La ordóñez-política

El Procurador General empezó a pagar los favores de su elección con recursos bastante parecidos a los que usó el gobierno para retribuirle a Yidis Medina su definitivo voto en la aprobación de la reelección. En los últimos días, el procurador Ordóñez ha nombrado en altos cargos de la entidad a allegados a varias personas que fueron clave para su arribo al Ministerio Público.

Un miembro del grupo político del senador cartagenero Javier Cáceres Leal acaba de posesionarse como Procurador Delegado para la Moralidad Pública. Cáceres fue partidario de la elección de Ordóñez y uno de los más duros críticos del posible retiro de Camilo Gómez de la terna por falta de garantías.

El nuevo alto funcionario de la Procuraduría se llama Fabio Yezid Castellanos Herrera y en las elecciones de 2002 alcanzó a estar inscrito en la lista de Javier Cáceres al Senado, aunque después fue remplazado por otro candidato.

Dentro de los méritos del doctor Castellanos para convertirse en el guardián de la moralidad pública está el haber sido Secretario del Interior del gobernador de Bolívar, Joaco Berrío, tan insistentemente mencionado en el caso DMG. Según un informe de Policía judicial, más de mil millones de pesos en efectivo salieron de Putumayo para comprar votos en Bolívar en vísperas de la elección del antiguo jefe del nuevo Procurador Delegado.

El delegado para la moralidad pública hasta hace poco se desempeñaba como asesor legislativo de la Comisión Primera del Senado a donde llegó -según varios congresistas- de la mano de su padrino Javier Cáceres.

Pero ahí no terminan los gestos de gratitud de Alejandro Ordóñez con los que hicieron posible su elección.

Al parecer, el Procurador también recuerda que pudo adelantar una campaña de dos meses en solitario, gracias a la demora sin precedentes de la Corte Suprema de Justicia para escoger su candidato.

El insólito retraso se presentó porque después de numerosas rondas, ningún aspirante obtenía los 16 votos necesarios para que la Corte lo ternara. Y nadie llegaba a la cifra mágica porque un grupo de magistrados se juntó en un bloque para impedirlo. A finales de noviembre, cuando Camilo Gómez finalmente fue postulado por la Corte, no tenía posibilidad alguna. Ordóñez ya tenía comprometidos los votos del Senado.

La más activa en esa estrategia de retrasos, tan favorable a los intereses del ahora Procurador, fue una paisana de Ordóñez: la magistrada de la Sala Civil y Agraria Ruth Marina Díaz Rueda. Y -oh casualidad-, en estos días una persona muy cercana a ella fue nombrada en un alto cargo del Ministerio Público.

El doctor Édgar Carlos Sanabria Melo, quien mantiene una bonita relación con la magistrada Díaz, es ahora el Procurador Delegado para Asuntos Civiles.

En las últimas semanas, en importantes cargos de la Procuraduría, también han sido designados Rafael Eugenio Quintero Milanés, hermano del magistrado de la Corte Suprema Jorge Luis Quintero Milanés, y Mario González Vargas, amigo del senador y miembro del Directorio Nacional Conservador, Alirio Villamizar.

Tal vez los gratos sentimientos de Alejandro Ordóñez tampoco le han dejado olvidar que llegó al cargo porque el Presidente de la República completó la terna con un aspirante sin opción alguna: El profesor Germán Bustillo, quien -a pesar de ser el candidato del mandatario más popular de la historia y jefe político de las mayorías del Senado- no obtuvo ni un solo voto.

Ese agradecimiento pudo contar en el fallo de Ordóñez que absuelve a los implicados en la yidis-política, ignorando olímpicamente las numerosas pruebas documentales que le permitieron a la Corte Suprema condenar a Yidis Medina, más allá de su testimonio.

Sin embargo, su decisión es comprensible. Le quedaría mal al Procurador reprocharles a otros lo que él mismo está haciendo ahora.