LA 'INOCENCIA' DE LOS MINISTROS

AL NO HABER CARCEL DE POR MEDIO, muchos colombianos e incluso periódicos tan serios como El Espectador quedaron con la sensación de que los ministros terminaron por ser inocentes de los cargos por los que los investiga la Fiscalía. O como dijo el editorial de El Tiempo, "queduron casi totalmente absueltos". Nada más lejos de la realidad. En su Providencia. la Fiscalía admite que a ninguno de los tres pudo comprobársele el enriquecimiento ilícito, entre otras cosas porque de las pruebas testimoniales de Botero y de Medina no surge que ninguno de ellos hubiera participado en la decisión de recibir los dineros del narcotráfico. No se entiende, entonces, por qué a la vista de los Mogollones de este país, los testimonios de Botero y Medina valen cuando dicen que los tres ministros no participaron en la decisión de recibir los dineros del narcotráfico, pero en cambio no valen cuando aseguran que Samper sí lo hizo.
Sin embargo, la Fiscalía dive haber encontrado indicios graves de que los ministros, una vez enterados por los narcocasetes y las múltiples pruebas testimoniales, de que la campaña fue sufragada con dineros del narcotráfico, colaboraron desde sus cargos en el gobierno en la difícil tarea de ocultar los hechos. Por eso vale la pena que veamos, caso por caso, qué es lo más grave de lo que se acusa a cada ministro, y por lo cual podrían terminar condenados por la Corte Suprema de Justicia.
CASO SERPA: Podría sonar ingenuo que la Fiscalía parta de la premisa de que manejar plata en efectivo en una campaña es síntoma de alguna ilegalidad. En todas las campañas sucede, es cierto, que el efectivo se utiliza por razones prácticas, y también es cierto que Horacio Serpa no puede resultar culpable de encubrimiento por haber llevado 15 millones de pesos en efectivo a San Andrés. Pero el asunto se torna complicado cuando se sabe que, en realidad, Serpa participó en la distribución de 3.230 millones de pesos en efectivo entre las tesorerías regionales de la campaña que, según el organigrama de la misma y los testimonios de sus colaboradores, él coordinaba personalmente. La Fiscalía le reprocha a Serpa que él, menos que nadie, podía comerse el cuento de que tamaña suma de dinero provenía "de una donación en efectivo de una multinacional petrolera ", que era la versión que rondaba en la campaña acerca de la súbita bonanza económica de la segunda vuelta.
También considera tema delicado la Fiscalía el que, una vez llamado a declarar, Medina recibiera presiones de Serpa y de su abogado Ernesto Amézquita "para que no relatara la verdad ". Serpa le habría advertido a Medina que de no guardar silencio, "podría ser el más perjudicado ".
Una vez terminada la campaña, Serpa le ordenó a Medina que "quemara y desapareciera los documentos relacionados con la distribución de dineros en efectivo ".
Por último, también está claro que Serpa participó en la maniobra de "mantener tranquilo a Botero para que no hablara ", mediante la táctica de participar con él en ejercicios tendientes a buscar la manera de que el Consejo de Estado no ratificara al Fiscal, dándole a creer que el gobierno estaba en la movida.
CASO TURBAY: El secretario general de la Presidencia está acusado también de haberle "dorado la píldora a Botero" para evitar que hablara. Pero, además, contra Juan Manuel Turbay existe la delicada acusación de haber organizado en Palacio un pool de abogados para preparar a los testigos que fueron llamados a declarar ante la Fiscalía por sus vinculaciones con la campaña presidencial. A traves de estos asesores, se buscaba preparar a los testigos "en la forma como deberían responder a las preguntas del instructor y la manera de no incurrir en equivocaciones".
CASO PARDO: Al igual que a Serpa, al canciller Rodrigo Pardo se le achaca responsabilidad en las órdenes de publicidad de la campaña, que no sólo incluía decisiones acerca de su contenido, sino de su viabilidad presupuestaria. Pero hasta aquí creo perfectamente factible que Pardo pudiera haber ordenado publicidad, sin haber tenido la más mínima idea del origen de los dineros con los que se sufragaría. Yo misma trabajé en una campaña presidencial en circunstancias semejantes, y jamás me enteré del origen de un solo peso que ingresó a la campaña.
Pero contra Pardo existe un cargo más delicado: el nombramiento del coronel Osorio, escolta personal del Presidente (y se ha venido a saber que también de la Monita retrechera) en un cargo en Italia. Su explicación radica en que "el proceso decisorio de dicho nombramiento se realizó en el Ministeno de Defensa, y que sólo hasta los últimos días conoció los cuestionamientos que se le han hecho al coronel Osorio por su supuesta relación con al señora Elizabeth de Sarria".
Aquí la responsabilidad de Pardo se complica. Primero, porque el nombramiento de Osorio se hizo con una sospechosa celeridad, cuando comenzaron a ser evidentes sus vínculos de amistad con la Sarria. Segundo, porque para nombrarlo se recurrió a un mecanismo de excepción, consistente en que el Presidente no firmó dicho nombramiento. al contrario de lo que siempre se hace. Y tercero, porque se le creó un cargo para el que no existen funciones (el embajador de Colombia en Italia, Plinio Mendoza, envió una carta a la Cancillería resaltando este hecho), lo que pone en evidencia el desespero por sacarlo del país, seguramente con el propósito de que no se repitiera el proceso de Medina. Al respecto, Pardo asegura que "sólo después de que el nombramiento se convirtió en debate público fue cuando me enteré de que se trataba de un cargo nuevo ". Pero el hecho es que el nombramiento de Osorio, que tenía como propósito alejarlo del país, lleva su firma. Conociendo a Pardo, yo prefiero crcer que tiene una explicación mecánica. Pero la Fiscalía lo encuentra altamente sospechoso.
Este es el resumen apretado de los argumentos jurídicos que obran contra los ministros, y la explicación de que los tres tengan medida de aseguramiento de conminación.