La parábola de El Salado

Ir a El Salado, aquel pueblo enclavado en los Montes de María, que sufrió una de las peores masacres cometidas por los paramilitares, es comprobar la magnitud del desafío que enfrenta el Estado para reparar a los pueblos que más han sufrido con la guerra.

Las casi 800 familias que vivían en este corregimiento de Carmen de Bolívar se desplazaron en febrero del 2000, luego de la matanza. Dos años después empezaron a regresar, hasta hoy, cuando han retornado 356 familias.

En los últimos tres años se han invertido en este caserío más recursos que en ningún otro de la región, especialmente en infraestructura. Ministros, consejeros, gobernadores, funcionarios de organismos internacionales han pasado por allí y se han asombrado con el avance que ha significado la gestión mancomunada para reconstruir este lugar, entre instituciones públicas y empresa privada.

No obstante, la pobreza sigue siendo del 95 por ciento. Si usted recorre al medio día las casas de El Salado, no dejará de encontrar fogones apagados y ollas boca abajo. Muchos saladeros sufren hambre, porque a pesar de todo lo que se ha hecho, el ingreso promedio de las familias es de cien dólares al mes.

La razón profunda es que apenas un 37 por ciento de los campesinos de El Salado tiene tierra y solo una mínima parte de este porcentaje posee títulos. El otro 63 por ciento cultiva sus alimentos en parcelas prestadas, alquiladas, o que les han dado en comodato.

La cifra era más desoladora aún, pero hace año y medio el gobierno les entregó títulos a 63 familias beneficiadas con una convocatoria del Incoder. Valga decir que se requirió el apoyo técnico de una fundación nacional y un organismo internacional para diseñar el proyecto, pues de lo contrario, hubiese sido imposible que los campesinos ganaran este concurso solo apto para profesionales doctorados en Harvard.

Conseguir la tierra para esas 63 familias fue toda una odisea. Los Montes de María, como ya se sabe, habían sido comprados en bloque por empresarios paisas que pagaron en promedio 400.000 pesos la hectárea en el 2008. Para titularles a los saladeros, el Incoder tuvo que pagarles cerca de dos millones por hectárea, apenas dos años después. Un negocio redondo, que sin eufemismos tiene un solo nombre: especulación.

Una vez entrevisté a uno de aquellos empresarios, quien sin sonrojarse me explicó que darles parcelas a los campesinos era condenarlos a la miseria. “Ellos no saben trabajar la tierra, ni tienen capital”. Me aseguró que por eso los estaba invitando, con toda generosidad, a convertirse en asalariados de sus proyectos agroindustriales.

Se le olvidaba un pequeño detalle. Es que la gente de esta región tiene una sola aspiración histórica: ser dueños de su propia tierra, aunque sea poca. Y que ésta no es tanto una demanda económica, como una reivindicación política. Tener tierra, como dijo recientemente Marcos Palacio en una entrevista, convierte a los campesinos en ciudadanos, una condición que hasta ahora les ha sido negada.

El Salado es hoy uno de los pilotos de la política de restitución de tierras. Y aunque el gobierno tiene la voluntad de titularles parcelas a los campesinos, se ha encontrado con un obstáculo mayor: no hay baldíos y los predios que circundan a El Salado están en manos de los empresarios de marras.

La pregunta es cómo hará Santos para cumplirles a los campesinos, y al mismo tiempo quedar bien con aquellos inversionistas que se tragaron de un sólo bocado todas estas tierras.

¿Repetirá la historia del Incora, y se titularán fincas lejanas e improductivas? ¿Comprará los predios al módico precio de especulación que los nuevos dueños les pongan? ¿Se la jugará con una fórmula de expropiación que haga viable el desarrollo rural, en un contexto de posconflicto?

Twitter @martaruiz66