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Opinión

  • | 2009/03/11 00:00

    La ilegalidad corroe a Medellín

    Ningún programa de gobierno en los últimos 30 años ha podido romper las redes de ilegalidad que corroen a la capital antioqueña.

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En Medellín se ha probado de todo: desde la creación de un programa presidencial para la promoción de la convivencia pacífica, el impulso a desmovilizaciones de milicias urbanas, la firma de pactos de convivencia y no agresión entre combos y bandas, empréstitos del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar proyectos de paz y convivencia, hasta la toma armada barrial por parte de la Fuerza Pública.

Nada ha podido desestimular las redes de ilegalidad, que están constituidas no solo por sectores emergentes que han accedido a grandes capitales a través de negocios ilícitos asociados al narcotráfico, sino por sectores estatales, empresariales, comerciales y de servicios que encontraron en ellas soluciones efectivas a sus problemas de seguridad y a sus intereses económicos.

En la década de los ochenta, las bandas delincuenciales fueron instrumentalizadas para acabar con el trabajo social en las comunidades; luego vino la alianza entre poderosos narcotraficantes con sectores de la Fuerza Púbica para perseguir al capo antioqueño Pablo Escobar; posteriormente, la ciudad padeció las relaciones entre organismos de seguridad y la naciente Oficina de Envigado para acabar con bandas de secuestradores urbanos; finalmente, esos vínculos se articularon para poner en marcha el proyecto paramilitar que tuvo su gesta más emblemática en la Operación Orión, ejecutada en octubre de 2002 por fuerzas policiales, militares y hombres del bloque Cacique Nutibara de las Auc a través de la cual se les quitó el espacio a las guerrillas y se consolidó el dominio paramilitar asesinando y desapareciendo civiles inermes.

Entre noviembre de 2002 y agosto de 2007, Medellín vivió uno de los tiempos más sosegados de las últimas décadas: se dieron las condiciones para que la ilegalidad, encarnada en la figura de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y la legalidad cohabitaran en un clima de tolerancia y mutua conveniencia. Fue tal la sensación de tranquilidad, que los administradores de turno acuñaron la frase “la ciudad está pasando del miedo a la esperanza”, un slogan momentáneo fruto de la liviandad del gobernante y su capacidad para negar lo evidente.

Al líder paramilitar se le reconoció su triunfo sobre las guerrillas urbanas y alcanzó el “monopolio de la criminalidad”. Sus decisiones eran acatadas y respetadas. A través de sus redes, donde confluían lo legal y lo ilegal, logró regular la violencia, a tal punto que en promedio los homicidios descendieron hasta en un 45%.
Es claro entonces que paralelo a los programas desarrollados por las sucesivas administraciones locales para fortalecer la paz y la convivencia, se pusieron en práctica otros mecanismos que fortalecieron ilegalidad, al punto que los momentos de relativa tranquilidad que ha vivido la ciudad en años recientes se deben más a la voluntad de los delincuentes y sus acuerdos con la legalidad que a la eficacia de las políticas públicas de seguridad y convivencia.

Pero la Medellín actual no tiene a alias don Berna y entró en crisis el proyecto de reinserción con las Auc, sobre el cual se sustentaban los logros de la administración municipal. Allí sólo se evidencian logros individuales y no colectivos. La razón: las estructuras de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada provenían del mundo de las bandas delincuenciales, reclutadas algunas de ellas a última hora. Una vez rotos los acuerdos con la legalidad y empoderadas de la autoridad que les da ser “reinsertados”, hombres y mujeres retornaron a sus territorios de origen, donde son Dios y Ley.

La ciudad vive un momento de reconfiguración de los poderes criminales, de rupturas entre sectores legales e ilegales, cuyos efectos se reflejan en el incremento de los niveles de criminalidad. No es la primera vez, ni será la última. Soluciones prohibicionistas y coercitivas, tal como las viene aplicando la actual administración local, no romperán esa cultura de la ilegalidad.

Tampoco se logrará a través de las salidas de fuerza que propone el senador antioqueño Jorge Enrique Vélez, de Cambio Radical, quien llegó a esa curul a ocupar el lugar que dejó Humberto Builes, hoy en prisión por sus presuntas relaciones con grupos paramilitares del Urabá antioqueño. Desconociendo los graves crímenes de guerra que se cometieron durante la ejecución de la Operación Orión, Vélez sugiere que se repita en varias comunas de la ciudad. Él debe saber que esa estrategia de choque estuvo acompañada de una alta dosis de ilegalidad.

Urge entonces innovar en las estrategias, tanto desde el sector público como del privado, para superar esa ilegalidad que correa a Medellín. Las soluciones, indudablemente, tendrán que pasar por reducir la brecha, cada vez más amplia, que separa a los más ricos de los más pobres y ahondar en las políticas que consoliden acciones de mayor justicia social, entre otras.



* Juan Diego Restrepo es periodista y docente universitario
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