OPINIÓN
La justicia según Álvaro Uribe
Mientras pide justicia para los cabecillas de las Farc acusados de crímenes de lesa humanidad, su bancada busca crear una ley que garantice la impunidad a los militares acusados de crímenes de guerra.
Joaquín Robles Zabala, Joaquín Robles Zabala
27 de julio de 2014
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Álvaro Uribe Vélez ha trinado un millón de veces que en Colombia no puede haber paz sin impunidad. Ha declarado otras mil que la paz debe ir de la mano de la justicia. En este sentido, creo que el senador tiene razón. Sin embargo, lo que vocifera y declara para los medios, lo desbarata luego con sus acciones.
Un profesor de la Universidad Nacional contaba en el 2006 una anécdota que dejaba ver el talante culebrero del exmandatario. Uno de sus hijos, Jerónimo, que estudiaba por entonces en la Universidad de los Andes, cometió plagio en un trabajo final. El profesor llevó el caso a la decanatura y al chico se le levantó un acta disciplinario con el que se pretendía dejar sin piso su continuidad en la institución. Al enterarse del hecho, el entonces Presidente levantó el teléfono y contactó al abogado Jaime Lombana para que intercediera por el muchacho, quien se salvó de la expulsión. Pero no corrieron con la misma suerte los otros chicos que participaron del delito.
Con ese talante culebrero, el hoy senador critica la “mermelada” del gobierno Santos pero olvida que él compró literalmente el Congreso de la República para cambiar “el articulito” de la Constitución que permitió su reelección. Olvida que Agro Ingreso Seguro, el programa con el que su gobierno pretendía activar el campo, no estaba dirigido a los campesinos pobres del país, sino a aquellos hacendados y ganaderos que hicieron grandes aportes económicos a su primera campaña presidencial. En un reciente artículo de El Espectador, la profesora Cristina de la Torre asegura que “el uribismo en el nuevo Congreso carece de autoridad moral y política para librar sus debates como fuerza de oposición”.
Pienso que no solo carece de autoridad moral y política, sino que igualmente malinterpreta el sentido de la justicia. Cuando el exmandatario trina que no puede haber paz sin impunidad, olvida que la ley de justicia y paz que él impulso durante su gobierno fue un embeleco con el que se buscó tenderles un puente de salvación a los peces gordos de las AUC, a los parapolíticos de su bancada y a los miles de narcotraficantes que se arroparon bajo el manto sangriento de esta organización delictiva.
Así mismo, cuando afirma que darles dinero a los ricos es inversión para el desarrollo del país, nos está diciendo también que entregarles subsidios a los pobres es tirar la plata a un barril sin fondo. Este concepto macabro de justicia lo ha llevado a afirmar que los integrantes de la guerrilla que pacten la paz con el Estado colombiano no pueden llegar al Congreso de la República porque es entregarle las instituciones del país al terrorismo y al castrochavismo que nos llevará sin duda a una crisis similar a la que vive Venezuela y que padece Cuba hace más de 50 años.
Sin embargo, con la misma pasión con la que condena a sus enemigos, alza la voz para interceder por sus amigos, o en este caso por sus colaboradores más cercanos. De ahí que haya expresado que la condena de 17 años y medios que la justicia colombiana le impuso a Andrés Felipe Arias por Agro Ingreso Seguro es injusta y configura una persecución política. Lo anterior nos lleva a pensar que para el senador y expresidente, el desfalco de las arcas del Estado a favor de terceros, lo que en términos jurídicos se denomina “peculado por apropiación”, no está tipificado aún como delito en su particular Código Penal.
Esta defensa a ultranza de sus amigos condenados e investigados por la justicia, ha llevado al Centro Democrático a calificar a Andrés Felipe Arias y a Luis Carlos Restrepo de “mártires”. Para el exmandatario, como para su bancada, lo que se ha venido haciendo con los militares involucrados en los llamados falsos positivos es producto de una imparcialidad jurídica, por lo que “han sido víctimas de falsas acusaciones y montajes, o de decisiones judiciales amañadas”. Por esta razón, el Centro democrática tiene elaborado un proyecto de ley que llevará al Congreso, el cual, de ser aprobado, les va a permitir a “todos los militares y policías que al momento de esta reforma hayan sido encarcelados, ser puestos en libertad provisional a la espera de un fallo definitivo”.
Las altas cortes, como sabemos, fueron la piedra en el zapato de los excesos del entonces presidente Uribe. La Constitucional dejó sin piso su segunda reelección y la Suprema puso en marcha una investigación que terminó develando la “yidispolítica”, una asociación delincuencial que en el 2008 tenía como objetivo torcerle por segunda vez el cuello a la Carta Magna de los colombianos y transformar de un plumazo el “articulito” que le permitiera al emperadorcito confeccionarse un traje político a su medida.
Esto ha llevado a exmandatario a afirmar, en un acto temerario y peligroso, que los fallos de la justicia colombiana son sesgados y de carácter político. Que la justicia parcializada ha llevado a un gran número de militares y policías, “defensores de la democracia y la libertad”, a prisión sin que haya verdaderas garantías procesales. Lo curioso de este juego tenebroso que practica el expresidente, es que mientras pide justicia para los cabecillas de las Farc, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad y que negocian en La Habana una posible dejación de las armas, su bancada en el Congreso busca crear una ley que garantice la impunidad a los militares acusados de crímenes de guerra, violación de los Derechos Humanos y del Derecho internacional Humanitario.
Lo anterior, repito, deja ver el talante culebrero de Álvaro Uribe y su concepto torcido de la justicia. Sin duda es un rey Midas, pero al revés, pues todo lo que toca lo convierte en mierda. Testigos de ello son Andrés Felipe Arias, María del Pilar Hurtado y Luis Carlos Restrepo, tres de sus colaboradores más cercanos y hoy prófugos de la justicia colombiana.
En Twitter: @joarza
E-mail: robleszabala@gmail.com
*Docente universitario.