La justicia y las putas

La marcha de las putas es una manifestación que ha tenido lugar en varias ciudades del mundo. Muchas mujeres -y algunos hombres solidarios- salen a las calles a marchar en contra de los estereotipos que responsabilizan a las víctimas de violencia sexual de su agresión. La marcha desafía afirmaciones como “ella se lo buscó por andar con minifalda” o “fue su culpa por andar tomando con hombres” y resalta que la mujer agredida sexualmente no es la culpable, sino que lo es quien abusa de ella.

En una sociedad donde se les enseña a las mujeres a cuidarse de no ser agredidas mas no a los hombres a no agredir, vale preguntarse: ¿Cómo responde un juez ante las denuncias de violencia sexual? La respuesta es preocupante. En varios casos, no solo en Colombia sino también en otros países, es recurrente que la respuesta de jueces y juezas a varios casos de violencia sexual sea  culpabilizar a la víctima a partir de estereotipos que terminan por absolver a los agresores y mostrar su conducta como una respuesta normal a una provocación de la mujer, que en últimas tuvo la culpa de lo que le pasó.

Un caso en Canadá ilustra este tipo de respuesta. Un hombre llevó a una joven de 17 años a su camioneta, bajo el pretexto de ofrecerle un trabajo. En el vehículo, él empezó a tocarla contra de su voluntad. Aun así fue absuelto bajo el argumento de un “consentimiento implícito” que supuestamente se infería, porque la joven accedió a ir a la camioneta. En Filipinas, ocurrió un caso similar. Una mujer fue violada por un alto funcionario que fue absuelto bajo argumentos que exigían unos comportamientos  específicos de todas las mujeres ante una violación. En el mismo sentido, en Bulgaria, una joven de 14 años fue violada dos veces seguidas por hombres que conocía y con quienes había accedido a salir un día. Las autoridades búlgaras decidieron cerrar el caso pues, según ellos, no había habido amenazas o uso de la fuerza, porque la mujer había accedido a salir con los dos hombres. 

Los casos en Colombia no son menos graves. La Corte Constitucional ha decidido varios en los que jueces y juezas de instancia han fundamentado sus decisiones en prejuicios y estereotipos de género. Por ejemplo, en un caso, un juez solicitó testigos que no tuvieron conocimiento de los hechos, solo para preguntarles sobre la vida sexual previa a la agresión de la mujer. En otra oportunidad, una joven denunció haber sido víctima de una violación mientras estaba en estado de embriaguez; a pesar del testimonio de la mujer el Fiscal paró el proceso, porque según él, no había prueba de la ausencia de consentimiento del acto sexual ya que la mujer se había embriagado voluntariamente.

Estos casos evidencian varias situaciones. Primero, que no se reconoce que las agresiones sexuales son inaceptables en cualquier contexto; segundo, que aún no se asume que la conducta anterior de la víctima, en ningún caso justifica la violencia sexual en su contra; tercero, que se hacen exigencias desproporcionadas a las víctimas, que no tienen en cuenta su testimonio y parten de presumir que mienten, cuando debería ser lo contrario; y cuarto, en lugar de buscar la verdad y sancionar a los culpables, dentro de los procesos se está haciendo un juicio moral con base en estereotipos de género para responsabilizar a la mujer por ser violentada.

La marcha de las putas es un recordatorio de que estamos en una sociedad que sigue exigiéndoles a las mujeres unas conductas específicas en su vida sexual, que si no se dan, justificarían la violencia en su contra, porque si no son santas o madres, son putas. Pero al tiempo, es un llamado a reflexionar sobre el papel de cada uno y cada una en la reproducción de los estereotipos que perviven en muchos ámbitos sociales, alientan la violencia contra las mujeres e incluso niegan el acceso a la justicia a las que no son ni santas ni madres, solo mujeres.