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Opinión

  • | 2011/03/26 00:00

    La ley de víctimas

    Aún hoy no se han derrotado cabalmente las resistencias a reconocer la magnitud de la tragedia, a dar paso a una gran institucionalidad, a incorporar a todas las víctimas de los ochenta a los propósitos de la ley.

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Ahora tenemos la ilusión de que se va a aprobar una ley que hace justicia a las víctimas; tenemos la esperanza, además, de que este gobierno se va a jugar entero para llevarla a la práctica. El sueño empezó con una frase del presidente Santos el día en que radicó el proyecto de ley en el Congreso: “!Si solo hacemos esto, habrá valido la pena para mí ser presidente!”

No ha sido fácil llegar hasta aquí, no será fácil aprobar un texto de ley preciso y diáfano, que consagre una institucionalidad vigorosa para emprender la tarea de reparar a no menos de cinco millones de personas a las que se les ha arrebatado a sus seres queridos, o se los ha vulnerado en su integridad física, o se los ha despojado de sus bienes y de su tranquilidad.

Pero será aún más difícil aplicar las normas que están saliendo del duro forcejeo del Congreso. Los perpetradores de la barbarie se aferrarán con uñas y dientes al poder local que conquistaron con sangre, a la tierra que usurparon, a la impunidad que alcanzaron. El asesinato de los líderes de las víctimas, las amenazas y sobornos a las autoridades, los litigios tramposos, serán el pan de cada día en los años que vienen.

Los antecedentes en la discusión de la ley anuncian lo que será la aplicación. Durante un tiempo, una parte de la derecha más indolente, la más comprometida con el holocausto, ignoró o negó a las víctimas, o eludió la responsabilidad del Estado, o amenazó con el fantasma de nuevas violencias, o apeló a argumentos fiscales, para oponerse a una ley integral de víctimas.

Ha sido la persistencia de las organizaciones de derechos humanos, las presiones de la comunidad internacional, la tenacidad de algunos parlamentarios –especialmente los del Partido Liberal– y la valentía de las víctimas lo que ha permitido avanzar en el texto de la ley y en la definición de la reparación.

Quisiera que no se olvidara nunca que José Obdulio Gaviria dijo, sin rubor alguno, que en Colombia no había desplazados sino migrantes; que Fernando Londoño invocó la posibilidad de un nuevo ciclo de retaliaciones para oponerse a la restitución de tierras.

Que el presidente Uribe quiso sacar a las víctimas de agentes del Estado de la ley con el falaz argumento de que esto implicaba condenar de antemano a los servidores públicos implicados en los hechos; que parlamentarios conservadores y del Partido de la U, pródigos en auxilios y exenciones tributarias para los ricos, abusadores consuetudinarios del Erario, se lanzaron contra las reparaciones con el expediente de la seriedad fiscal.

Aún hoy no se han derrotado cabalmente las resistencias a reconocer la magnitud de la tragedia, a dar paso a una gran institucionalidad, a incorporar a todas las víctimas de la década del ochenta en los propósitos de la ley, a definir trámites expeditos y rápidos en la restitución de tierras, a darles todas las garantías a las víctimas para que reclamen la totalidad de sus derechos.

El proyecto que se discute en la plenaria del Senado habla en forma imprecisa de “los más de tres millones de víctimas”, cuando se sabe que los desplazados y despojados se acercan a los cuatro millones y medio de personas y los afectados en el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad sobrepasan con creces las seiscientas mil víctimas.
El texto dispone la “creación de la Agencia Presidencial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas”. Se pierde la oportunidad de crear el Ministerio de la Reconciliación para agrupar a todas las instancias del Estado que tengan que ver con la protección a las víctimas y la consecución de la paz. Pero lo más grave: aún existen voces que defienden la prevalencia de Acción Social en esta tarea, cuando en dos años de reparación administrativa solo ha podido atender a un poco más de treinta mil víctimas.

Se incluye un mecanismo de revisión de las sentencias de restitución de tierras en la Corte Suprema, que ojalá no se convierta en una segunda instancia que anule una parte de los procesos.
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