La mano derecha de las Farc

Aquí no se trata de judicializar la opinión ni coger a garrote a quien se exprese a favor o en contra de un hecho. Tampoco de utilizar los medios de comunicación para realizar proselitismo político. Todo ciudadano, nos dice la Constitución Nacional de Colombia, tiene derecho a expresarse libremente sin que esto le merezca una sanción por parte de terceros. 

Doña Piedad Córdoba, la exsenadora de la República, está en todo su derecho a opinar sobre lo que le venga en gana. Tiene derecho a equivocarse, a embarrarla, a lanzar vivas a la lucha obrera, a criticar la democracia de su país, a defender al Partido Comunista y la Marcha Patriótica, ese movimiento político que ayudó a crear y que para algunos analistas es la mano derecha de las Farc. Tiene derecho a charlar –en público o en privado— con campesinos o miembros de los partidos de izquierda de América Latina y Europa, a viajar por el mundo y gritar que Colombia es una mala patria.

Doña Piedad puede reunirse con quien quiera. Puede decir que Álvaro Uribe es el peor presidente que ha dado este país de mierda, que la lucha armada es otra forma de hacer política, que el procurador Ordóñez es tan corrupto como la gran mayoría de los senadores que lo apoyaron para un cargo tan politizado como lo es la escogencia a dedo de un magistrado de  las altas cortes. Que la pobreza es el peor de los males que puede sufrir un pueblo, que Hugo Chávez fue el mejor político que ha dado el planeta, que ella quiere ser la primera presidenta de este país, castigado por una clase dirigente que corrompe hasta la sal.   

Ya lo dijimos, doña Piedad Córdoba tiene derecho a poner en duda la filtración de las protestas campesinas en el Catatumbo por parte de las Farc. Tiene derecho a fotografiarse con alias Iván Márquez, ‘Timochenko’ y toda la cúpula de este grupo que ha asesinado a cientos de colombianos a lo largo de casi cincuenta años de secuestros, extorsiones, emboscada a las Fuerza Pública y otros mecanismo de lucha considerados por los hijos de ‘Marulanda’ necesarios para alcanzar su meta: la toma del poder por la vía armada.

Lo que no debe hacer es justificar las acciones de un grupo que rechaza categóricamente las reglas democráticas, que desde hace muchísimos años perdió su norte político y transita por las orillas del narcotráfico, el boleteo, el secuestro de colombianos de bien y el asesinato de nacionales y extranjeros.

Nada, escribió en una oportunidad el maestro Héctor Rojas Herazo, puede justificar un homicidio, mucho menos un centenar. Quitarle la vida a una persona es, sin duda, mutilar su futuro y el de sus descendientes. Como la memoria es frágil, olvidamos casi al instante. Y doña Piedad Córdoba ha olvidado el doloroso hecho de Bojayá -una comunidad de afrodescendientes-, en el que murieron algo más de cien personas, producto de unos cilindros bomba que el “Ejército del Pueblo” lanzó contra una comunidad indefensa porque sus enemigos naturales, es decir, las AUC, se guarecieron en la iglesia de la población. 

Olvida igualmente doña Piedad el asesinato de los indigenistas norteamericanos por parte del abatido ‘Jorge Briceño’ o ‘Mono Jojoy’, quien, sin vacilar un segundo ordenó a su hermano, un narcotraficante de marras, que los ejecutara. Olvida que el desplazamiento forzado de indígenas y campesinos no fue sólo un fin de las Autodefensas de Colombia, sino también una estrategia territorial y política de las FARC, en cabeza de alias ‘Manuel Marulanda’ y luego en la de ‘Alfonso Cano’.

Olvida, asimismo, que el fusilamiento de los diputados del Valle, después de varios años de ser forzados a caminar de arriba abajo las selvas del sur de Colombia, fue una masacre tan dolorosa para el país y los familiares de los asesinados como fue la del Salado, ejecutada por esos otros salvajes narcotraficantes de las AUC. 

Olvida la exsenadora que el crimen del Gobernador de Antioquia y de su Secretario de Gobierno fue, igualmente, un golpe al corazón herido de un país que se desangra desde hace casi un siglo, y que desde hace cincuenta años la sangre brota a borbollón cada vez que las Farc asesinan a un conductor de un camión, a un policía que transita una vereda, a un político o, simplemente, a una señora que llevaba a su niña para la escuela en el momento en que estos señores, en nombre de una utopía decimonónica, desatan la balacera en medio de una población.

Doña Piedad Córdoba, ya lo dijimos, tiene derecho a decir todo lo que su posición política le dicte. Pero olvida que cuando alguien defiende con sus opiniones las acciones de otro, justifica igualmente los actos que éste pueda cometer. Si su intención, como lo ha expresado reiteradamente, es buscar la paz de los colombianos, sus palabras, por el contrario, parecen ir por otro lado, pues no dejan espacio para el equilibrio de la balanza. Da la impresión de que doña Piedad Córdoba, más allá de su ‘buena fe’, busca pescar en río revuelto y crear confrontaciones, olvidándose que el señor Álvaro Uribe Vélez abandonó la Casa de Nariño hace ya un buen rato.