La lucha por las islas

La semana pasada ocurrió algo histórico. El INCODER por fin reconoció que una comunidad negra del Caribe colombiano es dueña de las islas que habita. Después de esperar ocho años, la comunidad de Isla Grande e Isleta en Islas del Rosario logró tener en sus manos un título que parecía esquivo. Nunca pensaron que tendrían que acudir a altas Cortes, ni que se convertirían en un ejemplo de exigencia de los derechos fundamentales de los grupos étnicos, pero lo hicieron.

Esta historia empieza en dos islas en medio del Caribe colombiano que a la altura de su belleza natural tienen la fortaleza de la comunidad negra que las habita. Dos porciones de tierra, delineadas por corales que anuncian el fin del terreno firme para incorporarse al mar. Y que día a día son caminadas por sus nativos que desde la prohibición de la esclavitud fueron llegando a las Islas del Rosario para tener un lugar de residencia cierto y tranquilo. Así fue como ocuparon Isla Grande e Isleta, que recientemente les titularon. 

Con la Constitución de 1991 y la ley 70 de 1993 los isleños decidieron exigir la titularidad de su territorio. Esto implicaba que serían oficialmente dueños de una tierra anhelada por muchas personas, en especial, las más poderosas que querían construir en las islas sus casas de recreo o proyectos hoteleros. Por eso, no sería fácil. Y en efecto, no fue fácil. 

El primer reto fue jurídico. En 2006, Ever de la Rosa, representante del Consejo Comunitario solicitó al INCODER la titulación colectiva de Isla Grande e Isleta, pero en el trámite apareció un intríngulis jurídico. Debido a una ley de 1912 y dos resoluciones del INCORA de 1984 y 1986, la isla no podía ser adjudicada. Ante el dilema de aplicar una ley de hace cien años que obstaculizaba la titulación o proteger los derechos constitucionales del grupo que requería la titulación, el INCODER optó por la primera opción y frenó la solicitud presentada por Ever. 

Entonces el Consejo Comunitario acudió a la justicia para exigir la primacía de sus derechos constitucionales. Representado por Dejusticia y el GDIP de los Andes, presentó una tutela para obtener una respuesta de fondo que respetara su derecho de petición, debido proceso, consulta previa, integridad física y cultural y autonomía. La tutela fue negada en dos ocasiones, pero luego la Corte Constitucional falló a favor. 

Aunque se demoró cinco años en dictar sentencia, la Corte ordenó al INCODER resolver de fondo la solicitud de titulación y advirtió que una decisión meramente legal como las que había tomado antes podía ser inconstitucional porque no dotaba de efectividad los derechos fundamentales. Con base en esa orden, la semana pasada el INCODER tituló parte importante de las islas a la comunidad. Removió la barrera legal al inaplicar la ley por ser inconstitucional y dio prevalencia a la Constitución al aplicar derechos fundamentales. 

Así como en mayo del 68 se decía: “seamos realistas, pidamos lo imposible”, en mayo de 2014 una comunidad negra muy fuerte y con excelentes líderes logró lo que se veía imposible para muchos, aunque fuera lo mínimo que ella podía exigir. Logró que el discurso constitucional de protección a la diversidad étnica y cultural primara y se materializara. Con esto sacó adelante su caso y además aportó una solución a otras comunidades, en especial del Caribe, que pueden estar en la misma situación. 

Ahora las islas serán el referente no sólo de un paraíso caribeño, sino también de la lucha por el territorio colectivo.