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Opinión

  • | 2004/05/30 00:00

    La media reforma

    El principio de oportunidad descongestiona, pero podría ser una tronera por donde escapen los bandidos, o mejor, los que escoja el fiscal

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A penas cuatro de cada 100 delitos se castigan, y dos de cada tres homicidios ni siquiera se investigan. Por eso los nuevos códigos penales con razón buscan acabar la impunidad, agilizando la justicia al máximo.

Para eso estamos importando el sistema "acusatorio" de los gringos. Igual que en las películas, un jurado y un

juez -de toga y todo- oirán al fiscal, al defensor y a los peritos, y fallarán en unas pocas horas.

Más aún. La Fiscalía tendrá agentes encubiertos y espías de alto vuelo; el testigo o perito que no vaya a la audiencia puede ser arrestado; habrá sentencia reducida si el acusado confiesa o colabora (es el "plea bargain" de Estados Unidos). Y -ya de cosecha criolla- el Fiscal General decidirá cuáles denuncias se van a investigar (es el llamado "principio de oportunidad").

Con mejores pruebas y juicios más rápidos, es indudable que habrá más criminales castigados. Pero de entrada debe uno advertir que cambiar un código no es lo mismo que cambiar una cultura. En particular:

-Desde Platón, o antes, se ha sabido que el lenguaje verbal y la escritura son dos modos distintos de entender, de razonar, de demostrar. Así que puede ser que nuestros tinterillos pidan la transcripción escrita de lo actuado, o que sus argumentos sean deshilvanados y veintejulieros.

-Las buenas pruebas necesitan laboratorios, micrófonos ocultos, carros veloces y hasta amantes-informantes, pero no tanto escritorio ni tanto papel de oficio. Necesitan grafólogos, genetistas, contadores, ingenieros de sistemas, antropólogos forenses y hasta, quién sabe, siquiatras, pero pocos abogados y nada de chupatintas. O sea que necesitan una mentalidad (y además una plata) que escasea acá en Colombia.

Paso ahora al punto gordo. Lo que demora y enreda la justicia es ante todo que haya que probar que el tipo sí cometió el crimen. Este detalle sustenta las garantías procesales y dio origen, nada menos, que al Estado de Derecho. Así que no hay que ser terrorista o apátrida para notar en la reforma un peligro y un exceso:

-Peligro. En Estados Unidos, con todo y todo hay abusos del plea bargain, de espías e infiltrados, que han dado pie a batallas ciudadanas, cambios legales y fallos abundantes de las Cortes.

-Exceso. El principio de oportunidad descongestiona, pero podría ser una tronera por donde escapen todos los bandidos, o mejor, los bandidos que escoja el fiscal del momento. Y si me dicen que él será cuidadoso, yo les diré que para eso tendría que hacer la investigación -o sea que volvemos a lo mismo-.

Y es que en el fondo del derecho penal hay la tensión entre eficacia y garantías, entre acabar la impunidad y evitar que haya presos inocentes. En estas condiciones, el truco de los duros consistió en darle ventajas prácticas a la parte acusadora y garantías teóricas a la parte defensora. Estos, en efecto, son los puntos decisivos de la reforma:

-Para que puedan dedicarse a investigar, los fiscales no tendrán las funciones judiciales que hoy absorben 80 por ciento de su tiempo. En teoría esta es una medida "garantista" porque el fiscal ya no será juez y parte. Pero "la acusación" en la práctica se queda con el enorme aparato que es la Fiscalía.

Verdad que se proyecta trasladar parte del personal y el presupuesto de la Fiscalía a otras entidades, incluyendo la Procuraduría, la Defensoría y los "jueces de garantías" que se crean para bien de "la defensa". Pero esta transferencia llegará como máximo a 15 por ciento de los valores actuales, o sea que a fin de cuentas "la acusación" tendrá cuatro veces más plata que ahora.

-En cambio queda faltando la defensa pública, el enorme aparato que llaman los gringos "Public Defense System": abogados (no estudiantes) pagados por el Estado (no "de oficio" como aquí) que provean servicio "calificado, independiente, oportuno, confidencial, continuo, gratuito y supervisado en cualquier diligencia de carácter penal", para citar la fórmula completa.

Verdad también que hay el plan de agrandar la unidad de asistencia penal en la Defensoría del Pueblo. Pero cuando el 75 por ciento de los reos vive bajo la línea de pobreza -y el 67 por ciento de los presos carece de abogado- la justicia, señores, exige más que eso.

Muy bien está que la justicia deje de ser un tigre de papel. Pero muy mal está que para eso dejen la otra media en el papel.
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