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Opinión

  • | 2008/02/16 00:00

    La ley de pequeñas causas: entender más y castigar menos

    La nueva ley de pequeñas causas, creada para combatir los delitos callejeros, levanta polémica

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La ley de pequeñas causas se estrenó en Bogotá la semana pasada con el procesamiento de dos personas detenidas por la policía mientras intentaban robar un bombillo de uno de los quioscos del distrito asignados a vendedores informales. A pesar de que el juez de pequeñas causas no encontró suficientes méritos para condenarlos, por este hecho habrían podido enfrentar una pena de arresto de 1 a 2 años, o de 2 a 6 años si tuviesen antecedentes. La ley de pequeñas causas, que comenzó a regir el 1 de febrero, convirtió en contravenciones aquellos delitos menores del Código Penal que, según el gobierno, tienen mayor impacto social, particularmente los delitos callejeros (como el atraco y el raponazo). Este tipo de conductas ya no es excarcelable y tiene un procedimiento oral y sumario. Como afirma el Ministro de Interior y Justicia Carlos Holguín, con esta nueva ley se pretende combatir la impunidad, reducir los índices de criminalidad, crear una justicia más eficaz y cercana al ciudadano y descongestionar la justicia penal.

A primera vista, la ley de pequeñas causas parece ser una respuesta estatal adecuada a uno de los problemas que más aqueja a los colombianos: la seguridad ciudadana, particularmente la delincuencia callejera. Según cifras de la policía, en 2006 el robo callejero en el país subió un 33%. La Encuesta de Criminalidad y Victimización de 2006 de la Fundación Seguridad y Democracia, estableció que el 55% de los encuestados en las seis principales ciudades del país las calificaron como inseguras; el 58% no cree que la policía haga un buen trabajo en la lucha contra la delincuencia común; el 56% considera que la policía no se preocupa lo suficiente por atender sus problemas cotidianos de seguridad. Este malestar ciudadano parecía verse confirmado por el tratamiento penal laxo de los delitos callejeros. Bajo la legislación anterior, estos delitos no sólo congestionaban el sistema penal, sino que dejaban una sensación de impunidad e impotencia entre sus víctimas y las autoridades pues, al tratarse de delitos excarcelables, los delincuentes salían libres casi de inmediato.

A pesar de que la ley de pequeñas causas parece ser una medida efectiva y popular en la lucha contra la delincuencia callejera, una mirada más detenida a dicha ley plantea inquietudes, no sólo respecto a su eficacia, sino a sus implicaciones y efectos sociales. Con respecto a lo primero, hace tiempo que la criminología y la ciencia penal han cuestionado la eficacia del poder disuasivo del castigo. Es decir, el hecho de que aumenten las penas y se endurezca el régimen penal no implica necesariamente que se reduzcan las tasas de criminalidad. La evidencia empírica muestra justamente lo contrario: los países con los sistemas penales más severos (con Estados Unidos a la cabeza), tienden a tener más altas tasas de encarcelamiento y de criminalidad que aquellos países que tienen regímenes penales menos severos y políticas sociales más incluyentes (los países escandinavos son el ejemplo paradigmático). Así, a mayores tasas de encarcelamiento no corresponden menores índices de criminalidad.

En cuanto a las implicaciones y efectos sociales de las medidas penales punitivas, éstas pueden gozar de gran popularidad y fortalecer la legitimidad de los gobiernos frente a la opinión pública; su eficacia simbólica es considerable en términos de gobernabilidad. Sin embargo, en el mediano y largo plazos, tales medidas tienden a tener un impacto social negativo al cual los gobiernos y la opinión pública no le dan gran peso por estar concentrados en el problema inmediato de la inseguridad en las calles. El efecto negativo más notable es el tratamiento excluyente e incapacitador de la población reclusa que se convierte en una clase marginal y estigmatizada. Dada su imagen de antisociales, se generaliza la idea de que es justificable castigarlos con dureza y que se violen sus derechos fundamentales. Así, el hecho de que un número considerable de personas viva en condiciones infrahumanas de hacinamiento, donde sus necesidades y derechos más básicos no son garantizados por el Estado, no despierta ningún tipo de censura social. El Viceministro de Justicia expresó con claridad esta mentalidad al defender la ley de pequeñas causas: “Preferimos tener las cárceles hacinadas que los delincuentes en las calles.”

Tal mentalidad punitiva tiene otro efecto social negativo: propicia una sociedad excluyente que prefiere “castigar más y entender menos” el fenómeno criminal. Sin lugar a dudas, es positivo contar con un sistema penal eficiente que contribuya a la convivencia social y garantice la seguridad ciudadana; pero el castigo por sí mismo no soluciona el problema de la criminalidad si no está acompañando de políticas preventivas y sociales que reduzcan las condiciones de marginalidad y exclusión que propician las conductas desviadas. Puede que el crimen sea un fenómeno social negativo y el castigo algo necesario e inevitable; pero, desde una perspectiva democrática e incluyente, este último debe ser concebido como un mal necesario que debe ser evitado al máximo. El crimen y el castigo son el reflejo fiel de la sociedad en que vivimos, y no simplemente de los delincuentes que nos agobian. El verdadero reto consiste en imaginar mecanismos novedosos y de largo aliento que reduzcan tanto el crimen como la necesidad de castigar, y que nos acerquen a la sociedad democrática e incluyente en la que anhelamos vivir.

*Profesor y Asesor del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes (G-DIP)

El Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP), es un ente académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad. http://gdip.uniandes.edu.co
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