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Opinión

  • | 2011/06/20 00:00

    La perversa guerra en el Bajo Atrato chocoano

    Comunidades afros e indígenas se encuentran entre dos fuegos: los bombardeos de la Fuerza Aérea Colombiana y los ajusticiamientos de la guerrilla de las Farc.

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En Riosucio, Chocó, son muchas las historias que cuentan sus pobladores en las riberas del río Atrato. Hace pocos días, visitando ese municipio, escuché relatos que hablan de la perversidad de una guerra que les impide vivir tranquilos. Para ilustrarme narraron lo que viene sucediendo hace siete meses.

En la mañana del 4 de diciembre del año pasado José Graciano Mosquera Murillo salió de su parcela, ubicada en la comunidad de San José de Tamboral, de la cuenca del río Salaquí, Bajo Atrato chocoano, camino al casco urbano de Riosucio. Tenía que hacer varias diligencias en el pueblo. Atrás dejó su rancho, sus animales y sus sembrados. Nadie quedó allí.

En la noche, mientras José Graciano descansaba en Riosucio sus posesiones estaban siendo bombardeadas y ametralladas por aviones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) con el argumento de que allí estaban acampando hombres de la guerrilla de las Farc. De su casa solo quedaron las paredes de madera; sus cultivos se perdieron; y de los animales nada se sabe. En la tierra quedaron amplios cráteres, huellas de las bombas arrojadas, y sobre los arbustos casquillos de balas empleadas por las ametralladoras. (Ver fotos en la columna derecha)

Allí no hubo ningún guerrillero muerto. Pero quedaron en el piso los esfuerzos de este campesino y su familia, que habían retornado hace un par de años con mucho esfuerzo y sin ninguna ayuda del Gobierno nacional después de más de diez años de desplazamiento forzado por culpa de los bombardeos realizados también por la FAC entre el 24 y el 27 de febrero de 1997, durante la llamada Operación Génesis y la posterior llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia.

El horror de la guerra le volvió a la mente. Pero esta vez con un ingrediente que hoy lo tiene asustado: las amenazas de las Farc, que lo señalan de haber dado las coordenadas al Ejército para que atacaran a los insurgentes. Esa es hoy la gran perversión de la guerra en el Bajo Atrato chocoano.

José Graciano no ha podido volver a su parcela, está vez contribuyeron a su desplazamiento forzado tanto la Fuerza Pública como la guerrilla de las Farc. En medio de su paranoia bélica, ambas estructuras armadas no alcanzan a dimensionar las consecuencias de sus ataques e involucran a la población inerme. Unos y otros la atacan sin piedad.

Y si bien este labriego ha podido sobrevivir, otros no han corrido con suerte. Ejemplo de ello comenzó a ocurrir el 16 de abril. Ese día, un grupo de insurgentes de las Farc se instaló cerca de las viviendas de la comunidad de Las Pavas.

Al amanecer del día siguiente, aviones de la FAC sobrevolaron la zona e iniciaron un bombardeo indiscriminado sobre caseríos de afros e indígenas. En esa acción, perecieron seis personas, entre ellas una mujer y un menor de edad. Según el Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, todos los muertos “eran guerrilleros”. Los resultados del ataque fueron celebrados por el presidente Juan Manuel Santos, quien a través de su cuenta de Twitter felicitó a los uniformados “por la operación conjunta en la que resultaron muertos seis subversivos de las Farc en Chocó".

Los hechos fueron convertidos en noticia cuando los medios de información en todo el país divulgaron detalles de la llamada Operación Darién II, realizada por la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional contra supuestas posiciones de las Farc cerca a la cuenca del río Quiparadó, en la que “dieron de baja a seis guerrilleros”.

Sin embargo, tuve la ocasión de hablar con campesinos que visitaron la zona y la versión que contaron fue trágica: el bombardeo impactó una vivienda y allí perecieron tres personas ajenas al conflicto, y resultados heridas cuatro más. Los civiles muertos, todos ellos afrocolombianos, fueron identificados como Juan de Mata Perea Reyes, José Ángel Mendoza Asprilla y Mario Martínez Rivas.

“Ellos eran muchachos de Riosucio que se habían ido a trabajar a Pavas, a sembrar plátano”, me dice un líder comunitario. “Era gente nuestra. Uno de los muchachos era hasta invalido de la una mano”.

Lo que no entienden los campesinos y los indígenas es la falta de reconocimiento por parte de los oficiales del Ejército y de la Policía de los errores que están cometiendo en el Bajo Atrato. “Lo que decimos nosotros aquí es que los civiles deben ser presentados como civiles, no como guerrilleros”, reitera uno de los líderes. Y su molestia tiene sentido: ningún medio de información hizo referencia a la muerte de los pobladores. El hecho tal como lo presentaron las autoridades, configura, a mi juicio, “un falso positivo”, que debe ser investigado rigurosamente. Así lo entienden también en el Bajo Atrato.

Pero la perversión de la guerra se profundizaría a finales de mayo, cuando guerrilleros de las Farc asesinaron a Domingo Urrutia, representante legal del consejo comunitario de La Pavas. Los insurgentes lo señalaron de haberle dado su ubicación al Ejército. Su ajusticiamiento se produjo cuando el campesino regresaba a su comunidad.

“La gente está abandonando, gota a gota, las comunidades de las cuencas, sobre todo del Salaquí”, confiesa un funcionario de la administración municipal de Riosucio. “Por este tipo de confrontaciones no se ha podido consolidar el retorno de unos campesinos que justamente huyeron de allí en 1997, cuando fueron bombardeados por el Ejército”.

Hasta el momento, nadie del Estado les ha dado respuesta coherente y sincera de la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública que están comprometidos en estas acciones; así como tampoco de las reclamaciones administrativas por los perjuicios materiales causados.

Y mientras los pobladores del Bajo Atrato esperan respuestas, es muy probable que mañana, dentro de una semana, quizás en un mes, vuelvan a ser bombardeados, y los ecos de sus trágicos efectos se pierdan en la manigua, mientras en Bogotá los generales se regocijen con la supuesta efectividad de sus máquinas de guerra y los comandantes de las Farc reactiven sus dispositivos criminales para atacar a gente inocente, convencidos que son informantes de la Fuerza Pública. La perversión bélica no tiene fin.

(*) Periodista y docente universitario
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