16 marzo 2013

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La impunidad, callejón sin salida

Por Alfredo Rangel

ALFREDO RANGEL Aprovechando la debilidad y la largueza del Gobierno, la guerrilla quiere una amnistía automática, total e incondicional.

La impunidad, callejón sin salida.

Los diálogos de paz de La Habana están entrampados de manera irremediable, no sólo por la manera astuta como las FARC han venido extendiendo la agenda y alargando sin límite la duración de las conversaciones, sino también por el tema de la impunidad para los guerrilleros. Esta es una demostración más de la improvidencia, la ligereza y la forma irresponsable como este gobierno ha conducido los diálogos con la guerrilla. Por ello está metido en un callejón sin salida.

En efecto, aun antes de anunciar siquiera el inicio de las conversaciones formales con la guerrilla, el Gobierno engatusó a sus dóciles mayorías parlamentarias, lideradas por el voluble Roy Barreras, para hacerles aprobar una ley llamada Marco Jurídico para la Paz, que garantiza dosis suficientes de impunidad para los guerrilleros, en el entendido de que eso era lo que reclamaban para desmovilizarse. Claro, seguramente los sinuosos voceros de las FARC convencieron a los cándidos representantes del Gobierno de que estaban ansiosos por abandonar las armas y hacer política legal, pero para ello necesitaban la seguridad jurídica de que sus dirigentes no iban a pasar directamente de las filas del grupo armado a la cárcel, como les sucedió a los paramilitares.

Muy acuciosos, los parlamentarios gobiernistas aprobaron rápidamente, en medio de una oleada de atentados terroristas, una ley en exceso generosa, pero absolutamente inaplicable por inconstitucional y porque viola los acuerdos internacionales que comprometen al Estado colombiano. Esta ley establece que no todos los delitos de lesa humanidad cometidos por la guerrilla serán investigados, sino solamente algunos; además, que no todos los responsables de los pocos delitos que se investiguen serán procesados y condenados, sino solamente algunos de ellos, y, para rematar, que al final del día los pocos condenados por los pocos delitos investigados serán premiados con la suspensión de la ejecución de sus penas, es decir, amnistiados y perdonados como si nada hubiera pasado.

La ley colombiana y los tratados firmados por el Estado obligan a las autoridades a investigar, procesar y castigar a todos los responsables de todos los delitos de lesa humanidad que se cometan en Colombia. No solamente algunos de ellos, al arbitrio de las autoridades. Por consiguiente, las amnistías abiertas o disfrazadas por delitos de lesa humanidad no están permitidas. Esta es la esencia de la mayoría de las críticas que el tal Marco Jurídico para la Paz ha recibido desde distintos rincones del espectro político, dentro y fuera del país.

Pero si todo lo anterior no fuera suficiente, resulta que de aplicarse la susodicha ley –luego de reglamentada–, se convertiría en patente de corso para que la guerrilla siga cometiendo indefinidamente delitos de lesa humanidad, pues las gabelas de la ley cobijan los delitos pasados, los que estén cometiendo ahora y los que cometan los guerrilleros en el futuro porque la fecha de corte es el momento en que se firme un acuerdo de paz, no antes. Es decir, maten sin miedo, que todos sus delitos serán perdonados.

No obstante, para colmo de males, resulta que a los eventuales beneficiarios esta ley no les gusta no porque sea muy laxa y generosa, sino dizque porque es muy dura. Las FARC y el ELN les han dado un portazo en las narices a los voceros gubernamentales al señalar esa ley como un “esperpento” inaceptable. ¿Por qué?  Porque obligaría a algunos guerrilleros a responder ante algunos jueces por algunos delitos. Aprovechando la debilidad y la largueza del Gobierno, la guerrilla quiere una amnistía automática, total e incondicional que no obligue a ninguno de sus miembros, menos aun a los del Secretariado, a responder por nada. Eso de comparecer ante los jueces no es para los terroristas; si hay víctimas, lo son del conflicto y es el Estado victimario el que debe responder por ellas.

Así las cosas, la patética comisión del Congreso que viajó clandestinamente a La Habana tenía como principal misión convencer a la guerrilla de que acepte esa ley porque para reglamentarla se agotan los tiempos legislativos. Obviamente, se devolvieron con el rabo entre las piernas ante el no rotundo de las FARC, que se ríen de la exigencia de firmar la paz en dos meses y de las angustias de Roy Barreras, que no quiere darle entierro de tercera a su criatura, la susodicha ley de impunidad.

Como resultado, por la imprevisión que lo ha convertido en juguete irresponsable de la astucia de la guerrilla, el Gobierno ha quedado ante los cuernos de un dilema: si se sostiene en que esa ley no se modifica, tendrá el rechazo de la guerrilla porque estima que no le garantiza suficiente impunidad, pero también sufrirá el repudio de la opinión pública, que en el 80 por ciento considera  inaceptable que los dirigentes de la guerrilla lleguen al Congreso sin haber pagado por sus crímenes y, encima, seguramente tendrá objeciones de la Corte Constitucional; pero si cede ante la guerrilla y hace aún más impune la ley, un acuerdo de paz basado en la más absoluta impunidad sería ilegítimo, inviable políticamente y abiertamente inconstitucional. El callejón sin salida de la impunidad será entonces una de las razones del fracaso de los diálogos de paz.
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