LA PRECLUSION DE YANINE

En octubre de 1987 un grupo paramilitar asesinó a 19 comerciantes en el Magdalena Medio. Nada menos que 10 años tardó la justicia en pronunciarse, mientras el caso rebotaba de juzgado en juzgado, de San Gil a Cimitarra, de ahí a la Corte Suprema en Bogotá, a Cimitarra otra vez y de nuevo a San Gil y luego a Vélez y luego a Cúcuta y de vuelta a Bogotá, donde la Fiscalía de Derechos Humanos vinculó al asunto al general Farouk Yanine como organizador y protector de los grupos paramilitares del Magdalena Medio. Entonces, en noviembre de 1996, el Consejo de la Judicatura otorgó la competencia del caso a la justicia penal militar. La cual en cabeza del juez de primera instancia (el general Manuel José Bonett, comandante del Ejército) no halló méritos para convocar un consejo de guerra y ordenó la cesación de todo procedimiento contra el general Yanine. Muchos critican el fallo de Bonett. Hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos se permitió el lujo cínico de "observar con precaución" el ataque que en él hizo el comandante del Ejército a la justicia civil. No es cosa de defenderlo: nada hay más aberrante que el fuero militar por el cual un general es juzgado por sus compañeros de armas y que cataloga como "acto de servicio" todo acto de un uniformado; y en este caso específico la cesación de procedimiento dictada por Bonett huele además a preclusión a la manera de Heine Mogollón. Pero la cosa es comprensible: los militares se sienten atacados, y cierran filas: en eso consiste el espíritu militar. A quienes hay que criticar de verdad en el caso Yanine es a los civiles. En primer lugar a los jueces de Cimitarra, San Gil, etcétera: 10 años de rodeos. En segundo lugar, a los magistrados del Consejo de la Judicatura, que entregaron el caso a la justicia militar, considerando que una matanza de civiles puede ser un acto de servicio, sólo para, apenas seis meses después, exponer la opinión radicalmente contraria en el caso de 12 agentes de la policía acusados de un delito igual. En tercer lugar, al gobierno, que hace ya años nombró una inoperante comisión para reformar la justicia militar y ha sido incapaz de conseguir que elabore un proyecto de reforma (o de supresión, como sería lo sensato). Y, sobre todo, a la Fiscalía de Derechos Humanos, que por lo que se ha visto no logró sustentar con pruebas sólidas sus acusaciones contra el general Yanine.Porque nos está matando el paramilitarismo, que ha llevado la 'guerra sucia' a cotas estremecedoras: la matanza de los 19 comerciantes del Magdalena Medio, y la matanza posterior de los miembros de la comisión judicial que investigaba el caso, son sólo dos ejemplos de ese fenómeno. Y el país tiene la convicción de que detrás de él ha estado y sigue estando el Ejército, que lo protege y lo alimenta. Y el general Farouk Yanine ha sido el más caracterizado representante de esa actitud militar, precisamente porque el paramilitarismo nació y creció y se consolidó en el Magdalena Medio cuando él comandaba la Brigada, y es difícil de creer que tal cosa sucediera 'a sus espaldas': aunque ahora diga que no se acuerda de fechas, hechos ni personas, y el fallo a su favor considere que no se puede enjuiciar a nadie por tener mala memoria. Y no se puede entonces, en esas circunstancias, armar contra Yanine un caso tan endeble que les permita a sus jueces militares salirse por la tangente de la cesación de procedimiento. Eso desacredita no solamente a los fiscales de este caso específico, sino a todos los que están convencidos de la participación de los militares en la guerra sucia, y la denuncian: si el más paradigmático de los generales 'paras' resulta ser inocente, el ciego es el país, y no él, que no vio lo que pasaba a sus espaldas. Resulta tan desmoralizador el hecho de que Yanine sea absuelto y los paramilitares hayan sido condenados por los mismos hechos como la preclusión del candidato Samper y la condena de los funcionarios de su campaña. Contribuye a sumirnos todavía más en la mentira: en ese esquizofrénico divorcio entre la realidad que vemos y la realidad jurídica. Y ahora la Procuraduría pide a la justicia penal militar que anule todo el proceso y reabra la investigación desde el principio. Es lo habitual en Colombia, país de juristas en el que todos los juristas _los jueces de Cimitarra y San Gil, los magistrados de la Judicatura, los fiscales de derechos humanos y los jueces militares_ hacen mal su trabajo.