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Opinión

  • | 2013/10/24 00:00

    Cinco siglos igual

    Aunque durante los últimos 20 años se ha hablado mucho de los derechos de los indígenas, hay una enorme discrepancia entre las normas y la realidad en la que viven.

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El pasado 12 de octubre, durante una reunión con varias organizaciones indígenas en Santa Marta, el presidente Santos aseguró que estas comunidades se han visto “considerablemente afectadas por el conflicto” e insistió en que su apoyo para la reconciliación del país es importante. También afirmó que le gustaría mantener un diálogo permanente con esa población y que seguiría trabajando para que los indígenas “se sientan cada vez más protegidos, más fuertes” y más incluidos en el país.

Ese mismo día, el movimiento indígena colombiano se declaraba en Minga o movilización colectiva pacífica para exigir soluciones por parte del gobierno a la que el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC, Luis Fernando Arias, ha denominado “violación histórica de los derechos de las comunidades”. En recientes declaraciones concedidas a esta revista, Arias afirmó que “más del 70% de los acuerdos pactados con el Gobierno en tres años de negociación no se han cumplido”. 

Riesgo de genocidio indígena 

Pero no sólo el conflicto armado ha puesto en riesgo a la población indígena y la ha convertido en víctima. La “violación histórica” a la que Arias alude hunde sus raíces en causas estructurales y culturales: Desde hace siglos, la actitud constante de sucesivos gobiernos hacia el tema indígena ha sido de menosprecio, abandono, explotación, indiferencia e irrespeto. 

Esta actitud se ha visto soportada por la de una porción de la sociedad colombiana, tendiente al arribismo y al clasismo, que no sólo niega su innegable origen indígena, sino que ha convertido el “ser indio” en un insulto. 

Pese a que desde la Constitución del 91 se ha reconocido finalmente a los pueblos indígenas como sujetos de derechos merecedores de un trato diferencial, hay una enorme discrepancia entre lo escrito en las normas y la realidad que viven las comunidades. En algunos casos, sus condiciones de vida son iguales e incluso peores que durante la colonia. 

La situación es tan grave que la Corte Constitucional ha determinado que 35 grupos indígenas están en riesgo de extinción, tanto física como cultural, debido a la violencia en el país.

Un buen ejemplo de la falta de interés que despierta el tema indígena en Colombia es la nula atención que recibió el Informe de Riesgo de Genocidio Indígena publicado el pasado mes de agosto por el Proyecto Centinela (The Sentinel Project). 

En el documento, de 25 páginas, la organización sin ánimo de lucro con sede en Canadá dedicada “a hacer alertas tempranas efectivas sobre genocidio y que propende por la implementación de medidas preventivas”, alerta sobre la existencia de varios factores de riesgo con base en el análisis de diversos aspectos socioculturales, económicos, políticos e institucionales, entre otros. 

Los temas expuestos en el Informe del Proyecto Centinela coinciden con las exigencias del movimiento indígena durante la Minga, que se mantiene al momento de escribir este artículo. El documento parte de que “los pueblos indígenas demandan diferentes derechos, como a su propia seguridad e integridad territorial, la cual ha sido violada reiteradamente tanto por los grupos armados como por el Gobierno”. Estas demandas, dice el informe, “son razonables y han sido formalmente reconocidas en la Constitución, así como por el gobierno y la Corte Constitucional, pero no significan mucho en la práctica”.

Las demandas de la Minga y los temas del informe

Coincidiendo con el punto sobre Derechos Humanos, Conflicto Armado y Paz, el Informe afirma que los pueblos indígenas están siendo desproporcionadamente afectados por el conflicto y son objetivos militares de todos los actores armados. 

Según el Proyecto Centinela, el hecho de que varios grupos indígenas negocien autónomamente con las guerrillas la retirada insurgente de sus territorios ha despertado recelos y suspicacias en los grupos paramilitares y en las Fuerzas Armadas y el conjunto del Estado, que los equiparan con “terroristas”. 

Para la ONG, “el hecho de que todas las partes en conflicto vean equivocadamente a los indígenas como una amenaza aumenta la posibilidad de genocidio”. El pasado 15 de octubre, cuarto día de la Minga, el grupo paramilitar ‘Los Rastrojos’ amenazó de muerte a través de un panfleto a los líderes de las comunidades indígenas que participan en la protesta.

Sobre las Mingas, el informe dice que, aunque son útiles para llamar la atención del Estado sobre los temas que les afectan, pueden suponer otro riesgo de genocidio por exponer a los indígenas a enfrentamientos masivos con la Fuerza Pública y otros grupos armados. 

