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Opinión

  • | 1996/12/02 00:00

    LA LEY MARTA CATALINA

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Sabemos, claramente, que todo este revolcón de la 'Ley Marta Catalina' de televisión tiene un origen sencillo y evidente: el afán de Ernesto Samper de tener un noticiero de televisión. Sus amigos han sido claros en advertirle que su problema no es de aquí al 7 de agosto de 1998, día hasta el cual tendrá la Presidencia para defenderse, sino a partir del 8 de agosto, cuando se des-pierte de ex presidente, en el duro asfalto de la realidad.Legítimo o no, el afán de Samper movió todo el andamiaje de la Cámara de Representantes, y en este punto de los acontecimientos surgen varias preguntas: ¿Por qué es bueno 'democratizar' los noticieros de televisión pero no los programas de opinión? ¿Por qué es muy larga la concesión de seis años a un noticiero de televisión y no una de 20 años a un noticiero de radio? Y la más importante de todas: ¿Qué pasará con la información en Colombia en caso de que el Senado apruebe la Ley Marta Catalina?Si los habitantes de Colombia, o del planeta, se pusieran en el trabajo de señalar quiénes deben ser los dueños ideales de los medios de comunicación, fracasarían en llegar a un consenso. Aun la fórmula más cercana a la unanimidad, la de que deben ser propiedad de los periodistas, produce resistencias; por un lado, porque las empresas periodísticas deben sobrevivir económicamente para existir, y precisamente los periodistas no somos empresarios. Y por el otro, porque ni siquiera la propiedad del medio en manos de periodistas garantiza su equilibrio periodístico. Ni Dios sería el propietario ideal de un medio de comunicación: siempre existiría alguien que saldría a reclamarle su falta de objetividad.Lo más cercano a la fórmula ideal es el pluralismo de los medios informativos, que es el que existe actualmente en Colombia, y que permite que la verdad de los acontecimientos no sea la que dictamine un medio de comunicación, sino la que surja de sopesar la versión que 14 noticieros de televisión de distintos propietarios dan sobre un mismo hecho noticioso. Así fue en el caso del proceso 8.000: cada colombiano tuvo acceso a múltiples interpretaciones de los hechos, y se quedó con la verdad que escogió asumir como cierta. Por eso frente al caso Samper no existe unanimidad en Colombia. Porque tampoco la hubo en la información, y eso es saludable para la democracia.Pero la existencia del pluralismo de los medios informativos descansa en dos requisitos fundamentales: en la solidez económica del medio y en su independencia política. Si hasta ahora ha sido posible la subsistencia de 14 noticieros de televisión distintos, se debe a que la competencia mutua es equilibrada, porque más o menos las condiciones en las que subsisten son equivalentes. En eso ha colaborado una buena racha de la pauta publicitaria, basada en el impulso de nuevas empresas que trajo la apertura, pero que muy improbablemente volverá a repetirse en Colombia, en el mediano plazo. Esto, sin contar que en una crisis como la que se vive, con una economía estancada, lo primero que se resiente es la publicidad, que es el motor de la televisión.El primer efecto de la Ley Marta Catalina será el de acabar con las posibilidades de que existan en Colombia noticieros económicamente sólidos y políticamente independientes. Por un lado, los canales privados de televisión, que por lo pronto solo son viables en Colombia en manos de los empresarios Santo Domingo y Ardila Lülle, resultarán ampliamente favorecidos con la Ley Marta Catalina, que les ha suprimido los límites al derecho de propiedad (que era del 30 por ciento) y de extensión territorial. La competencia que se derivará de que estos dos talentosos empresarios colombianos se la metan toda a sus canales privados se encontrará, en los canales públicos, con unos minifundios empresariales, como será el esquema de los próximos noticieros de televisión, que ante el despliegue de satélites, microondas, helicópteros y tecnología de Santo Domingo y Ardila Lülle no tendrán nada qué mostrar a cambio. Seamos claros: un noticiero que se adjudica cada cuatro años no puede tener ni siquiera sede propia. Serán noticieros de maletín, amarrados políticamente al gobierno de turno, sin ninguna estabilidad ni para sobrevivir económicamente, ni para opinar independientemente.Lo malo, desde luego, no es que los grupos económicos tengan noticieros de televisión: lo malo es que sean los únicos dueños de la información en Colombia, o que, existiendo otros, estos últimos carezcan de mecanismos para competir, como sucederá si la Ley Marta Catalina sale avanti en el Senado. Eso sería pésimo para nuestra democracia: la información no debe estar en manos de quienes exclusivamente detentan intereses económicos.Ni tampoco en los amigos de los gobiernos de turno, filosofía que el columnista D'Artagnan, de manera impúdica pero frentera, confesó en su columna de El Tiempo que comparte, al insinuar que los contratos del Estado deben ser para los amigos del gobierno de turno. Esta filosofía conduce a la mexicanización de un país. La limitada democracia mexicana, basada en que la información de televisión en dicho país no ha tenido tradicionalmente sino un solo dueño, produce monstruosidades como la del caso Salinas, engendradas por un partido político reinante que carece de desafíos en los medios de información.Si permitimos que Ernesto Samper escoja los noticieros que vigilarán el final de su período presidencial y la mitad del entrante, no solo produciremos en Colombia un campo abonado para la unanimidad frente al tema de su inocencia, sino que se elegirá en Colombia el presidente que Samper, y su sucesor, deseen que se elija, manipulando la información de televisión a través de los amigos del gobierno, sus futuros adjudicatarios.En conclusión, la Ley Marta Catalina producirá en Colombia un sistema de televisión que es mezcla de lo peor de dos mundos: unos noticieros de televisión privados, demasiado fuertes y con demasiados intereses económicos de por medio, enfrentados en los canales públicos a unos espacios noticiosos inestables, débiles, empresarialmente inexistentes y totalmente amarrados al gobierno de turno.Si eso es lo que entendemos por 'democratizar' los medios, que entre el diablo y escoja el suyo.
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