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Opinión

  • | 2000/07/24 00:00

    La inutilidad perniciosa

    La última vez que la OEA (Organización de Estados Americanos) sirvió para algo fue hace casi medio siglo

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La última vez que la OEA (Organización de Estados Americanos) sirvió para algo fue hace casi medio siglo, a fines de los años cincuenta, cuando, luego del intento de asesinato por el Generalísimo Trujillo del Presidente venezolano Rómulo Betancourt, acordó que todos los países miembros rompieran relaciones diplomáticas y comerciales con la dictadura dominicana, medida que significó el principio del fin para la satrapía trujillista. Desde entonces, ha sido una organización perfectamente inútil, incapaz de contribuir en lo más mínimo a preservar o promover la democracia y los derechos humanos en el Continente, objetivos para los que fue creada. Todos los pasos importantes que se han dado en este sentido, como las negociaciones de paz que pusieron fin a las guerras civiles en América Central, o facilitaron procesos de transición de regímenes autoritarios a democráticos (en Chile, por ejemplo) fueron iniciativas de la ONU o de las grandes potencias occidentales, sin que la OEA desempeñara en estas operaciones otro papel que el de una comparsa decorativa. Por eso su nulo prestigio, su imagen de institución-carcamal atiborrada de diplomáticos enviados allí por los gobiernos como a una jubilación anticipada, para descansar, o cebarse discretamente la cirrosis a orillas del Potomak.



El problema es que, de un tiempo a esta parte, no contenta con ser inútil, la OEA se está volviendo francamente perniciosa. Es decir, una institución que actúa sólo para socavar las bases ya bastante endebles de la legalidad y la libertad en América Latina, y para proporcionar coartadas y justificaciones a sus verdugos. Así por ejemplo, sin la OEA es probable que la dictadura peruana cuya cabeza visible es Fujimori (pero que dirigen en la sombra el asesino, torturador, ladrón y cómplice de narcotraficantes Vladimiro Montesinos y una cúpula militar a sus órdenes) no hubiera llegado nunca a existir, y, en todo caso, hubiera desaparecido luego de la grotesca farsa electoral perpetrada el 28 de mayo pasado, que todas las organizaciones internacionales de observadores -empezando por la de la propia OEA, encabezada por el ex-canciller guatemalteco Stein- se negaron a avalar por carecer de la más mínima limpieza y equidad.



Al severo informe de la OEA firmado por Eduardo Stein respecto a la nula posibilidad de que, en las condiciones fijadas por el régimen, la segunda vuelta electoral fuera legítima, se sumaron idénticas conclusiones de las misiones de la Fundación Carter, del Instituto Nacional Demócrata, de Trasparencia, y de todas las otras delegaciones de observadores enviadas al Perú para vigilar las elecciones peruanas. Ni una sola de ellas la legitimó. Todas se retiraron del país para no justificar con su presencia el escandaloso montaje que pretende alargar por cinco años más la existencia del régimen autoritario peruano (el candidato de oposición, Alejandro Toledo, se había retirado también de la amañada contienda). En estas condiciones parecía obvio que la OEA, haciendo suyas las conclusiones de su propia misión, procediera a desconocer la burda farsa, a condenarla y a exigir nuevas elecciones bajo estricta vigilancia internacional, como lo pedían el pueblo peruano y numerosos gobiernos democráticos del mundo entero.



Sin embargo, nada de eso ocurrió en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA en Ottawa, pese al empeño que pusieron en ello los cuatro gobiernos que actuaron con verdadera consecuencia democrática y que es preciso recordar (los de Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y Argentina) porque ellos representaron un saludable contraste de decencia y responsabilidad, en el feo espectáculo de cobardía, duplicidad o franca colusión con la dictadura andina que brindaron los demás. El acuerdo adoptado hubiera hecho las delicias de Poncio Pilatos: enviar al Perú una comisión, de la que formarán parte el ministro canadiense de Relaciones Exteriores Lloyd Axworthy y el Secretario General de la OEA César Gaviria, para verificar si el gobierno de Fujimori está adoptando las medidas necesarias a fin de restablecer la legalidad democrática en el Perú. ¿Es esto serio o una burla de dimensiones planetarias?



El señor César Gaviria, además de ser la mediocridad encarnada -lo demostró con creces cuando fue Presidente de Colombia y lo ha confirmado en exceso a la cabeza de la OEA-, luce un prontuario de iniciativas y gestos a favor de la dictadura peruana (intrigó eficazmente para que la OEA legitimara las dos previas mojigangas electorales celebradas por el tándem Fujimori-Montesinos), que lo descalifica moralmente para integrar esta misión. Su opinión podemos anticiparla sin dificultad: entre nubes de jerga jurisprudente, formulará la astuta impresión de que el régimen, sin haberlas eliminado del todo, va haciendo meritorios esfuerzos para "superar las ineficiencias habidas en los últimos comicios y orientar al país de una vez por todas por la verdadera senda de la..." etcétera.



