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Opinión

  • | 2017/07/14 09:42

    La igualdad de oportunidades, remedio contra la corrupción

    Necesitamos candidatos presidenciales que se comprometan con el cambio fundamental de hacer operar en Colombia en toda su extensión y profundidad el derecho a la igualdad de oportunidades que es exactamente lo contrario del clientelismo.

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Si imitamos una frase conocida, diríamos que si los corruptos supieran el buen negocio que es no serlo, no lo serían. El perjuicio que le hacen a la sociedad, sobre todo a las clases menos favorecidas por la fortuna, no tiene cuento ni medida. Si es cierto, como lo afirma el Contralor General de la República, que el latrocinio asciende a 50 billones de pesos anuales, imagínense cuánto podría hacerse en materia de educación, de saneamiento básico ambiental, cuántos niños se salvarían de muerte prematura por enfermedades curables o por desnutrición. Cuánto se podría invertir en educación para que programas como “ser pilo paga”, no cubriera solamente un número limitado aunque numeroso de buenos bachilleres, sino que pudiera extenderse a todos ellos.

Un país que no invierte en tecnología e investigación científica está condenado al subdesarrollo.  Alrededor de 1.945 Corea y Colombia tenían aproximadamente el mismo PIB. Hoy ni siquiera se puede establecer comparación alguna entre las dos naciones a este respecto. La diferencia consistió en que ellos invirtieron en tecnología e investigación de punta una parte importante de su producto nacional, y hoy tienen empresas de nivel global como Samsung, Hyundai, LG, etc. Nosotros seguimos dependiendo de las materias primas de exportación, de los commodities. Los términos de intercambio siempre son desfavorables para éstos. Ellos se abrieron al comercio internacional, a la globalización; nosotros permanecimos, bajo la influencia de la Cepal, dentro del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones hasta la década del 90 en que empezó a abrirse nuestra economía, y que hizo de nosotros, según la afortunada expresión del ex presidente López Michelsen, “el Tibet de América Latina”.         

Para frenar la corrupción necesitamos muchos cambios, pero no de carácter constitucional sino legal y cultural. Dice Jeffrey Sachs que: “El enemigo del desarrollo sostenibles es el egoísmo” (El Tiempo, 9 de julio 2017)  En Colombia es notable que los ingresos de capital no paguen, a partir de cierto nivel, la misma tarifa impositiva que las rentas de trabajo, también después de cierto nivel. Es notable que los grupos de presión de los más “poderosos y felices”, impidan el impuesto sobre las bebidas azucaradas que consultan el bien común, en beneficio de sus ingresos individuales egoístas. ¿Cuántas muertes y enfermedades se habrían podido evitar con este impuesto? ¿Cuántos recursos le habría producido al erario público, específicamente para enjugar los gastos del sector salud, que tanta necesidad tiene de ellos? Los grandes ricos necesitan reflexiones como las de Warren Buffett, que protestaba contra un sistema tributario que obligaba a su secretaria a pagar comparativamente más impuestos que él, que tiene un capital estimado en 37 mil millones de dólares. Necesitamos cambiar la sociedad con ejemplos como éste para que el bienestar se distribuya más equitativamente entre los colombianos.

La religión es un elemento esencial de la cultura de los pueblos. Deberíamos en este país aprender que vinimos a este mundo no a ser multimillonarios sino a ser felices. Y para los creyentes, a labrarnos a través de la práctica de la virtud, un lugar en el Paraíso al lado del Señor. Para los seguidores de Buda el camino a la felicidad es el desapego en relación con los bienes materiales, las riquezas, y aún las personas.   

En nuestros días todas las grandes religiones, de manera general, están comprometidas con la honestidad, con la paz, con la concordia, con la fraternidad, con la solidaridad, con el perdón.

Pero, claro, el dinero da poder político y social y el poder político y social da dinero. Es muy dudoso que los más ricos sean los más felices. Sin embargo, los colombianos parecen preferir el dinero y el poder a la felicidad.

La Constitución protege el derecho a la vida como derecho constitucional fundamental, pero resulta impotente sobre todo a numerosos niños ante la escases de recursos del Estado. No es aceptable una situación de estas que en parte, además, se debe a la corrupción galopante. Tampoco justifica en ningún caso el homicidio ni siquiera en cabeza del tirano, como tampoco el robo, el cohecho y demás delitos contra la Administración Pública. Los Mandamientos de la ley de Dios tampoco lo permiten pues le imponen a los mortales la obligación de: “No matarás, no robarás”. La Constitución, la ley y los Mandamientos resultan impotentes en la sociedad colombiana que se complace en la muerte y en el robo.

Decía que no se necesitan reformas constitucionales sino legales que ataquen las causas, por lo menos, las más evidentes de la corrupción. Y la más evidente es que el régimen político colombiano vive de violentar el principio constitucionalmente de “igualdad de oportunidades”.  Es por eso por lo que las leyes permiten la trampa en la adjudicación de los contratos, por ejemplo, al no establecer un pliego único de licitación, como tanto lo ha reclamado Juan Martín Caicedo Ferrer. Los jueces, los empleados públicos de carácter administrativo y técnico en las diversas ramas y órganos del Estado siguen siendo nombrados en su inmensa mayoría con criterios políticos arbitrarios, dejando de lado el sistema del mérito, que puede garantizar la pulcritud y la competencia de esos funcionarios y gracias a su estabilidad, debida a las instituciones y no al padrino político, progresar en su formación para el trabajo. Hoy día todo tipo de corrupción y de irrespeto a la dignidad humana está vinculado al régimen clientelista colombiano.

Entre nosotros hasta los pocos concursos para ingresar a las carreras judicial y administrativa, que se efectúan, se les trata clientelisticamente de hacer trampa. Los mecanismos son muy simples: se establece una “entrevista” a la cual se le asigna un altísimo porcentaje-un 20 o 30%- lo que le permite a los entrevistadores decidir en última instancia quien entra y quién no. Pero, luego, los beneficiarios deben librar otra lucha generalmente a través de la acción de tutela para que los nombren sin dilaciones que en ocasiones ha alcanzado hasta los dos años. Digamos, al margen, que para efectos de medir la honestidad de quienes pretenden ingresar al servicio público el famoso polígrafo no sirve como prueba de nada. Los corruptos lo pasan impertérritos, y más de un inocente de temperamento nervioso debe quedar en el camino con el estigma de no haberlo pasado.

Necesitamos candidatos presidenciales que se comprometan con el cambio fundamental de hacer operar en Colombia en toda su extensión y profundidad el derecho a la igualdad de oportunidades que es exactamente lo contrario del clientelismo que nos ahoga y que es el padre de todas nuestras desgracias en materia de corrupción.

Constituyente 91*

Julio 13 de 2.017   

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