La realidad desobediente

Hace unos días el presidente Álvaro Uribe comunicó su decisión: "El paramilitarismo en Colombia no existe". Así como en algún momento prohibió a sus funcionarios hablar de 'conflicto armado', ordenó suprimir la expresión de todos los sitios oficiales y pregonó que el tal conflicto era una ficción, ahora determinó que los escuadrones de la muerte que han azotado al país son cosa del pasado. La justificación de este nuevo éxito es sencilla: los paramilitares que se desmovilizaron ya no cuentan, y los que siguen activos ya no son paramilitares.

La reclasificación semántica es impecable en la teoría, pero la realidad desobediente muestra que los crímenes siguen ocurriendo. O tal vez no fueron paramilitares los que mataron al jefe de la oficina de cobro de Envigado, uno de sus antiguos hombres. Está claro también que alias '39', duro lugarteniente de Cesar, no cayó fulminado por una gripa, y varias tumbas dan cuenta de las diferencias entre "antiguos hombres" de Mancuso y "antiguos hombres" de 'Don Berna' por el control de la coca en Córdoba, para citar sólo unos ejemplos.

En varias regiones de Colombia, paramilitares que hicieron cola para entregarle el fusil al Alto Comisionado han reaparecido armados y uniformados. Eso sí, han cambiado el nombre de los grupos. Ahora se llaman 'Águilas Negras' o 'Los Pulpos' o 'Autodefensas Campesinas del norte del Valle'. La forma de operación sigue siendo la misma de siempre. Y los objetivos, idénticos: traficar, apoderarse de las mejores tierras, cobrar extorsiones, expulsar o asesinar a quien se les oponga y también enfrentar a la guerrilla, cuando hay guerrilla.

Bandas emergentes los ha bautizado el gobierno para que distingamos entre ellos antes y ellos después del exitoso proceso de paz. Pero, caramba, si se parecen.

Los asesinatos no se han quedado en la vendetta interna. Quienes han denunciado sus crímenes y sus mentiras también han estado en la mira.

La última víctima se llamaba Yolanda Izquierdo Berrío. Representaba a 600 campesinos a quienes los paramilitares les habían robado sus tierras en Córdoba. Ella misma había sido despojada de su parcela en Valencia, dentro de la pretendida reforma agraria de los hermanos Castaño, cuando dijeron que repartirían 10.000 hectáreas conseguidas a sangre y fuego.

Con las escrituras que demostraban el engaño fue a Medellín, a la audiencia del jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Quería probar que Vicente Castaño y 'Don Berna', entre otros, seguían engordando sus vacas en los terrenos robados a los más humildes. Muy rápido empezaron a amenazarla. Le pidió protección al Estado, pero no se la dieron. La mataron fácilmente esta semana en Montería. Sus cinco hijos quedaron huérfanos, y su esposo, herido en el atentado.

El Ministro del Interior explicó que el gobierno no la había podido proteger por un enredo burocrático. La burocracia se enredó para cuidar a una víctima, pero no encontró trabas para escoltar inmediatamente y por largo plazo al comandante Salvatore Mancuso. Guardaespaldas del gobierno, armados con los sofisticados fusiles comprados por el director del DAS Jorge Noguera, lo cuidaban día y noche cuando recorría o sobrevolaba en helicóptero las mismas tierras que reclamaban Yolanda y los campesinos que representaba. O cuando el 'mono' visitaba en Montería el 'Club Campestre', lugar que la desplazada nunca tuvo oportunidad de conocer .

Ahora dicen que detrás del crimen puede estar la suegra de 'Monoleche' que dirigía Funpazcord, la fundación inventada por los Castaño para promover su curiosa reforma agraria.

No es el único caso. A familiares del senador Gustavo Petro los empezaron a amenazar, cuando él anunció que revelaría en el Congreso quiénes han estado detrás de los paramilitares en Antioquia.

La pregunta, señor Presidente, es: ¿quién está asesinando y amenazando a los denunciantes, si el paramilitarismo se acabó?