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Opinión

  • | 2011/09/03 00:00

    La investigación de Arco Iris

    La polémica ha sido dura porque aparecieron cuestionamientos a personas con mucho poder y grandes posibilidades de ganar las elecciones.

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El cuento es así. Arco Iris se aprestaba a realizar su tradicional indagación sobre la influencia de fuerzas ilegales en las elecciones. Esta vez contaba con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos (NDI, por su sigla en inglés) y compartía esfuerzos con la Misión de Observación Electoral. Al frente del trabajo estaba Claudia López.

Debido a las limitaciones económicas, se habían seleccionado cincuenta municipios en 23 departamentos para descubrir allí cuáles serían los métodos de interferencia electoral de personas y de grupos vinculados a la ilegalidad y la violencia o que habían hecho parte de la trama de la parapolítica.

Claudia y yo fuimos a donde el ministro Germán Vargas a contarle los pormenores de nuestro proyecto, y a él le pareció que los resultados de la investigación le podrían servir al gobierno para hacer más transparentes y legítimas las elecciones locales; y también que la presencia de Arco Iris en el Comité de Seguimiento Electoral, en el que tenían asiento todas las instituciones encargadas de vigilar los comicios, podría estimular una acción más decidida del Estado para prevenir todos los riesgos en esta campaña.

Acordamos con el ministro una contribución económica que permitía ampliar la muestra a 75 municipios y prolongar la investigación de modo que una vez hecho el trabajo en terreno se continuaría observando el comportamiento de los candidatos y de los grupos políticos sobre los cuales se registraban cuestionamientos. Se desplegarían 67 investigadores para hacer la muestra.

Así empezó una experiencia muy interesante para la democracia colombiana. La colaboración entre una organización de la sociedad civil y el Estado para impedir que algunos políticos llegaran "montados en los hombros del diablo" a las alcaldías, a las gobernaciones, a los concejos y a las asambleas.

Los resultados han sido excepcionales y la controversia no ha sido menor. La lista de candidatos cuestionados después de la indagación en terreno fue entregada en una reunión a la cual asistieron el presidente Juan Manuel Santos, los ministros del Interior y Defensa y los directores de la Policía Nacional y del DAS.

Allí se decidió que los organismos de inteligencia examinarían la lista y la depurarían de acuerdo con sus propias investigaciones. También -y esto era lo más importante- ampliarían su alcance con las informaciones que tenían de todo el país. Fueron confirmados dos de cada tres nombres dados por Arco Iris. Luego, el Ministerio del Interior alertó a cada uno de los partidos sobre avales y respaldos. También la Procuraduría entregó la lista de más de cuatrocientos candidatos inhabilitados por antecedentes disciplinarios y la Contraloría, los cuestionados por corrupción. Todo el mundo aportó.

La polémica ha sido dura con dirigentes de los partidos y ahora con el procurador general de la Nación, porque aparecieron cuestionamientos a personas con mucho poder y grandes posibilidades de ganar las elecciones. Menciono algunos: Carlos Eduardo Pinilla, Gobernación de Arauca, por su pertenencia al grupo de Julio Acosta Bernal, preso por sus relaciones con los paramilitares; Kiko Gómez, Gobernación de La Guajira, por su posible vinculación con Marcos Figueroa, persona muy cuestionada en la región por sus nexos con la ilegalidad.

Luis Miguel Cotes y José Luis Pinedo, Gobernación del Magdalena, el primero, por el respaldo a líderes de la parapolítica encabezados por Trino Luna y el segundo, porque detrás estaba Fuad Rapag, encarcelado por nexos con los paramilitares; Jaime Amín, Gobernación del Atlántico, por el aporte económico que en el pasado recibió de Uniapuestas, sociedad en la que participaba alias la Gata, y por la presencia en las administraciones que una y otra vez le han entregado el chance a esta empresaria indagada y presa por diversos delitos.

Ramón Emiro Muskus, Gobernación de Sucre, por el apoyo de la Gata; Víctor Raúl Oyola, Gobernación de Córdoba, del grupo de López Cabrales, preso por parapolítica; Richard Aguilar, Gobernación de Santander, heredero de Hugo Aguilar, preso por vinculación con los paramilitares; Efrén Fernández, Gobernación de Casanare, mencionado en vínculos con Martín Llanos, reconocido paramilitar; y Nelsy Almario, Gobernación del Caquetá, heredera de Luis Almario, con los más diversos procesos judiciales.
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