La moral realista

Con la integridad intelectual que lo caracteriza, Alejandro Gaviria trató recientemente en su columna de El Espectador, titulada La Virtud Comprada, el tema de las recompensas que ofrece el gobierno a los informantes. Afirmó que "Por desgracia, esta visión pragmática de las recompensas desconoce 30 años de investigación científica. En 1970, Richard M. Titmuss argumentó que las compensaciones monetarias pueden reducir la responsabilidad ciudadana en particular y las virtudes cívicas en general. “Y agregó Gaviria, “Durante todos estos días haremos un esfuerzo para llamar la atención de los compatriotas sobre la necesidad de que todos practiquemos valores, dijo el Presidente este jueves. Pero el próximo lunes estará entregando cheques a quienes decidieron cobrar por los supuestos valores que tanta atención merecen”.

La tesis de Gaviria plantea una controversia importante sobre la filosofía política de Álvaro Uribe. Especialmente porque la práctica de las recompensas no es un caso aislado, sino un ejemplo representativo de la concepción política del gobierno. Por esa razón, vale la pena tratar de ubicarla dentro de un contexto teórico. Las tesis clásicas sobre los medios y los fines de las relaciones entre Estados –la realista y la idealista– involucran componentes filosóficos y políticos que sirven para entender la política de orden público del gobierno Uribe.

La teoría realista predica que los Estados no buscan cooperar entre ellos, pues sólo persiguen poder y su propio interés. Sostiene que los principios morales universales no se deben interponer de manera abstracta en la búsqueda del éxito político de los Estados, porque su principio moral básico es la supervivencia. Por contraposición, la tesis liberal o idealista considera que la confrontación entre Estados es tan destructiva, que al final es inútil, y que por tanto sólo la cooperación permite que la sociedad avance verdaderamente. Un ejemplo actual del conflicto entre las dos tesis sería la política unilateral e intervencionista del gobierno Bush, frente a la tendencia europea hacia el multilateralismo y la negociación en situaciones como Irak, el Oriente Medio, y el conflicto interno colombiano.

Si se asimila el comportamiento de los Estados al de los gobiernos en sus relaciones internas, es fácil establecer que Álvaro Uribe se ubica en el campo realista. Fue Uribe, y quizá Germán Vargas Lleras, quien rompió la tradición colombiana de ambivalencia entre la guerra y la negociación, de equilibrio entre el realismo y el idealismo. Uribe inclinó al país a favor de la tesis realista en materia de orden público, pero también en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, y hasta con la política económica y social. Buena parte del éxito político de Uribe ha consistido en la sintonía de los colombianos con su concepción realista. El credo uribista sostiene que sin mano dura no hay paraíso. Esa visión construyó un consenso social tan profundo en la primera administración Uribe, que relativizó la importancia de las demás preocupaciones públicas. Es este consenso el que explica la reelección del Presidente pero, sobre todo, su teflón. El aumento de la permisividad de los colombianos frente a su enorme problemática es producto de una visión realista que acepta sacrificar principios y valores para recuperar la seguridad y la prosperidad perdidas durante la crisis del cambio de siglo.

Pero luego de cuatro años de la seguridad democrática, empiezan a aparecer las consecuencias negativas y los propósitos incumplidos de esa política. Episodios como los falsos positivos, la corrupción en el DAS, el fallido Plan Patriota y las concesiones a los paramilitares son algunas de las demostraciones de que la concepción realista implica costos importantes. Que la disyuntiva en materia de política de orden público no es entre vencer o morir, sino que como toda política pública, tiene consecuencias indeseables. Así como el Presidente, según manifestó en el discurso de posesión, teme hacer esfuerzos de paz que sacrifiquen la seguridad sin alcanzar la paz, le llegó el momento a la sociedad colombiana de temer la posibilidad de seguir gastando todos sus esfuerzos y recursos en una política que tampoco la alcance. Después de haberse invertido 10 billones de dólares en el Plan Colombia, sería conveniente contrastar los logros de esa inversión frente a lo que se habría conseguido con ese dinero en desarrollo rural, o en combatir el narcotráfico, entendido como la persecución de organizaciones criminales y no simplemente como la extradición de capos menores y la fumigación de plantaciones campesinas.

