09 abril 2011

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La hora del sindicalismo

Por León ValenciaVer más artículos de este autor

OPINIÓNEl telón de fondo de la victimización ha sido la decisión legítima de los sindicatos de integrar reivindicaciones laborales y aspiraciones políticas.

La hora del sindicalismo.

El sindicalismo colombiano ha obtenido un enorme triunfo. Ha logrado que el presidente Barack Obama obligue al país a proteger y extender los derechos laborales y a combatir la agresión contra los sindicalistas, a cambio de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estad
os Unidos.

La conquista es hija del sacrificio, del impacto que ha causado la dolorosa tragedia que en los últimos 25 años ha vivido el sindicalismo, de la denuncia angustiosa y sistemática que han realizado nuestros dirigentes sindicales. El presidente Santos ha aceptado las condiciones, señalando un nuevo camino para las relaciones laborales en estas tierras tan áridas para los derechos humanos.

Entre 1986 y 2010 ocurrieron en Colombia 2.783 homicidios de sindicalistas. Se produjeron además desapariciones, secuestros, torturas, atentados, detenciones arbitrarias, en una suma aterradora que sobrepasa los 6.000 casos, según datos de la Escuela Nacional Sindical y de la Vicepresidencia de la República.

Para entender la magnitud del problema bastaría echarle un ojo a un estudio realizado por la Escuela sobre violencia contra sindicalistas en 49 países, de 1999 a 2009. En ese tiempo fueron asesinados en el mundo 1.253 sindicalistas. ¡Atérrense! El 63,12 por ciento correspondían a Colombia. Lo seguían muy lejos Brasil, con el 7,01 por ciento, y Filipinas, con el 5,44.

A la sociedad colombiana no le ha importado el horror; el Estado no ha querido parar a los agresores y menos ha querido castigar a miles de funcionarios que han contribuido al genocidio; y los sindicalistas no han tenido ni fuerza interna ni capacidad negociadora para imponerles a la dirigencia política y a los empresarios un pacto laboral que elimine la violencia y libere la acción sindical.

Pero el protagonismo de los derechos humanos en el mundo después de la caída del comunismo y la preocupación de organismos internacionales y de organizaciones de derechos humanos por el caso colombiano ha permitido que nuestra desgracia se cuele en la discusión de los tratados de libre comercio con Canadá, con la Unión Europea y con Estados Unidos. En todos hay cláusulas que obligan a Colombia a reformar las relaciones con el sindicalismo.

Es una victoria tejida afuera con el hilo de nuestras denuncias. No es un producto nacional. No obstante, Tarcisio Mora, Julio Roberto Gómez, Miguel Morantes y Senén Niño, presidentes de las principales agrupaciones sindicales del país, podrían montarse en el triunfo y en un arranque de lucidez iniciar una renovación profunda del sindicalismo.

Tendrían que abandonar esa retórica vacía con la que se oponen a los tratados de libre comercio y aprovechar el momento para contribuir a su aprobación con las condiciones que ha propuesto Obama y que reflejan, igualmente, los tratados con Canadá y la Unión Europea.

Tendrían que aplicarse a estudiar con seriedad quiénes fueron los responsables de la victimización, cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos, a qué obedeció esa cadena de agresiones; también otras causas que han llevado a que la tasa de sindicalización esté en el irrisorio 4 por ciento de la población económicamente activa; para presentarles al gobierno de Santos y al país un gran pacto social y político que encauce las relaciones laborales.

Un estudio reciente de Naciones Unidas, con la participación de varios centros de investigación colombianos, les serviría para iluminar una propuesta dirigida al gobierno nacional. Allí encontrarán que la agresión no ha sido generalizada, que se ha realizado especialmente en 31 municipios en los que se reportan más de 13 sindicalistas asesinados y que han afectado principalmente a los maestros, a los trabajadores del banano y a los petroleros.

Entenderán que el telón de fondo de la victimización ha sido la decisión legítima de los sindicatos de integrar reivindicaciones laborales y aspiraciones políticas. Para responder a estas pretensiones democráticas se coaligaron élites políticas locales, empresarios, agentes del Estado y fuerzas ilegales en una campaña de exterminio. En esa lucha, en algún momento, las consignas justas de las fuerzas sindicales, coincidieron con las de las guerrillas, y este hecho sirvió de pretexto para la agresión.
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