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Opinión

  • | 2012/02/13 00:00

    La penalización no paga

    Desconocer que el consumo de drogas no es delito le sale al país mucho más caro de lo que se cree.

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El año pasado el gobierno señaló que en Colombia había 300 mil consumidores problemáticos de drogas. No se refería a quienes se fuman un porro de cuando en cuando, sino a verdaderos adictos: personas como cualquier otra, excepto porque se les salió de las manos la decisión de cuánto consumen.

A pesar de lo lamentable de esta situación, el coordinador del programa contra la adicción a las drogas del Ministerio de la Protección Social, Aldemar Parra, afirmó que el país no tiene suficientes profesionales, instituciones especializadas ni mucho menos la plata para tratar a estas personas. Palabras más, palabras menos, que no hay nada qué hacer por ellas, lo cual se explica, en parte, porque el tratamiento mensual de una persona cuesta al menos 3 millones y para lograr alguna efectividad son necesarios por lo menos 3 meses de tratamiento. Sin embargo, los 9 millones pueden multiplicarse, pues en el 75% de los casos se presentan dos, tres, cuatro o más recaídas.

La insuficiencia de la oferta y los altos costos del tratamientos para la drogadicción han llevado a que se busque, infructuosamente hasta ahora, la inclusión de su tratamiento integral en el POS. Como resultado de ello no se haya conseguido, la política de salud pública frente a las drogas termina teniendo un impacto más bien flojo. Sin embargo, por el otro lado de la moneda –el de la persecución penal-, la cuerda aprieta mucho más fuerte, pues a pesar de que la Corte Suprema reiteró en 2011 que el consumo de drogas no es delito en Colombia, la policía continúa capturando consumidores, e incluso muchos de ellos terminan encarcelados.

Y es que mandar a un adicto a la cárcel parece mucho más barato que darle tratamiento médico. Según el INPEC, un preso le costaba al Estado (en 2011) 1 millón de pesos al mes. Mientras que darle tratamiento para que superara la adicción le costaba tres veces más.

Sin embargo, una comparación tan simple puede ser engañosa por al menos tres razones. Primero, porque no tiene sentido que se reemplace en la práctica el tratamiento por el carcelazo, pues luego de liberado es de esperarse que el adicto continúe consumiendo y pueda visitar de nuevo la cárcel. Segundo, porque la pena mínima que le clavan a quien cogen con droga es de un poco más de 5 años; lo que significa que el Estado tiene que bajarse de por lo menos 64 millones por encarcelar al consumidor, y en casos más graves hasta de 360 millones!

La tercera razón es la más importante, y resulta del hecho de que los Estados entiendan usualmente la penalización del consumo como parte de su compromiso de lucha contras las drogas. En en nombre de ese compromiso es que le declaran la guerra, no solo a las drogas, sino también en muchos casos a los consumidores. Así las cosas, el afán por mostrar resultados en esa guerra ha permitido que los países se relajen en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto de los derechos humanos.

Como han señalado la Fundación Beckley y Dejusticia –entre otras organizaciones que abogan porque se reforme y haga menos criminalizante la política global de drogas-, la prevalencia dada a persecución penal ha permitido en muchas ocasiones que los gobiernos sean cómplices, e incluso autores, de la marginalización y violaciones a los derechos humanos de que son víctimas los consumidores de droga.

El debate sobre la política frente a las drogas es mucho más complejo. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que para sopesar los pros y los contras de las diferentes opciones de la política que se pretenda adoptar hace falta considerar tanto la dimensión económica como la de derechos humanos, y saltar con agilidad entre las implicaciones nacionales y globales de las distintas alternativas.

*Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia.
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