Martes, 17 de enero de 2017

| 2005/08/07 00:00

La quimera de comprar la cosecha de coca

El experto Francisco Thoumi ofrece cinco argumentos de peso contra la propuesta del presidente Uribe de comprar la coca a los raspachines.

La quimera de comprar la cosecha de coca

Hace unos días, el presidente Uribe en un concejo comunitario en Villavicencio sorprendió al país con su ofrecimiento de comprar las cosechas de coca a los cultivadores de Meta. Esta es una medida aparentemente ingeniosa para competir con los narcotraficantes, las guerrillas y los grupos paramilitares en el negocio ilegal y así disminuir las fuentes de financiamiento del conflicto armado. Sin embargo, a pesar de su aparente atractivo, esta no es una opción para el gobierno colombiano, pues, de implantarse, crearía un cúmulo de problemas jurídicos y dentro de los mercados ilegales que harían que no fuera viable.

Para empezar, la compra de coca ilegal iría en contravía de las tres Convenciones de Naciones Unidas sobre drogas que alteran la mente, la Convención sobre Crimen Organizado y la Convención sobre Terrorismo, que está en proceso de elaboración. En otras palabras, para implementar la propuesta del Presidente, el país debería repudiar cuatro convenciones y abstenerse de firmar la quinta. No parece que el Presidente haya evaluado las consecuencias internacionales de una acción de este tipo.

En el ámbito nacional esta medida probablemente sería ilegal. No soy jurista, pero creo que sería muy difícil que el gobierno comprara legalmente el producto de una actividad delictiva. Mientras el cultivo de coca sea un delito, al comprar la coca el gobierno estaría jugando el papel de un reducidor de artículos robados. Es decir, para comprar la coca, el gobierno debería primero legalizar los cultivos de manera que esta actividad no fuera un delito.

Las implicaciones económicas de un programa de compra de coca no parecen haber sido tenidas en cuenta antes de proclamarlo, pues enfrentaría muchos obstáculos y tendría una serie notable de efectos negativos. Primero, no hay una partida presupuestal para ese fin, por lo que se esperaría que la compra de coca aumentara el déficit fiscal. Segundo, cualquier presupuesto podría ser insuficiente. La coca representa menos del uno por ciento del precio de venta de la cocaína al detal en los mercados de Estados Unidos y Europa. Por consiguiente, los traficantes podrían pagar varias veces el precio actual sin afectar sustancialmente el precio de venta a los consumidores o sus ganancias totales. No parece posible que el gobierno pueda competir en tal caso con la industria ilegal, aunque se puede afirmar que los ingresos del campesinado posiblemente se aumentarían. Tercero, la compra de coca actuaría como un soporte de precios que disminuiría el riesgo de los campesinos y haría a la coca aun más atractiva en relación con los productos legales, incluidos los de los programas de desarrollo alternativo. La experiencia de pagar a los campesinos por erradicar coca en el Chapare boliviano es importante y confirma la afirmación anterior. Cuarto, en Colombia los programas subsidiados de desarrollo rural son muy débiles o inexistentes. La compra de coca daría al campesinado una señal errada, pues le demostraría que los cultivos ilegales son un prerrequisito para lograr atención y ayuda gubernamentales. Quinto, cualquier programa de compra requiere una compleja organización que garantice que se pague por la coca pactada, que esta no sea reciclada en el mercado negro y que los compradores no engañen al campesinado. Sexto, para que un programa de esta naturaleza tenga efecto, se requiere que sea negociado con organizaciones campesinas que puedan intervenir en los grupos sociales afectados, para que los pactos adquiridos se cumplan. La propuesta presidencial parece reflejar el individualismo del campesinado colombiano, y la coca se compraría individualmente. Colombia, en este caso, está en gran desventaja respecto a Perú y Bolivia donde hay fuertes comunidades con las que se puede negociar.

En realidad, no sé de algún documento del gobierno colombiano que respalde la propuesta del Presidente, la que parece haber sido formulada en el calor del concejo comunitario. Es cierto que a muchos esta idea les puede parecer de sentido común. Infortunadamente, los mercados funcionan de manera contra intuitiva y muchas ideas de sentido común llevan a fracasos notables si se implementan sin tener en cuenta todas sus consecuencias.

El fenómeno de las drogas ilegales es muy complejo. Los gobiernos de muchos países incluidos Estados Unidos y Colombia han buscado y continúan buscando soluciones simples que no requieran reformas sustantivas dentro de sus sociedades, pero que en el mejor de los casos tienen algunos logros de corto plazo. Propuestas como la compra de coca caen en esta categoría: parecen ser el producto de mentes geniales, pero son sólo una quimera.

* Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito. Universidad del Rosario

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