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Opinión

  • | 2003/08/11 00:00

    La reanudación de vuelos como política contra las drogas

    Esta semana el gobierno estadounidense decidió reanudar los vuelos antidrogas en Colombia. El investigador <b>Francisco Thoumi</b> habla sobre los beneficios de la medida y de la necesidad de cambiar de estrategia frente al narcotráfico.

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El anuncio de la aprobación de parte de Estados Unidos de la reanudación de la interceptación de vuelos clandestinos representa un cambio importante en las políticas contra las drogas ilegales. Esta política representa una mejora sustantiva respecto a la fumigación de cultivos ilícitos. Primero, está diseñada para atacar al narcotráfico en lugar del campesinado. Segundo, si tiene éxito, bajará los precios de la coca y el opio lo cual es el mejor incentivo para que el campesinado deje de cultivar. Tercero, complementa la política de control territorial del gobierno. No cabe duda que un estado moderno que se respete debe controlar no solamente su superficie terrestre sino también sus espacios aéreos. Cuarto, la interceptación de aeronaves clandestinas afecta no solamente al contrabando de exportación de cocaína y heroína sino también el posible contrabando de importación de armamentos, billetes de dólares e insumos químicos para la industria ilegal. Quinto, es necesario enfatizar la necesidad de aplicar la política con sumo cuidado para no repetir la tragedia de los misioneros estadounidenses cuyo avión fue derribado en el Perú en abril del 2001.

A pesar de estas ventajas, la interceptación y destrucción de aviones clandestinos no es en sí misma una panacea. Los resultados de la política dependen de la forma en que esta se aplique. Para que esta política tenga éxito, es decir, contribuya sustancialmente a disminuir los cultivos ilícitos y el narcotráfico es necesario complementarla con otras medidas. Por ejemplo, es necesario fortalecer el control sobre el transporte en los ríos amazónicos y las costas del país. Es decir, se trata de evitar que las drogas ilegales salgan de Colombia y que armas e insumos químicos no entren. Solo así se logrará atacar en serio al narcotráfico. De otra forma, lo más que se podría lograr es un aumento en los costos de la industria ilegal, lo cual, aunque positivo, podría no ser significativo.

La experiencia peruana ilustra claramente algunas fallas en la política que se deben evitar. El programa peruano empezó en 1990. De acuerdo con cifras de la Fuerza Aérea, en 1990 se neutralizaron 3 aviones, es decir, aviones capturados en tierra, obligados a aterrizar o destruidos en el aire. Esta cifra fue de 11 en 1991, 11 en 1992, 25 en 1993, 15 en 1994 y 20 en 1995. Estas cifras cayeron sustancialmente en años siguientes: tres en 1996, 10 en 1997, cero en 1998 y 1999, dos en 2000 y uno en 2001. Hay sectores del gobierno peruana que atribuyen un gran éxito a esta política. Sin embargo un escrutinio de las cifras de producción y precios indica que esta política tuvo muy pocos logros. Primero, según las Naciones Unidas, entre 1990 y 1995 el área cultivada fluctuó entre 108.600 y 129.100 hectáreas y en 1995 estaba en 115.300. En los años siguientes se experimentó una caída radical. Segundo, según esta misma fuente, los precios de coca en el Alto Huallaga (en dólares constantes del 2000) fueron muy bajos en 1990 ($0,92 por kilogramo) cuando el gobierno colombiano estaba luchando contra el narcoterrorismo que causó la muerte de varios candidatos presidenciales. Estos subieron en los años siguientes y se mantuvieron entre $2 y $3 por kilo hasta 1995 cuando volvió a bajar a $1.24 llegando a su nivel más bajo en 1996 ($0,66 por kilo) y 1997 (0,77 por kilo) recuperándose rápidamente en los años siguientes volviendo a niveles comparables a los más altos de la década anterior en 2000 ($2,70 por kilo).

Estas cifras indican que los precios y cultivos del Perú cayeron cuando el gobierno colombiano encarceló al cartel de Cali y cuando los cultivos de coca en Colombia ya se habían disparado. Es decir, la interceptación aérea no tuvo efectos significativos. Más aún, las cifras son consistentes con las interpretaciones de Fernando Rospigliosi, el primer ministro del interior del actual gobierno peruano quien en su libro Montesinos y las fuerzas armadas documenta como Vladimiro Montesinos controló el tráfico de cocaína en el Perú desde principios de la década pasada. Las cifras apoyan la hipótesis de que el programa de interceptación fue usado por Montesinos como un arma para destruir la competencia.

El caso peruano confirma la carencia de una política que sea una panacea respecto a las drogas ilegales. Sin duda esta política genera menos "daños colaterales" que otras como la fumigación. Sin embargo, repitiendo lo que he afirmado ya muchas veces, como el problema de las drogas no es de política sino de instituciones y valores, tanto en los Estados Unidos y, Europa como en Colombia, las políticas represivas en el mejor de los casos mejoran la situación en el corto plazo pero no resuelven el problema.

*Investigador experto en cultivos ilícitos.
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