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Opinión

  • | 2011/10/30 00:00

    La justicia para los de ruana

    La Fiscalía ha puesto tras las rejas a las presuntas encubridoras, pero al que están encubriendo ni siquiera se le ha vinculado al proceso.

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Detrás del crimen de Luis Colmenares, el estudiante de la Universidad de los Andes encontrado muerto hace un año en el caño de la 87, en el norte de Bogotá, no solo hay una historia truculenta que los medios se han dedicado a destapar, no sin cierto morbo. También hay una historia de manipulación de la justicia por parte de unas familias adineradas que han demostrado un total desprecio por la ley.

El crimen tiene todos los ingredientes truculentos de una telenovela colombiana: el estudiante que pierde la vida es un joven de La Guajira, más propiamente de Villanueva, que no pertenece a los círculos sociales de Bogotá pero que termina prendado de Laura, una joven que acaba de terminar una relación sentimental con Carlos Cárdenas, otro compañero de la Universidad de los Andes, que proviene, como ella, de una familia con recursos económicos y con estatus social.

Durante un año, la versión que esgrimieron su novia y su amiga, las últimas personas que lo vieron con vida, fue que Luis se había suicidado. A pesar de que la tesis del suicidio nunca fue convincente -esa noche habían ido a una discoteca a celebrar el Halloween y su alegría no era propiamente la de una persona que estaba ad portas del suicidio-, la Fiscalía les creyó más a las amigas de Luis que a la madre. Ella, sin embargo, fue la primera en sorprenderse cuando le dijeron que su hijo se había botado al caño en un acto de depresión infinita: no les creyó. Y de no haber sido por su tenacidad, hecho que la llevó a contratar a un abogado forense que destruyó los informes de Medicina Legal que habían sido levantados en el momento del deceso de Luis, la Fiscalía habría archivado el caso.

El perito contratado por la madre de Luis probó que toda la investigación inicial habría sido manipulada de cabo a rabo. Y lo que más sorprendió fue que en el informe de Medicina Legal ni siquiera se hubieran reportado los golpes que sí tenía el cuerpo de su hijo. ¿Cómo hicieron para incurrir en tantas omisiones sin que la Fiscalía se diera cuenta?

Pero no solo se alteraron los informes de Medicina Legal, también trataron de hacer presión en la justicia para que cambiaran de fiscal y se pusiera uno que archivara el caso y se protegiera de esa forma al verdadero culpable. Para lograr ese cometido, intentaron presionar nada más ni nada menos que al director de Fiscalías, Néstor Armando Novoa. Él tuvo que aceptar ante los medios que, en efecto, había recibido la visita de una abogada con la que había hablado someramente del caso. A pesar de que él le restó importancia al encuentro, el sabor de que allí algo pasó quedó en el aire: no en vano ese tipo de visitas habían sido prohibidas por la fiscal Morales desde el día de su posesión, cuando anunció que en su Fiscalía esta clase de encuentros, que se prestaban a tantos malentendidos, quedaban cancelados. No me imagino la furia de la fiscal al descubrir que su director de Fiscalías había sido el primero en desoír sus instrucciones. Pero además, el doctor Novoa inicialmente no nos contó toda la verdad: se le olvidó decirnos que esa abogada a la que había recibido en su despacho era la esposa de su contador, como después lo publicaron los medios. No obstante, nada de lo anterior ha ameritado hasta el momento un pronunciamiento de la cúpula de la Fiscalía.

Pero tal vez lo más sospechoso de todo este caso es que a las cuatro mujeres involucradas, dos todavía en detención domiciliaria y dos que fueron liberadas por el juez de garantías, se les acusa de desviar la investigación para lograr que el proceso fuera archivado y así proteger a Carlos Cárdenas.

Lo extraño es que, hasta ahora, Cárdenas no ha sido vinculado al proceso formalmente.

En otras palabras, y para que me entiendan: la Fiscalía ha puesto tras las rejas a las presuntas encubridoras, pero al que estarían encubriendo ni siquiera se le ha vinculado al proceso. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando en este caso?

En ciertos sectores de la clase dirigente colombiana todavía hay la infortunada convicción de que la justicia solo es para los de ruana y que si un niño de la sociedad bogotana comete un crimen no se le puede encarcelar porque no lo resistiría. Ojalá no triunfe esta percepción y se haga justicia por encima de las pretendidas alcurnias sociales y de los colores de piel.
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