La justicia poseída

En este país hay cuatro grandes aparatos de criminalidad organizada. La guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares y los contratistas de obras públicas: los primos Nule, y gente así. Al marido de la fiscal general Viviane Morales, Carlos Alonso Lucio, se le acusa de haber estado involucrado en las actividades de esas cuatro entidades criminales: ha sido guerrillero (del M-19, amnistiado); ha sido representante de los narcotraficantes del cartel de Cali; ha sido asesor de los paramilitares en Santa Fe de Ralito; ha sido correveidile de los primos Nule, y de gente así. A ojo, el 90 por ciento de los delitos que se cometen en Colombia, de sangre o de dinero, y por lo general de las dos cosas, son obra de esos cuatro engendros. Lo cual quiere decir que la fiscal tendrá que declararse impedida para ocuparse del 90 por ciento de los casos que lleguen a la Fiscalía, pues su marido, Carlos Alonso Lucio, puede haber tenido alguna relación con sus autores. La fiscal solo podrá ocuparse de crímenes privados. Riñas de borrachos. El caso del estudiante asesinado en un caño del Parque El Virrey. Cosas así.

Para eso no se necesita una fiscal general de la Nación. Basta con la ley llamada de pequeñas causas, que no sé si pasó.

Pero lo que saca a la luz el enredo conyugal de la fiscal Morales y su marido Lucio -un problema jurídico y político, una tragedia doméstica- es la vasta farsa de la justicia en Colombia. En los últimos días, dos connotados juristas tan distantes entre sí como el exfiscal Alfonso Gómez Méndez y el exmagitrado José Gregorio Hernández han publicado sendas columnas, en El Tiempo y en El Nuevo Siglo, asombrándose e indignándose también de las "penas irrisorias" que reciben los grandes criminales, los paramilitares culpables de cientos de asesinatos y miles de expoliaciones, los negociantes y contratistas responsables de desfalcos millonarios. Penas que son irrisorias si es que llega a haberlas. Pues a fuerza de figuras acrobáticas como las sentencias anticipadas, los preacuerdos, la negociación de penas, el principio de oportunidad (por delación o colaboración con la justicia), la rebaja de penas por trabajos o estudios, y, sobre todo, a causa del infalible vencimiento de términos, lo más frecuente es que los criminales, si tienen influencia, no lleguen a pagar más de unos pocos meses de cárcel (muchas veces de casa por cárcel) o unas multas ridículas. Y siempre tienen influencia, pues para los criminales poderosos no existe ya en Colombia ni siquiera una sanción social. A tal punto han llegado las cosas que alguien habitualmente frívolo e indiferente como el expresidente Andrés Pastrana se escandalizaba hace poco ante la visita navideña que unos miembros del Directorio Nacional Conservador les hicieron en La Picota a excongresistas copartidarios presos por parapolítica. Escribe Pastrana:

"Sucedió lo impensable. El Partido Conservador, en cabeza de sus directivas, decide hacer un homenaje al narcoparamilitarismo y sus adláteres de la política, por encima de los muertos, la sangre, el dolor y la vergüenza nacional".

Y detrás, en el trasfondo del decorado, la farsa de la justificación religiosa. El furor de religiosidad del procurador Ordóñez (tridentina en su caso) ha hecho metástasis por todos los rincones. Vale la pena buscar en internet el sermón de Carlos Alonso Lucio ante los fieles de la Casa de la Roca, como se llama una de las miríadas de iglesias protestantes (en este caso la inventada por el periodista Darío Silva, presentador del célebre noticiero turbayista "Lambicolor"). Cuenta Lucio allí cómo fue el milagro de su conversión. Y con sus rasgos infantiles y su melenita blanca, que podría ser postiza, parece uno más de la jauría de niños predicadores que han aparecido en Puerto Rico. También se los puede ver en internet: uno escribe sencillamente "niños predicadores de Puerto Rico" y brotan en la pantalla veinte carlos alonsos lucios vociferantes como profetas del Antiguo Testamento: todos ellos visiblemente poseídos por el demonio.