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Opinión

  • | 2003/03/24 00:00

    La Nación ayuda tanto a Bogotá que la perjudica

    Aunque Bogotá ha mostrado un buen comportamiento en los últimos años el plan de desarrollo 'Hacia un Estado Comunitario' 2002?2006, reduce la asignación de recursos a la capital. El concejal David Luna escribe sobre el tema que, según él, debe llevar a "exigir del gobierno central un tratamiento equitativo, justo y aceptable" para la ciudad.

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Aunque no se desconocen las dificultades fiscales que enfrenta la Nación para garantizar una financiación adecuada del Plan Nacional de Desarrollo que el presidente Uribe Vélez puso a consideración del Congreso Nacional, sí resulta preocupante que los efectos de la crisis en las finanzas públicas se reflejen, en cuanto a las inversiones previstas en el Plan, en un trato discriminatorio por parte del gobierno nacional en la asignación de recursos para Bogotá.

Esfuerzos no compensados

Las inversiones y recursos previstos en el plan de desarrollo 2002-2006 "Hacia un Estado Comunitario" no se compadecen con los excelentes y positivos resultados que, en la última década, ha mostrado la capital en cuanto a movilidad, gobernabilidad, planeación y convivencia, manejo eficiente y responsable de los recursos públicos y mejoramiento y ampliación de coberturas en salud, educación y servicios públicos. Resultados que no sólo son reconocidos por los gremios, la ciudadanía y las firmas extranjeras calificadoras de riesgo, sino que además han sido certificados por las evaluaciones periódicas que efectúa el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Sin embargo, la excelencia en el manejo de los asuntos locales no parece constituir un incentivo para premiar fiscalmente al Distrito, sino que más bien se convierte en una justificación que sirve al gobierno nacional para despreciarlo en la asignación de recursos y proyectos en el plan de desarrollo y para reducirle progresivamente las transferencias nacionales.

En estas condiciones es claro que sin el apoyo de la Nación la ciudad no sólo verá amenazadas sus conquistas sociales y su modelo de desarrollo urbano sostenible y estancadas sus importantes transformaciones en el perfil urbano, sino que además se limitarán sus posibilidades de expansión y crecimiento; lo cual hace necesario "exigir del gobierno central un tratamiento equitativo, justo y aceptable" que compense el progreso y los esfuerzos que se han hecho para lograrlo.

La Nación recibe mucho de Bogotá pero le devuelve muy poco

Si se revisan algunas cifras es fácil advertir que Bogotá le aporta al gobierno nacional unos recursos muy importantes y que a la ciudad se le revierte por transferencias una cifra que no se compadece con las necesidades sociales que tienen sus habitantes.

La capital produce anualmente cerca del 50 por ciento de los ingresos nacionales y sólo recibe una suma equivalente al 8,9 por ciento del total de los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales por concepto del sistema de participaciones, mientras que por transferencias del Fondo Nacional de Regalías entre 1999 y 2002, la ciudad sólo recibió cerca del 2 por ciento de tales recursos.

Adicionalmente, cabe señalar que Bogotá participa con el 23 por ciento dentro del PIB nacional y concentra cerca del 50 por ciento del mercado laboral de las grandes ciudades del país, pero además cuenta con 700.000 desempleados. Así mismo, concentra el 15 por ciento de la población del país y crece en cerca de 150.000 habitantes por año, sin incluir los cerca de 360.000 desplazados que han llegado a nuestra ciudad en los últimos tres años.

Ahora bien, si se revisan las cifras del plan de desarrollo propuesto por el gobierno puede observarse que la situación no va a mejorar, ya que para los cuatro años de vigencia del Plan sólo se proyectan para la capital 6,5 billones de pesos cuando en realidad, por su importancia económica y demográfica así como por su difícil situación social, deberían asignársele por lo menos 10 billones de pesos.

La cifra planteada por el gobierno nacional indica que a Bogotá sólo le asignaría el 5,7 por ciento de la inversión territorializada del país, lo cual se traduce en cerca de 963.000 pesos por habitante frente a un promedio nacional de 1.640.000 pesos, es decir 41 por ciento menos de inversión que la programada para el resto del país e inferior frente a los 2,1 millones de pesos y 3,2 millones de pesos para Antioquia y la Orinoquia, respectivamente. Lo que demuestra y pone en evidencia que a la capital del país se le castiga cuando de distribuir recursos nacionales se trata, como si fuera delito hacer una inversión adecuada y eficiente de los ingresos que recauda y mantener unas finanzas sanas.

Bogotá requiere el apoyo del Congreso

Independientemente de que la administración distrital haya adelantando las gestiones necesarias y oportunas, ante el Ministerio de Hacienda y el DNP, para lograr que el Distrito tuviera una participación adecuada dentro del plan de desarrollo nacional, lo cierto es que en este aspecto la suerte de la ciudad está en manos de los representantes a la Cámara elegidos por Bogotá y de los senadores que tuvieron en el Distrito un número importante de votos, razón por la cual es necesario solicitarles la defensa de los intereses de la ciudad, básicamente exigiendo que se le dé a la capital el mismo tratamiento que merece cualquier otra región del país.

Hay que guardar las proporciones

Aunque respetable la opinión del presidente Uribe según la cual con la supresión de la Contraloría y la Personería se compensaría a Bogotá por "el maltrato económico" que le da el gobierno nacional, no la comparto ya que un ahorro de cerca de 90.000 millones de pesos serían, como dice el Alcalde Mockus, "centavos" frente a las grandes necesidades que presenta la ciudad en materia de inversión social.

Ahora bien, con respecto a las afirmaciones del señor Presidente en el sentido de que con el aumento del 5 por ciento en la sobretasa a la gasolina, autorizado en la reforma tributaria, Bogotá incrementaría sus ingresos en cerca de 30.000 millones de pesos para financiar el mantenimiento de la malla vial y el sistema de transporte masivo, cabe indicar que en términos reales el Distrito no tendrá recaudos adicionales, ya que la restricción de pico y placa y la operación propia de Transmilenio han disminuido el consumo del combustible automotor. Situación que se agrava por el nefasto impacto que tienen el contrabando de combustibles y el expendio de combustibles ilícitos en la ciudad. De esto se desprende que un eventual ahorro de 90.000 millones de pesos sería una cifra insignificante si se compara con los 3,5 billones de pesos adicionales que el Distrito exige a la Nación dentro del plan nacional de desarrollo.

Para concluir, cabe indicar que la solicitud de mayor apoyo a Bogotá no es caprichosa sino que responde a una elemental y justa retribución por los esfuerzos que ha hecho la ciudad durante estos años de crisis económica y fiscal, gracias a los cuales el gobierno nacional evitó que sus resultados fueran aún peores, pues ha sido poco significativa la contribución dada por otras regiones del país a la solución de estos problemas.

* Concejal de Bogotá

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