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Opinión

  • | 2011/05/21 00:00

    La piñata uribista

    Temo que la corrupción de los dirigentes sandinistas va a resultar un juego de niños comparada con lo que ocurrió en Colombia.

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'La piñata sandinista'. Ese nombre le dieron los nicaragüenses al descarado reparto de los bienes expropiados a la familia Somoza y a sus allegados. Pocos años después de la revolución que derrumbó la dictadura somocista salieron a la luz pública denuncias que involucraban a los dirigentes del Frente Sandinista, encabezados por los hermanos Ortega, en la apropiación de grandes riquezas que pertenecían al Estado.

Aterrado con la racha de investigaciones sobre desfalcos, saqueos y distribución indebida de recursos públicos que comprometen a funcionarios y dirigentes políticos ligados al gobierno de Uribe, vinieron a mi memoria los episodios que enlodaron por siempre la epopeya sandinista.

Temo que la corrupción de los dirigentes sandinistas va a resultar un juego de niños comparado con lo que ocurrió en Colombia. Echo una mirada a los recortes de prensa que he acumulado en los últimos meses para tener una representación visual de las entidades que fueron afectadas por el pillaje y de los personajes que llenaron sus bolsillos en un abrir y cerrar de ojos. Veo ministerios, superintendencias, institutos descentralizados y cooperativas. Al lado, más de 200 nombres de altos funcionarios y dirigentes políticos.

Bajo la responsabilidad del ministro Diego Palacio, aparece la quiebra de las siete Empresas Sociales del Estado que se crearon en 2003 y fueron liquidadas en 2006, después del saqueo continuado de sus recursos por parte de dirigentes políticos y paramilitares; el ya olvidado caso de la Empresa Territorial de la Salud (Etesa), donde funcionarios al servicio de parlamentarios realizaron cobros millonarios a juegos de azar clandestinos; la intervención de SaludCoop que empieza a mostrar la estafa billonaria que en unos pocos años se le hizo al Fosyga.

Andrés Felipe Arias tendrá que responder algún día por la distribución fraudulenta de los recursos del programa Agro Ingreso Seguro y la corrupción generalizada en el Incoder. También por haber propiciado la ley de saneamiento de la propiedad agraria que daba toda clase de garantías para que los usurpadores de varios millones de hectáreas pudieran acudir a legalizar sus predios.

En el Ministerio de Transporte empiezan las investigaciones por irregularidades en la adjudicación de la Ruta del Sol. También están en curso las indagaciones a Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia, por sus vinculaciones con los hermanos Nule. Es apenas una puerta de entrada al examen de la contratación pública en el anterior gobierno que puede deparar sorpresas muy desagradables.

El reparto tomó características dramáticas en el Departamento Nacional de Estupefacientes donde les entregaron a políticos y a mafiosos una parte de los 75.000 bienes incautados; en la Superintendencia de Notariado y Registro, donde se concedieron 42 notarias para compensar a los que votaron la primera reelección y se auspició la titulación ilegal de tierras baldías o despojadas a empresarios y políticos inescrupulosos; en la asignación de las zonas francas, que pasaron de 11 a 37 en un santiamén, beneficiando a los amigos del gobierno con una generosa exención de impuestos.

Los sandinistas aprovecharon el halo mítico que los cubrió por el triunfo militar sobre una dictadura atroz para entrar a saco en los bienes públicos y apoderarse de casas y fincas en una Nicaragua empobrecida por la guerra; y los uribistas se ampararon en la confianza ciudadana que generó la política de seguridad democrática y la promesa de acabar con la guerrilla para saquear el Estado y facilitar el enriquecimiento de particulares en una proporción nunca vista en Colombia.

Las fuerzas progresistas en el mundo sufrieron una terrible decepción cuando descubrieron la dolorosa degradación de la revolución sandinista. Igual cosa empieza a ocurrir en Colombia: la gente decente que apoyó la política de seguridad de Uribe y aspiraba a la pacificación del país mediante la destrucción de las guerrillas está descubriendo que, para desgracia del país, Uribe no fue capaz de poner fin al conflicto y sus seguidores aprovecharon la popularidad que esta promesa generaba para crear de la noche a la mañana una masa de nuevos ricos.
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