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Opinión

  • | 2013/10/25 00:00

    La otra cara de la Minga

    Mientras muchos festejan la clasificación de Colombia al mundial, los pueblos indígenas llevan más de una semana en Minga.

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Mientras millones de colombianos se recuperaban de las fiestas que generó la  clasificación de Colombia al mundial de Brasil, más de 40.000 indígenas salían de sus resguardos a exigir al gobierno colombiano que cumpla con los acuerdos a los que han llegado durante los tres años de la administración de Santos. 

En la semana del 9 al 16 de octubre se publicaron 58 noticias dedicadas al pre, durante y post partido de Colombia y Chile en tres de los medios escritos en línea más grandes del país (26 en El Tiempo, 15 en El Espectador y 17 en Semana). Durante el mismo número de días, del 14 al 21 de octubre, se registran sólo 20 noticias con la palabra “minga” en los mismos medios (11 en ET, 6 en EE y 3 en Semana). Además, esas pocas notas sólo muestran una cara de la moneda de lo que se está viviendo en los 17 puntos de protesta, porque exclusivamente mencionan a la minga en relación al gobierno y la reducen a una simple mezcla de bloqueos de las carreteras con enfrentamientos con la fuerza pública. 

La otra cara de la “Minga Social, Indígena y Popular” es la que pone en la mesa, por lo menos, tres temas cruciales para el futuro del país. Primero, la movilización indígena discute la política agraria y los impactos que generan los tratados de libre comercio. “Los efectos negativos de los TLC los hemos visto los indígenas pero también los paperos, los cafeteros” arengó Patricia Tobón, líder de la ONIC, en el cacerolazo nacional que se realizó el pasado viernes 18 de octubre en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Como lo denunció el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, la falta de consulta con los pueblos indígenas sobre estos acuerdos económicos les genera efectos negativos, como la violación de su soberanía alimentaria.  Por esa razón, la Minga exige que el gobierno consulte la aprobación y la implementación de estas políticas con todos los actores involucrados. 

Segundo, la Minga cuestiona las consecuencias de la locomotora minera de Santos. Para los pueblos indígenas, los megaproyectos afectan de manera directa sus derechos territoriales. Según la ONIC en el 2012 existían 501 títulos mineros en resguardos indígenas, los cuales reflejaban 28.410.812 hectáreas concesionadas a favor de las empresas. Esta superposición de títulos colectivos y títulos mineros viola su derecho a la propiedad colectiva porque imposibilita el ejercicio autónomo de gobierno sobre sus territorios. De ahí que la Minga denuncie afectaciones a distintos niveles: limitación de la movilidad en los territorios, aparición de enfermedades crónicas y de prostitución forzada. 

En tercer lugar, la Minga pone en duda la protección dada por el gobierno de Santos a la movilización social que, como dice César Rodríguez, ha sido atacada por el proyecto del Ministerio del Defensa de penalizar la obstrucción de vías. Si el Ministro Iragorri está cansado de las vías de hecho, debería garantizar la protección de los derechos fundamentales de los manifestantes. Por esa razón, se tienen que investigar las violaciones a los derechos humanos denunciadas por las organizaciones indígenas durante la Minga. Estas denuncias, que van desde amenazas realizadas por Los Rastrojos a líderes de la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, hasta acciones violentas por parte del ESMAD en contra de los indígenas, hacen parte de exigencias que la Minga le hace al gobierno.

La Minga indígena de 2013 es un espacio clave para definir el futuro de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el desenlace de la movilización social. Por lo tanto, es muy importante que los medios de comunicación cuenten la historia completa y difundan las propuestas y denuncias por los cuales la Minga salió a las rutas “en defensa de la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía”. 

* Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia
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