Seguimos siendo el país más desigual de Latinoamérica. Según los datos del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el coeficiente de Gini en Colombia alcanza niveles alarmantes que se equiparan a los de naciones africanas como Sudáfrica o Namibia e incluso presenta registros peores que los de Mozambique. Esta evidencia confirma que el país arrastra, de forma sistemática, uno de los índices de inequidad más altos del mundo.
Mientras las metrópolis concentran inversión e infraestructura, el campo enfrenta barreras históricas de acceso a justicia, servicios básicos y educación digna. La precariedad vial, la baja conectividad, la concentración de la tierra y la presencia de la violencia perpetúan un ciclo de exclusión donde el lugar de nacimiento determina, en gran medida, el acceso a las garantías de un Estado social de derecho.
El índice de pobreza multidimensional (IPM) evidencia que las carencias en vivienda, trabajo, salud, educación y servicios públicos afectan de manera desproporcionada a las regiones periféricas y a las poblaciones étnicas. En nuestro país es común encontrar barrios completos y sectores construidos de forma informal, asentados sobre estructuras precarias e, inclusive, en pisos de tierra sin placas de concreto.
El otro factor determinante de nuestra enorme desigualdad lo encontramos en la informalidad laboral, que abarca a aproximadamente el 55 % de los trabajadores. Además, dicha informalidad se ha acentuado con el incremento del salario mínimo, el cual obligó a varias empresas a desvincular personal al no poder sostener dichos costos. Lo anterior repercute directamente en la sostenibilidad del sistema pensional, pues se traduce en una baja tasa de cotización.
No podemos desconocer el impacto que trae la violencia en la desigualdad; no es un secreto que las economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal constituyen el principal obstáculo para la consolidación institucional en los territorios marginados. En amplias zonas del país, la ausencia o debilidad del Estado permite que grupos armados al margen de la ley impongan ordenamientos sociales y económicos paralelos.
El control territorial de estos actores perpetúa la dependencia de la población local de las economías ilícitas, bloqueando cualquier esfuerzo de transformación productiva y neutralizando el impacto de las políticas públicas de desarrollo regional.
Si bien la necesidad del despliegue militar es indiscutible frente a los índices de violencia, amplios sectores de la izquierda continúan cuestionando la intervención de la Fuerza Pública. Dichos sectores suelen argumentar que las incursiones recientes en el Catatumbo han afectado a la población civil. Si bien esta premisa es cierta, omite un hecho fundamental: el vacío estatal y la falta de control territorial someten a las comunidades a la presencia continua de asesinos y narcotraficantes. Mientras estos grupos no sean encarcelados o neutralizados, las comunidades seguirán siendo víctimas, pues la intervención del Estado responde, en esencia, al principio de la legítima defensa.
Por fortuna, algunos conservamos una visión positiva y esperanzadora sobre el desarrollo de nuestro país. Para ello, resulta valioso contrastar dos perspectivas teóricas contemporáneas del pensamiento socioeconómico colombiano.
Alejandro Salazar en su libro Colombia ganadora expone que el estancamiento del país no proviene de una escasez de recursos, sino de una falla en la estrategia colectiva. Colombia padece un modelo mental dominado por el corto plazo, el rentismo y la fragmentación social, lo que impide construir verdaderas ventajas competitivas sostenibles. Agrega que nuestra economía no puede depender prioritariamente de la extracción ni del gasto público asistencial, sino de la agregación de valor, la sofisticación de la industria y la eficiencia de los mercados.
Nuestro vicepresidente, José Manuel Restrepo, aborda la crisis en su libro Al borde de la esperanza desde la sostenibilidad fiscal, la estabilidad institucional y el valor del buen gobierno. Frente a la creciente desconfianza institucional y el avance de la corrupción, sostiene que el país se encuentra en un punto de inflexión. En este sentido, plantea la disciplina fiscal como un imperativo social, advirtiendo que, sin certidumbre tributaria ni un manejo responsable de las finanzas públicas, la promesa de redistribución degenera en inflación y estancamiento.
El análisis conjunto de estos factores demuestra que los problemas de Colombia no son independientes, sino que se retroalimentan mutuamente. La falta de presencia estatal facilita el control armado; este fomenta las economías ilícitas e informales, lo que a su vez perpetúa la pobreza, intensifica la desigualdad y cataliza focos de corrupción en el manejo de los recursos públicos.
Romper este círculo vicioso requiere una estrategia integral que combine la presencia institucional del Estado, la disciplina fiscal, el rigor en la contratación pública, la transformación productiva y, desafortunadamente, el control militar bajo el postulado de la legítima defensa que tanto se pide en estos territorios.
Ya mencionábamos previamente que el control sobre asesinos, terroristas y narcotraficantes no se logra mediante su nombramiento como gestores de paz ni con diálogos interminables que no arrojan resultados. La ceguera e “ingenuidad” de algunos sectores de la izquierda los lleva a creer que los bandidos dejarán las armas y la coca para dedicarse a actividades menos rentables y más trabajosas. ¡Qué ingenuidad!
*Correo electrónico: info@armaturalegal.com