La pata que le falta a la mesa

Hace un par de meses, en esta misma columna, me referí a varias reuniones de militares, negociadores de paz, agentes del Gobierno y la Fiscalía con el propósito de estudiar fórmulas pragmáticas para construir un concepto de justicia transicional amplio. Algunos de los participantes de esos encuentros a puerta cerrada llegaron a considerar la posibilidad de una ley de punto final que cobijara a todos los actores involucrados en el conflicto, como también lo conté en su momento.

Expertos en estos temas de la talla de Rodrigo Uprimny, en su columna de El Espectador, y el viceministro de justicia Miguel Samper, en su cuenta de twitter, opinaron que se trataba de una idea inconveniente para las víctimas e imposible frente al marco jurídico internacional que nos impone unas obligaciones difíciles de soslayar.

Desde entonces hasta hoy la idea más radical que apuntaba a una tesis ciertamente audaz de ‘perdón y olvido’ ha tenido variaciones y se ha venido matizando, pero se sigue discutiendo con fuerza y los propios negociadores de paz consideran que es momento de que se debata abiertamente.

Y es que una fórmula de justicia transicional aplicada estrictamente a los guerrilleros de las FARC y su cúpula deja tremendamente coja la mesa de la paz. Lo saben en La Habana y lo tienen claro en el búnker de la Fiscalía y en la Casa de Nariño. Tampoco es suficiente un modelo que incorpore a las Fuerzas Militares pero que deje por fuera a los políticos y financiadores que han estado involucrados en este largo conflicto armado.

Con esta premisa en mente, comparto algunas cifras que resultan reveladoras de lo que puede pasar si este tema no se toma en serio desde ya: según la Fiscalía, en los procesos de Justicia y Paz con los paramilitares han surgido 14.000 noticias criminales que dieron origen a múltiples investigaciones que avanzan en la justicia ordinaria. De ese número, 1.240 salpican a dirigentes políticos, 1.274 a militares y el resto, unas 11.400, se refieren a empresarios, ganaderos, bananeros, ejecutivos de multinacionales y petroleras y hasta gente asociada con medios de comunicación.

¿Qué les espera a todos ellos y a los que pueden quedar enredados con los testimonios que entreguen los guerrilleros que se desmovilicen? ¿Diez años de cárcel para un ganadero que financió a la guerrilla o a los paramilitares y del otro lado servicio social para los máximos responsables de las FARC?

Un modelo de justicia transicional excluyente es el perfecto ingrediente para una paz fracasada, y un sistema que ponga en evidencia semejantes desproporciones se convierte en caldo de cultivo para que los acuerdos de paz nunca tengan legitimidad ni aprobación ciudadana.

Nadie entendería que los directivos de la multinacional italo-argentina Sicim, involucrados en millonarios pagos de vacunas al ELN y FARC en el oriente del país, fueran procesados severamente por la justicia ordinaria mientras que quienes ejecutaron directamente las masacres y los secuestros con ese dinero salen a recibir subsidios del Estado en tiempos de posconflicto sin pagar un solo día de cárcel.

Ahora, cuando se discute el más espinoso asunto de todos en Cuba como es el de la justicia transicional que se empleará para sellar los acuerdos de paz, llegó la hora de sincerarnos también en Colombia y ver si es posible seguir haciendo piruetas con una mesa a la que claramente le falta una pata.

Tendremos que decirnos muchas verdades aunque algunas de ellas resulten dolorosas y rayen en el cinismo para abordar esta discusión como toca. Todo lo demás es literatura…


Twitter: @JoseMAcevedo