Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Opinión

  • | 2012/08/01 00:00

    La Ley Rosa Elvira y la economía de las penas

    La reiterativa apelación al aumento de penas puede conllevar cierto peligro. Del acceso carnal violento al feminicidio existe una distancia sobre la cual las leyes deben tener la mayor prudencia.

COMPARTIR

No podía ser la excepción que las iniciativas legislativas impulsadas con ocasión del execrable crimen cometido contra Rosa Elvira Cely se decidieran por la medida más convencional, automática y refleja para enfrentar cualquier modalidad criminal: el aumento de penas.

Existen países en que las condenas máximas exceden la misma imaginación. Más allá de la cadena perpetua se encuentran sentencias de dos o tres de ellas, o unas más ambiciosas que pueden superar el milenio. Pero en el entendido de que los individuos tienen una cantidad de vida algo más precaria (y lo saben), se hace necesario reparar en que la principal medida de las penas (años) que es limitada, debe obedecer a un manejo eficiente, sobre todo si de criminalidad se trata. La tasa del sistema penal no cuenta con recursos infinitos para disuadir o castigar al criminal, y por ende el monto de la pena debe obedecer al mejor uso posible. Es decir, que tanto la ley como el crimen deben reparar en un principio económico fundamental: el mejor uso alternativo de bienes escasos.

Un reo condenado a cincuenta años cuando tiene 30 puede tener su propia idea de lo que es una condena de por vida. Si por robar cien pesos un ladrón puede recibir una condena de 12 meses y por robar mil pesos una de 15 meses, es coherente que se decida por la segunda aunque la posible condena sea mayor. La actividad delictiva no necesariamente se contrapone a la eficiencia. Muchos casos hay que pueden sugerirlo.

Por tomar un ejemplo concreto sobre la economía de las penas, en México la industria del secuestro parece no tener solución capaz de llevarlo a niveles tolerables para la sociedad. Cuenta Andrés Roemer, experto mexicano en eficiencia de las normas, que en alguna ocasión un político tratando de capitalizar el ansia ciudadana por acabar con el flagelo había propuesto la pena máxima posible para los secuestradores. Proposición que el auditorio aplaudió generosamente. Pero la consideración del experto resultó menos optimista: “… si se le impone la misma pena existente (la máxima) tanto al que comete un secuestro como al que comete un asesinato con dolo, me preocuparía que un gran número de secuestradores se vean inducidos a matar a sus secuestrados”.

En Colombia existen también movimientos políticos que se muestran dispuestos a conjurar la peligrosa dimensión que ha alcanzado el abuso sexual como el de Gilma Jiménez o el de Gloria Inés Ramírez, autora del proyecto que tipifica el feminicidio y que fue radicado esta semana en el Congreso. Pero como es usual muchas de sus propuestas apuntan al aumento de penas como la respuesta más expedita. Tal vez porque se asume que el único recurso que se requiere para su implementación se reduce a una cuestión de voluntad política. Y si bien es cierto que temas como la pena, las eximentes mentales y las condiciones de reclusión deben ser revisadas, también lo es que la reiterativa apelación al aumento de penas puede conllevar cierto peligro.

Desde el punto de vista investigativo, en el tratamiento del delito sexual la información que reporta la víctima resulta esencial. Pero más importante aún es que si además de eso, el Congreso decide aumentar la pena, a niveles acordes al clamor ciudadano por el castigo, se puede llegar al despropósito de construir un escenario en que al victimario le resulte más rentable suprimir a la víctima. Del acceso carnal violento al feminicidio existe una distancia sobre la cual las leyes deben tener la mayor prudencia.

Por eso el sistema jurídico-penal debe decidirse por la protección de la víctima en mayor grado que al castigo para el victimario. No resulta coherente que la vindicta de la ley llegue a ser sufragada con cargo al riesgo sobre la integridad de las víctimas, porque dicho sea de paso esta integridad es asunto de mayor importancia una vez ejecutado el ultraje. En este punto el problema podría ser el incentivo perverso que induzca al criminal a ir más allá.

Una famosa novela del siglo XVIII describe una escena en que una cuadrilla de criminales, más allá de robar sus pertenencias a unos viajeros, decide matarlos. “No es por la cantidad que yo os he aconsejado que no dejarais con vida a ninguno de aquellos viajeros, sino por nuestra propia seguridad” dice el jefe (que por algo sería el jefe). El homicidio no va a aumentar el botín de los ladrones, pero teniendo en cuenta la magnitud de la pena les resulta racional pasar de ladrones a asesinos: “De estos crímenes tienen la culpa las leyes, no nosotros; mientras los ladrones tengan que pagar con la vida, como los asesinos, los robos no serán cometidos sin ir acompañados de asesinato. Ambos delitos se castigan igual; entonces, ¿por qué no cometer el segundo para cubrir al primero?” La referencia a este fragmento resulta oportuna toda vez que en el oscuro lenguaje de su autor, pueden hallarse claves vedadas para el común de la gente cuando trata de abordar crímenes como el de Rosa Elvira. La novela se titula Justine y su autor es el Marqués de Sade, que algo debía saber sobre este tipo de comportamientos.
 
*Investigador / Análisis económico del derecho
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.