Según declaraciones del secretario de la ONIC, Juvenal Arrieta, al momento de escribir este artículo ya había 128 participantes de la Minga heridos por armas de largo alcance. La organización denunció en redes sociales abusos como golpes, quema de cambuches, pertenencias y comida por parte delas fuerzas de seguridad desplegadas para reprimir las protestas.

En lo referente al territorio, la población exige, entre otras muchas cosas, que se respete su autonomía territorial y que exista una garantía de protección de los resguardos indígenas. Según el informe, “vivir en regiones aisladas de los centros urbanos y escasamente habitadas genera inseguridad (…), puesto que el gobierno no tiene control formal de muchas de estas áreas, por lo que varios grupos guerrilleros y paramilitares las han tomado bajo su control”. 

Por otra parte, la presencia de valiosos recursos minerales en las zonas habitadas por indígenas convierte a la población en objetivo de muchos actores que sólo defienden sus propios intereses. En ese sentido, “el crecimiento económico de Colombia podría jugar un rol de amenaza por su priorización de la extracción de recursos por encima del respeto a los derechos indígenas, también, de posesión de la tierra”, afirma el documento.

Respecto a las políticas minero-energética, económica y agraria del país, las comunidades indígenas exigieron, durante el encuentro sostenido el 21 de octubre con el ministro del Interior en el resguardo La María de Piendamó (Cauca), “la modificación de la normatividad del asunto minero energético” y la “exclusión de los territorios indígenas y otras áreas protegidas de toda práctica extractiva e hidrocarburífera”. Asimismo, insistieron en exigir respeto a la consulta previa, libre e informada.

Por su parte, el Informe de Riesgo de Genocidio Indígena afirma que los pueblos originarios “son vistos como obstáculos al progreso económico del gobierno, la guerrilla y los paramilitares. Las tierras dadas a los indígenas son vistas como no usadas ni abiertas al desarrollo económico por los actores gubernamentales, inversionistas extranjeros y paramilitares cultivadores de drogas, cocaína y palma africana, quienes las desean para poder extraer sus recursos”. 

El Proyecto Centinela es especialmente crítico de los tratados de libre comercio suscritos por países como Canadá y Estados Unidos con Colombia, pues los considera otro factor de riesgo de genocidio: “Compañías de estos países –afirma el documento- han sido culpadas de presionar al gobierno colombiano para que ignore los temas y derechos indígenas en favor del desarrollo económico. A pesar de sus amplios beneficios financieros, se cree que estos acuerdos podrían permitir a las compañías extranjeras perpetuar el despojo a grupos indígenas que viven en territorios ricos en recursos”. 

En lo referente a la autonomía jurídica, política y administrativa, la población indígena exige respeto y aplicación efectiva de los derechos consagrados en la Constitución. Al respecto, el informe afirma que “lo que hace que el caso colombiano sea más riesgoso es que el gobierno ha fallado en implementar estas políticas diferenciales en muchas áreas, dejando a muchos grupos indígenas con los problemas de la diferenciación, pero sin los beneficios que esa diferenciación debería suponer”. 

Al momento de escribir este artículo, la ONIC aseguraba que sigue en Minga a nivel nacional. Según Luis Fernando Arias, su consejero mayor, hay cerca de 80.000 indígenas movilizados en 18 departamentos del país. “No estamos en las calles por capricho, sino porque no tuvimos otra alternativa”, dijo Arias durante su reunión con el ministro del Interior. 

Según el informe del Proyecto Centinela, actualmente hay un riesgo medio de genocidio indígena en Colombia, dada la vulnerabilidad de esta población. Sin embargo, a su juicio, este riesgo es prevenible si se dota a los indígenas colombianos de la seguridad que necesitan reforzando y aplicando realmente sus derechos. 

Del mismo modo en que es una gran contradicción del gobierno de Santos empezar una agenda de negociación con las FARC reconociendo que el conflicto hunde sus raíces en la tenencia de la tierra y en los problemas rurales mientras se ignora y menosprecia al campesinado y sus reivindicaciones, ignorar las demandas de reconocimiento de los pueblos indígenas no sería sólo una injusticia, sino una falta a la palabra dada y a los compromisos adquiridos.

La población indígena, igual que la campesina, está en peligro. Ambas merecen toda la atención del gobierno, del Estado y de la sociedad en general. Las soluciones para estas poblaciones deben ser serias, reales, profundas y estructurales, o no serán. No se puede seguir subestimándolas, ignorándolas y dejándolas a su suerte. Colombia debe dejar de ser una democracia formal y de papel. Los derechos no sólo deben estar hermosamente redactados, sino que deben ser respetados, garantizados y llevados estrictamente a la práctica. Ese sería un gran aporte a la paz.

*Consultora y periodista especializada en temas de paz y asuntos sociales, políticos y humanitarios
En Twitter: @NubiaRojasblog
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