La mesa de tierras

El pasado 26 de marzo sesionó por primera vez en Bogotá la mesa de tierras. En su instalación formal el 30 de agosto de 2006, el Procurador General de la Nación la definió como una instancia cuyas reflexiones están llamadas a orientar o reorientar la acción gubernamental en torno al tema de la protección de bienes patrimoniales de la población desplazada –en especial la tierra–, y a propiciar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas.

La composición pluralista de la mesa es algo bueno para su quehacer y pretensiones. Además de las instancias gubernamentales concernidas en el tema –Ministerio de Agricultura, Incoder, Igac, Acción Social, Superintendencia de Notariado y Registro–, han concurrido a la mesa los organismos de control de la actividad del Estado, organismos internacionales, la academia, organizaciones de la sociedad civil y las víctimas del despojo de tierras.

La mesa tiene como primeros propósitos, debatir en torno a cuatro temas y tratar de incidir en la políticas relativas a los mismos: (i) la normatividad que sobre tierras viene debatiéndose en el Congreso, en especial el proyecto de ley de desarrollo rural presentado por el gobierno nacional; (ii) el sistema de información relacionado con la tierra, (iv) lo que se ha denominado justicia transicional civil y (iv) el seguimiento a algunos casos problemáticos como Jiguamiandó y Curvaradó . El espacio sólo permite una referencia sintética a uno o dos de los aspectos mencionados:

El proyecto de ley de desarrollo rural se encuentra actualmente surtiendo el tercer debate en la comisión quinta de la Cámara de Representantes, luego de haber sido aprobado por el Senado a finales del año pasado. Las múltiples objeciones de que ha sido objeto dicho proyecto, llevaron a los ponentes de la Cámara a tener una serie de audiencias públicas con la participación de distintos sectores sociales, las cuales se quieren ahora replicar en algunas regiones del país. El debate, pues, aún durará.

El proyecto incorpora dos supuestos que de no ser resueltos, darán al traste con cualquier iniciativa que finalmente resulte aprobada en el Parlamento: el fortalecimiento del Incoder como ente encargado de la ejecución de gran parte de la política que se aspira consolidar en dicho estatuto de desarrollo rural y el funcionamiento eficaz de los sistemas de información existentes relativos a la propiedad inmueble rural.

Lo malo es que ninguno de los dos funciona con los requerimientos plenos que supone el proyecto de ley. La Procuraduría ha insistido, sin mucho éxito aún, en la pertinencia de coordinar los sistemas de información existentes en torno a la tierra –que en algunos aspectos son bastante disímiles– y observó oportunamente que el aumento de funciones al Incoder previstas en el proyecto, es inversamente proporcional al fortalecimiento burocrático de la entidad, lo que hace prever la parálisis real en la ejecución de las políticas previstas.

Aún sin contar con las nuevas atribuciones que vendrían, el Incoder actualmente acusa serias deficiencias en su funcionamiento, como las relacionadas con el Registro Único de Predios –que bien lejos está de ponerse el día– y las fallas protuberantes relacionadas con la adjudicación de predios baldíos, disparada inusitadamente en el último año, pues tales predios no se otorgan a los destinatarios de reforma agraria –desplazados y campesinos p.e.–, o se adjudican en condiciones de convivencia insoportables para muchos adjudicatarios, especialmente cuando se fuerza a convivir víctimas y victimarios.

La denuncia hecha por SEMANA sobre las miles de hectáreas adjudicadas ilegalmente en Vichada, es solo una muestra de lo que está pasando en varias partes del país y apenas uno de los tantos problemas que afronta la gavilla por la tierra. Un asunto menos notorio pero igualmente problemático son las decisiones judiciales en torno a los procesos de pertenencia. La Procuraduría ha detectado que en ciertas zonas caracterizadas por la existencia de desplazamiento forzado por la violencia, ha habido aumento de procesos de pertenencia de bienes inmuebles, con serias irregularidades como que algunas tierras objeto de estos procesos deben ser materia de programas de reforma agraria a cargo del Incoder, sin interferencia judicial alguna.

Hay que insistir en la importancia de la política de tierras, no solo por la necesidad de volver sobre temas siempre incómodos y respecto de los cuales el proyecto de desarrollo rural no se la juega –como la redistribución o la tributación–, sino también sobre la pertinencia de examinar el problemático mercado de tierras, sobre el que sí ahonda dicho proyecto. Pero sobre todo porque en la coyuntura política actual, lo que logre decirse sobre el tema de tierras tanto en el proyecto de ley de desarrollo rural como en el plan nacional de desarrollo –tema abordado en un artículo anterior–, definirán el rumbo de la política de paz en el mediano plazo, si se tiene en cuenta que el problema de la tierra se encuentra en la base del conflicto colombiano, como ya muchos estudios lo han demostrado.

El espacio abierto por la mesa de tierras –liderado por la Procuraduría y apoyado por el Consejo Noruego para Refugiados– debe ser aprovechado por las distintas instancias oficiales, de la sociedad civil y de la academia, a fin de maximizar su capacidad de incidencia en la política oficial sobre tierras, estación por donde muchos indicadores del fracaso o éxito de este gobierno tendrán que pasar, así parezca una exageración.


(*)Profesor de la Universidad Nacional. Miembro fundador de DeJusticia*
“El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia (www.dejusticia.org) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos”.