La gran debilidad de la tesis realista es que al menospreciar las implicaciones morales de su búsqueda ciega de resultados, genera nuevos problemas. Como dice Alejandro Gaviria, las recompensas “no serían un instrumento para romper la indiferencia, como argumenta el Presidente, sino una herramienta para perpetuarla”. Y termina exacerbando las causas del problema que pretende combatir. Como en la lucha contra el narcotráfico, en que a mayor represión, mayor utilidad y en consecuencia mayor producción y consumo.

Pero el riesgo mayor es aplicar la tesis realista sin realismo, basándose en un diagnóstico equivocado. Los colombianos aceptamos como verdad revelada que los males de la patria se deben a la guerrilla. Sin considerar que la ilegalidad, a través de su estímulo al narcotráfico y al clientelismo, es quizá la razón eficiente de la violencia actual, y no a la inversa. Porque la ilegalidad colombiana no es una percepción moralista, sino una realidad a la que el Estado da su espalda, que afecta casi todos los aspectos de la vida colombiana en proporciones y formas muy superiores al resto del mundo. Si la violencia actual sobrevive gracias al alimento creciente que le proveen el clientelismo en lo político y judicial, y el narcotráfico en lo económico, el criterio realista de esperar a que claudiquen las Farc, sería como buscar el sombrero río arriba.

Porque mientras más se fomente la cultura de la ilegalidad, deslegitimando el Estado con escándalos como los recientes, degradando la clase política, transando con un narcotráfico vestido de paramilitarismo, insistiendo en seguir fracasando frente a la droga, desprotegiendo los sectores vulnerables, subordinando a la Fiscalía y menospreciando el cataclismo de la impunidad, más se profundizará la gran fábula colombiana –Sin ilegalidad no hay paraíso– y más lejos estaremos de la paz.

Por esa razón, mientras combatimos a las Farc, campea el clientelismo, fracasa la lucha antidrogas, y la justicia se ahoga en una impunidad que esconde el 90% de los delitos. Es decir, aumenta el combustible que alimenta a las Farc. Y por tanto, querámoslo aceptar o no, aunque menguadas militarmente, para efectos de una futura negociación, las Farc son ahora más ricas por vía del narcotráfico, menos ilegítimas gracias al clientelismo en aumento y la evidencia de la brutalidad paramilitar, más libres en vista del desalojo paramilitar, mejor entroncadas por cuenta del ascenso internacional de Chávez pero, sobre todo, más fuertes políticamente, en razón de su supervivencia al Plan Colombia.

Parece ser que ahora que se han detenido los progresos militares, el gobierno está reflexionando sobre la incapacidad de alcanzar la paz por medio del realismo. Porque una de las trampas del comportamiento realista es que no admite reversa ni pausa. Mientras no se alcance la victoria final, es necesario mantener, y hasta incrementar, los niveles de esfuerzo económico y desgaste militar y político. Pero la capacidad de sacrificio de un pueblo tiene y debe tener límites. Álvaro Uribe está comprendiendo que no obtendrá pronto la victoria militar, pero que tampoco cuenta con los recursos ni el capital político para mantener una lucha de alta intensidad indefinidamente. La resistencia de la opinión pública frente al intercambio humanitario, por ejemplo, cedió hace meses. Tiene a la vista fracasos tozudos como los de Irak, Afganistán, la lucha contra el terrorismo y el conflicto del Medio Oriente, en los que el enemigo, antes que debilitarse, se alimenta de la presión militar estadounidense e israelí. Parece estar entendiendo que el recurso al método idealista, a la negociación, es una necesidad estratégica. Como lo fue para la administración Pastrana, que en ese entonces no tuvo mejor alternativa para detener la hemorragia militar y ganar tiempo para fortalecer las fuerzas militares.

El problema es que las Farc lo saben, porque son tan realistas como Uribe, y pueden interpretar que se empieza a devolver el péndulo político, que los vientos ahora soplan a su favor. Porque la moral realista se basa en acumular poder para sobrevivir, no en convivir para ello, lo que cierra la única salida posible al conflicto –la posibilidad de que las Farc sobrevivan políticamente sin armas en la sociedad colombiana actual. Por eso es tan ilusa la arrogante moral realista –retroalimenta la confrontación haciéndola interminable–.