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Opinión

  • | 2013/12/21 00:00

    La red de beneficiarios de baldíos de Ernesto Garcés Soto

    Al parecer, este poderoso empresario y político antioqueño armó una compleja red de familiares y amigos para hacerse a miles de hectáreas en el municipio de Caucasia, Antioquia.

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El 31 de diciembre de 2001 no debió ser un día fácil para Héctor Manuel Pineda Gómez, gerente regional del extinto Incora en Antioquia. Ese día firmó 42 resoluciones de adjudicación de predios baldíos, es decir del Estado, a un grupo de solicitantes que “acreditaron todos los requisitos y condiciones para la expedición del título de dominio”.

Tanta diligencia de un funcionario en un día donde la gran mayoría de las personas está pensando en las fiestas del último día del año, le daba cierto carácter de eficiencia a su tarea, pero una vez revisadas las 42 resoluciones, cuyos números me los cedió gentilmente el grupo de trabajo del Representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, comencé a sospechar de la diligencia de Pineda Gómez, quien, valga la aclaración, se formó en las filas del Partido Conservador en Antioquia.

Resulta que las adjudicaciones no se las hicieron a campesinos pobres, como dice la norma que tendría que ser, para su supervivencia y la de su familia en lo que se llama una Unidad Agrícola Familiar. Quienes recibieron esos 42 predios, ubicados en el corregimiento Margento, de Caucasia, frontera con Ayapel, departamento de Córdoba, hacían parte de una red familiar, empresarial y clientelar de Ernesto Garcés Soto, poderoso empresario cafetero antioqueño, miembro del Partido Conservador e íntimo amigo del ex presidente de la República y candidato al Senado, Álvaro Uribe Vélez. Uno de los pocos que le puede hablar al oído.

Una mirada detallada a una parte del informe que el pasado 29 de octubre le envió Cepeda Castro a Rey Ariel Borbón, gerente general del Incoder (antiguo Incora), permite desentramar lo que en apariencia es una intrincada estructura para hacerse a por lo menos 2,500 hectáreas en una zona de explotación minera, en la que no sólo participaron sus hijos, sino uno otros parientes, empleados de sus empresas, miembros de las juntas directivas de sus empresas y políticos de su tierra natal, Corcordia.

Para tratar de sistematizar mejor esa información, me puse en la tarea de crear seis grupos de beneficiarios de las adjudicaciones de baldíos realizadas por la Gerencia regional de Antioquia del extinto Incora el 31 de diciembre de 2001: a) familia directa y su parentela; b) miembros de junta directiva de sus empresas; c) políticos locales y sus parientes; d) empleados de las empresas; e) personajes representativos; f) otros. Para una mejor comprensión de la red de adjudicatarios, mostraré algunos casos de cada uno de ellos

En lo que respecta al grupo familiar, ya se ha dicho, recibieron predios sus cuatro hijos -Dora Cristina, Victoria Eugenia, Marta Isabel y Julio Alberto Garcés Lema-. Pero además de ello aparecen como beneficiarios una serie de personas, hombres y mujeres, que a partir de sus apellidos se podría inferir una relación de parentesco, se trata de Lema Salazar, González Lema, Lema Restrepo, Lema de González, Garcés Acosta, y quienes tienen un gran porcentaje de las tierras adjudicadas como baldíos.

En el grupo de miembros de junta directiva, es necesario destacar que se cruzó la información de las resoluciones de adjudicación con tres empresas de propiedad de Ernesto Garcés Soto, que son Garlema S.A., Inversiones Balsora S.A. y Trilladora Unión S.A., todas ellas del sector agropecuario, registradas en la Superintendencia de Sociedades. 

Resulta que algunos de sus integrantes salieron “favorecidos” por el Incora. El más representativo es Honorio Vélez Uribe, quien hace parte de la junta directiva de las tres empresas; le sigue Luis Guillermo Gaviria Osorno, quien no sólo está en las juntas de Garlema S.A. y Balsora S.A., sino que ha sido el vocero de los productores cafeteros durante los últimos paros del sector a través del movimiento Dignidad Cafetera; luego viene Pedro José Garcés Maya, quien es integrante de la junta de Balsora S.A. y uno de los más beneficiados con la adjudicación, pues recibió dos predios, el mismo día y con dos resoluciones distintas. 

En el tercer grupo se ubican aquellos políticos locales que han tenido alguna representatividad en Concordia y que por alguna razón salieron favorecidos con una adjudicación del Incora. El que más se destaca es el ex alcalde de esa población, Juan Jairo Montoya Correa, quien resultó elegido por el Partido de la U en las elecciones de octubre de 2007 para el periodo 2008-2011, pero fue destituido del cargo antes de terminar su periodo por irregularidades en contratación. Su esposa, Gladis Helena Hernández Barrera, aparece también en la resolución de adjudicación.

Mirando la lista de su gabinete municipal surge Diego Alejandro Guerra Restrepo, quien se desempeñó como secretario de Gobierno de Concordia para el periodo 2008-2011. Pues resulta que uno de sus hermanos, Juan David, también recibió predio del Incora el 31 de diciembre de 2001.

El cuarto grupo está conformado por empleados de las empresas de propiedad de Garcés Soto. Constaté que dos de ellos también fueron adjudicatarios del Incora. Un predio les fue otorgado a Ángela María Betancur Cañola, actual secretaria de gerencia de Garlema, y de Jesús Emilio Agudelo Sánchez, contador de las empresas Balsora S.A. y Trilladora Unión S.A. Adicional a ello, a Beatriz Elena Betancut Cañola, hermana de la anterior, también le dieron predio.

En quinto lugar quise hacer un grupo con personajes que se destacaran por sus relaciones familiares y empresariales, y que aparecieran en cualquiera de las 42 resoluciones de adjudicación de baldíos. Y efectivamente encontré uno, se trata de Sergio Alonso Vélez Sierra, hermano de William Vélez Sierra, uno de los empresarios más poderosos del país en renglones las empresas de aseo, la infraestructura y el sector eléctrico. En el título de adjudicación aparece junto con Victoria Eugenia Garcés Lema, hija de Ernesto Garcés Soto.

Un sexto grupo son personas que no son ni familia directa, ni directivos, ni políticos y sus parientes, ni destacables, pero que mediante consultas en bases de datos son del Suroeste antioqueño o tienen algún nexo con esa subregión. Intuyo que pueden ser personas que han estado cerca del patriarca de Concordia y por algún favor acabaron recibiendo tierras del Incora.

Lo particular de toda esta historia es que 41 de los 42 predios adjudicados como baldíos el 31 de diciembre de 2001, que tienen con restricciones en su comercialización porque se supone que son unidades agrícolas para la subsistencia de familias campesinas, acabaron siendo adquiridos por la empresa Garlema S.A. el 5 de septiembre de 2002, según consta en notarías, lo que podría configurar una violación a la Ley 160 de 1994, que reglamenta la adjudicación de baldíos. Será la justicia, si es capaz de llegar, la que determine que tanta irregularidad hay en todas estos procesos de adjudicación de tierras del Estado.

(*) Periodista y profesor universitario - @jdrestrepoe 

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