

Esto indica que tampoco es dable sostener que el paramilitarismo es un monstruo surgido de las entrañas de la ignorancia y de la falta de civilización de la provincia, como piensan muchos en Bogotá, sólo que allí, se dieron las condiciones necesarias para que esa confusión de sistemas normativos y la debilidad de un poder legítimo para hacer valer la legalidad, hiciera posible este predominio de verdaderos poderes fácticos que coexisten con el Estado, no lo suplantan ni le disputan su presencia, gracias a ese poderoso catalizador como es el sistema del clientelismo.

Es cierto que por mucho tiempo se abusó de la hipótesis del colapso del Estado, del Estado débil, hasta el punto de que sus defensores, sin saberlo, sin proponérselo, crearon el imaginario social para que fuera posible un gobierno como el de Uribe con una oferta dura en seguridad. La sociología básica de Durkheim indica que la anomia se produce ante cambios sociales acelerados sin que correspondan las transformaciones institucionales necesarias que permitan nuevos marcos normativos y nuevos mecanismos de control social.

Hace 20 años se aprobó la elección popular de alcaldes y empezó un proceso más o menos consistente de descentralización política y administrativa. Pero lo cierto es que ese proceso –que indujo un cambio social acelerado–, si bien supuso un aumento del gasto regional como proporción del PIB, fundamentalmente en gastos de funcionamiento –léase burocracia y contratación para devolver favores políticos–, no fue complementado con otro de fortalecimiento institucional, de mejoramiento de la capacidad institucional regional para planificar el desarrollo y elaborar políticas públicas como respuesta a las demandas sociales. En muchos municipios del país no ha logrado consolidarse un sistema normativo predominante capaz de jalonar ese proceso, justo el espacio para la anomia, y para que grupos armados –llámese paramilitares o guerrilla– logren imponer el suyo, en defensa de sus intereses estratégicos y el de sus aliados.

Es allí dónde puede entenderse el surgimiento de ese proyecto político - militar de la para-política, y también la aceptación social –por intimidación o convicción– que lo acompaña y lo soporta. La descentralización, sin una perspectiva de política pública y de fortalecimiento institucional propició las condiciones para el surgimiento de situaciones de anomia social con graves implicaciones en la economía y en la seguridad públicas.

En el proceso de sometimiento a la justicia de los paramilitares –que el gobierno prefiere llamar proceso de paz–, es necesario desentrañar la madeja que se ha venido consolidando entre sectores del sistema político, de la institucionalidad local y nacional –incluidos de la Fuerza Pública–, del establecimiento económico y de la sociedad civil que ha impedido que el Estado se consolide como el mecanismo de integración y de protección social que se supone debe justificar su existencia. Si se fracasa en esta empresa, la preponderancia del para-politismo, del orden paramilitar, será nuestra propia subversión de derecha y una derrota del Leviatán, paradójicamente desde adentro.

jicuervo@cable.net.co

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