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Opinión

  • | 2001/09/24 00:00

    La propuesta de Garzón

    Y que no se diga que es una propuesta inmoral: al revés. Lo que es demostradamente inmoral es la prohibición

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Anuncia el candidato Luis Eduardo Garzón que cuando él sea presidente legalizará las drogas en Colombia. No es que Garzón tenga muchas posibilidades de ganar. Pero hay que decir que la suya es la primera propuesta sensata que haya hecho un candidato a la Presidencia de Colombia en muchos años.

Legalizar las drogas en Colombia no es suficiente, por supuesto. Para ser verdaderamente eficaz la medida tendría que ser universal: para todo el proceso (producción, tráfico y consumo) y en todos los países del mundo. Pero es inútil plantearla así, porque se oponen los Estados Unidos: el principal consumidor de drogas, su principal perseguidor, y casi el único beneficiario del negocio. La legalización local, en cambio, tiene el mérito de que es posible. Tendría sin duda consecuencias malas, pero otras muchas buenas. Conviene analizar unas y otras.

Y que no se diga que es una propuesta inmoral: al revés. Lo que es demostradamente inmoral, por los efectos que ha tenido en todas partes, es la prohibición.

Las desventajas de una legalización unilateral son obvias. Colombia sería declarado un “país paria”, probablemente condenado al aislamiento por la llamada ‘comunidad internacional’ y seguramente castigado por los Estados Unidos con todos sus fierros: en lo económico (no habría inversiones ni créditos); en lo comercial (no nos comprarían nuestras flores ni nuestro café, ni nos venderían sus maquinarias o sus medicinas); en lo diplomático (los colombianos no podríamos viajar a Miami); en lo militar: nos bombardearían. Colombia sería como Irak, digamos, o al menos como Cuba.

Aunque cabe suponer que, como en esos dos casos, no faltarían en el mundo países dispuestos a saltarse a la torera el bloqueo decretado por los Estados Unidos: cercanos como Venezuela o remotos como la China o los de la Unión Europea. Y los Estados Unidos mismos, por su parte, no dejarían de importar nuestras drogas, que constituyen el único renglón significativo del comercio bilateral entre los dos países. Porque si algo han probado de sobra los 25 años de “guerra frontal contra las drogas” es que los norteamericanos pueden vivir sin que Ernesto Samper viaje a Miami y sin comprar claveles de la Sabana: pero no pueden abstenerse de consumir drogas ilícitas.

En cuanto a la persecución militar, ya la padecemos: ya nos bombardean. La única diferencia sería que a esa agresión dejarían de llamarla “ayuda”. (O quizá no: la capacidad de hipocresía de los gobiernos de los Estados Unidos es infinita. Al bombardeo de Yugoslavia lo llamaron sin sonrojarse “intervención humanitaria”).

Por otro lado, las ventajas de la legalización unilateral de las drogas, igualmente obvias, además serían reales. La primera es que cesaría esa llamada “guerra frontal”, pero librada sólo aquí, que ha destruido el país física y moralmente. No pondríamos más muertos: jueces, o policías, o candidatos presidenciales, o narcos. Disminuirían el crimen y la corrupción, pues las mafias de la droga no serían ya organizaciones criminales con ejércitos de sicarios y políticos a sueldo, sino simples grupos económicos que (como los demás) se limitarían a evadir impuestos y violar leyes laborales (cosa que ya hacen). Cesaría la insensata devastación ecológica que hoy hace que por cada hectárea de cultivos ilegales destruida por la fumigación se tale una hectárea nueva de selva para resembrarlos.

A ese ahorro en vidas, y en tierras, habría que sumar el ahorro en dinero. Hace tres semanas decía esta revista en su informe sobre las propuestas de legalización de The Economist que “perseguir la droga le cuesta al Estado colombiano 4.000 millones de dólares al año, según los estimativos que el gobierno hizo para diseñar el Plan Colombia”. O sea: tres veces cada año el monto total de la “ayuda”, que es para siete. Cuatro mil millones que, sumados a los de la “ayuda”, no sólo son tirados al caño en una guerra inútil (hoy se producen en Colombia más drogas que hace 20 años), sino que son además invertidos consciente y deliberadamente en hacer daño. Cuatro mil millones que podrían ser invertidos, en cambio, en cosas útiles: en educación, o en salud, o en recuperación de los ríos o del campo. O al menos, dada la inclinación habitual de nuestros estadistas, en represión: pero en represión de delitos de verdad dañinos, como el secuestro, o, si lo prefieren, el robo de automotores.

Imagínense ustedes que la prensa diaria, en vez de la habitual noticia “destruidos 20 laboratorios de coca”, diera otra que dijera “rescatados 20 secuestrados” (o, si lo prefieren, “recuperadas 20 tractomulas”). El mero hecho de no destruir 20 laboratorios sería ya una ganancia neta: salvados 200 puestos de trabajo. El mero hecho de no fumigar 50.000 hectáreas de cultivos salvaría otras tantas hectáreas de selva no talada (más las 50.000 originales, que seguirían siendo productivas). El mero hecho de no perseguir los bienes del narcotráfico haría que se quedaran en Colombia, en vez de refugiarse en los Estados Unidos, donde la ley sí los protege.

Una ventaja adicional traería la legalización unilateral de las drogas que propone Luis Eduardo Garzón: nos ahorraríamos los sermones de la señora Patterson.
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