Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Opinión

  • | 2017/02/04 14:59

    La primera lección a Trump: el valor democrático de los jueces

    “Hoy ha prevalecido la Constitución. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el Presidente”, ha tenido que salir a decir el Fiscal General del Estado de Washington al conocer que un Juez Federal bloqueó temporalmente el veto migratorio impuesto por el nuevo Presidente de los Estados Donald Trump.

COMPARTIR

Como se sabe, el último viernes de enero, expidió un decreto que prohíbe durante 90 días la entrada de los ciudadanos provenientes de Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen e Irak, a territorio estadounidense.

Para Trump es una decisión que toma en cumplimiento de lo prometido en la campaña electoral, y eso le confiere legitimidad y legalidad. Incluso, la Casa Blanca ha aclarado que “la orden tiene la intención de proteger el territorio nacional y [el presidente] cuenta con la autoridad y la responsabilidad constitucional de proteger al pueblo americano”.

Sin embargo, por más que recurra al valor supremo que para ese país tiene la seguridad de sus instituciones y ciudadanos, los jueces no le han dado la razón. Lo que Trump no parece tener claro, es que si esa decisión está en contra de lo establecido en la Constitución, no se va a cumplir, por más poderoso que el Presidente pueda ser. Por lo menos, hasta que no se determine cual de las partes tiene la razón. Y eso fue lo que sucedió cuando el juez federal del Estado de Washington, James Robart, prohibió a los trabajadores federales de todo el país aplicar el decreto presidencial.

Aquí radica el valor que tiene la justicia para un sistema democrático. El fallo de un juez tiene el poder de limitar las decisiones presidenciales a lo que está permitido. Por eso la justicia, es el mayor y más efectivo de los contrapesos con que cuentan las democracias. Es quien debe garantizar que los poderes públicos y los ciudadanos cumplan con la Constitución y las Leyes. Y como dice Stockton: “Las constituciones son cadenas con las cuales los hombres se atan a sí mismos en sus momentos de cordura para evitar perecer por suicidio el día que desvaríen”.

En Colombia han sido muchos los ejemplos que se pueden citar para mostrar cómo los presidentes, por poderosos que hayan sido, han tenido que someterse al cumplimiento de la Constitución y las leyes. Entre los casos más recientes y emblemáticos está, la decisión de la Corte Constitucional de declarar  “inconstitucional por vicios de forma y de fondo el referendo que buscaba la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe”. Fue gracias a los jueces que se puso freno a la parapolítica, o a los procedimientos absurdos de las llamadas ejecuciones extra-judiciales (también conocidos como “falsos positivos”). Ha sido gracias a las sentencias judiciales que en muchas ocasiones se ha logrado contener los desvaríos de gobernantes y gobernados, en aras de preservar el orden jurídico sobre el que se funda la existencia y la acción del Estado colombiano.

Por eso resulta preocupante que en Colombia, en los últimos años, los jueces puedan haber perdido el horizonte de sus funciones en la contención de los desvaríos. Y con ello hayan sacrificado la majestad de su independencia. ¿Con fundamento en qué facultad, han considerado que el Congreso, sin que la Constitución le confiera tal atribución, pueda refrendar un Acuerdo suscrito entre el gobierno y las FARC? ¿Son conscientes los Magistrados de la Corte Constitucional de las implicaciones que tiene esa decisión sobre la vigencia de la Constitución y las Leyes? ¿Entienden lo que significa entregar de manera exclusiva (y sin tiempo determinado) al Presidente de la República la iniciativa de presentar las leyes que serán discutidas en el Congreso, y más aún que sea quien aprueba o no los cambios que quieran introducir los congresistas a los proyectos presentados por el gobierno? ¿Qué pasó con el principio de indelegabilidad de las competencias de los órganos y entidades que configuran el poder público y sin que existe alguna cláusula que lo permita (incluso de manera excepcional), que se le delegue al gobierno semejante función? La lista de preguntas es mucho más larga.

Hayeck, dijo “La Constitución es una atadura que el Peter sobrio le impone al Peter bebido”. Y nada que embriague más que la búsqueda de la paz. Pero esa no se logra a cualquier precio, ni de cualquier manera. Ni el valor “supremo” de la paz, está por encima de la justicia, de manera que pueda imponer cualquier orden. Ni la justicia puede llevar a un estado de cosas que vaya a dinamitar la paz.

Pero no hemos sabido guardar ese frágil equilibrio. No me canso de decir que, en nombre de la paz, se han cambiado las normas y alterado las instituciones. Se sacrificó la justicia y se decretó la demolición de la Constitución de 1991. Olvidamos que en su época, fue la cadena con las cuales los colombianos acordamos atarnos, en un “momento de cordura para evitar perecer por suicidio el día en que nos de por disvariar”. Un buen ejemplo comienzan a dar los jueces del norte a sus colegas colombianos.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.