El canciller canadiense Lloyd Axworthy es otra cosa. Representa a una de las democracias más genuinas y admirables en el mundo de hoy, y ha dado una principista y enérgica batalla en la reunión de Ottawa, para que, fieles a la Carta de la OEA que sus colegas latinoamericanos incumplen olímpicamente, los países miembros de la organización condenaran en términos severos el fraude electoral del 28 de mayo y exigieran nuevas elecciones, y esta vez limpias, en el Perú. Que, con las excepciones de Estados Unidos, Argentina y Costa Rica, nadie más lo secundara, debe haberlo dejado sorprendido. Sin embargo, si uno escarba, descubre que detrás del ponciopilatismo de los cancilleres de la OEA, hay en algunos casos razones muy sólidas y comprensibles (aunque no justificables, claro está). ¿Cómo podría apoyar una condena a un fraude electoral el gobierno mexicano del PRI, que, muy probablemente, se dispone a perpetrar también un fraude electoral el 2 de julio próximo para impedir el triunfo del candidato de oposición, Vicente Fox, e imponer al priísta Labastida? ¿No sería una insensatez que el gobierno venezolano condenara un fraude electoral cuando estuvo a punto de consumar uno, también el 28 de mayo, y fue impedido de hacerlo in extremis por los tribunales, que aplazaron la elección? Amparando a Fujimori, las seudodemocracias venezolana y mexicana, ecuatoriana y paraguaya, se curan en salud: quieren evitar que, mañana o pasado mañana, la comunidad internacional les tome cuentas a ellos también por las estafas cívicas o los crímenes que cometen sus gobiernos. Y para ello, cuándo no, se desgarran las vestiduras nacionalistas y agitan los espectros terroristas del "respeto a la soberanía" y "la obligación fraterna de defendernos, unidos, contra la intromisión extranjera". Uno oye hablar a estos bufones de la democracia y se pregunta en qué se diferencian de los que mandaban a representarlos en la OEA los gobiernos de Somoza, de Pérez Jiménez, de Odría o de Trujillo.



Más difícil de entender, desde luego, es la actitud de otros gobiernos, que no son ni dictaduras ni aspirantes a serlo, como los de México y Venezuela, sino democracias bastante respetables. Uruguay, por ejemplo, o Chile, y hasta la desintegrada Colombia. He leído en alguna parte que su reticencia a condenar explícitamente a la dictadura peruana se debe a pudores "progresistas": no querrían aparecer apoyando demasiado a Estados Unidos, cuyo Congreso y gobierno se han pronunciado en términos tajantes contra el fraude electoral fujimorista. Como la imbecilidad también es un factor que debe ser tomado en cuenta en la vida política, no se debe descartar esta interpretación de la penosa conducta de los cancilleres uruguayo, chileno, colombiano y (el peor de todos) brasileño, en la reunión de Ottawa. Pero sí vale la pena escudriñar lo que ella implica: comprarse la apariencia de independencia y progresismo, mediante el abyecto recurso de cohonestar un régimen nacido de un golpe militar que, desde 1992, ha ido destruyendo todos los espacios de legalidad y libertad en el Perú, sumiendo en la miseria a grandes sectores de la población, avasallando la información, destruyendo la justicia, cometiendo crímenes horrendos contra los derechos humanos, y estableciendo un nuevo modelo de dictadura para el siglo XXI que ya comienza a ser imitado en otros países de América Latina.



No es difícil imaginarse los diálogos que celebrarán los miembros de la Comisión de la OEA con las autoridades peruanas, a fin de verificar los "avances" de la democracia en el Perú. "¿No volverán ustedes a torturar a un periodista, como hicieron en vísperas de las elecciones con el reportero Fabián Salazar, a quien un comando del SIN, la Gestapo peruana, serruchó un brazo para que entregara los vídeos donde se veía al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a la flor y nata de la institucionalidad recibiendo órdenes de Montesinos?" "Nunca más". "¿No volverán ustedes a falsificar un millón de firmas para inscribir la candidatura de Fujimori para los comicios del año 2005, como hicieron en esta elección?". "Semejante desperfecto involuntario, achacable al mero subdesarrollo, no se repetirá". "¿Devolverán ustedes los canales de televisión y las estaciones de radio que les robaron a los señores Baruch Ivcher y Delgado Parker porque criticaban al régimen". "El asunto está en manos del Poder Judicial, cuya independencia es para el régimen principio sacrosanto". "¿Permitirán ustedes que los canales de señal abierta difundan, por lo menos de tiempo en tiempo, alguna información relativa a la oposición, y no exclusivamente las que convienen a la propaganda del régimen?". "Respetamos demasiado la libertad de prensa para inmiscuirnos en la política de los canales, cuyo amor al régimen es tan grande que les impide amparar los infundios de sus enemigos. Pero, en señal de buena voluntad, les rogaremos que tengan en cuenta su solicitud". "¿Se comprometen ustedes a no apoderarse también del diario El Comercio, al que vienen amenazando de distintas formas desde que dejó de apoyar al régimen y comenzó a dar espacio a la crítica?". "Respetamos la discrepancia alturada. Eso sí, nada podríamos hacer si el Poder Judicial acoge favorablemente las múltiples demandas entabladas contra él, o la SUNAT (oficina de impuestos) envía a la quiebra al Canal N, de cable, (perteneciente a aquel diario), el único medio televisivo en el país que emite una información independiente, no dictada por Montesinos". "Que los comandos del SIN que asesinaron a los estudiantes y al profesor de La Cantuta, que masacraron a los vecinos de los Barrios Altos confundiéndolos con senderistas, que descuartizaron a Mariella Barreto, que torturaron y violaron a Leonor La Rosa hasta convertirla en el guiñapo humano que es ahora, anden sueltos por las calles de Lima, causa muy mala impresión en el extranjero. Y, más todavía, que, cuando la justicia internacional echa mano a uno de esos criminales, como ocurrió con el torturador y violador Mayor Ricardo Anderson Kohatsu, el gobierno lo salve concediéndole estatuto diplomático. ¿No se podría hacer algo en esta materia?". "Es difícil, teniendo en cuenta que aquellas personas ya se han beneficiado de una ley de amnistía, dada en aras de la fraternidad que debería reinar siempre entre peruanos. Pero, están bajo observación, y, al próximo asesinato, tortura, secuestro o violación que cometan, la justicia fujimorista caerá sobre ellos y será implacable. ¡Palabra de honor!".
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