La reforma antipolítica

El referendo de Uribe tiene dos objetivos muy obvios y muy buenos, pero tiene otros dos no tan obvios ni tan buenos:

-Los obvios y buenos son disminuir el costo de la política y acabar la corrupción.

-Los menos obvios y menos buenos son acabar la política y tener un Congreso de bolsillo.

Y el chiste del caso está en que los ciudadanos votaríamos en masa por los dos primeros objetivos del Proyecto, pero la reforma en realidad serviría más que todo para lograr los dos últimos.

Comienzo por lo obvio. La reducción del "gasto político" es una bandera sumamente popular, máxime en medio de esta crisis fiscal. Pero las cinco fórmulas de ahorro que plantea el Proyecto en realidad ahorrarían muy poco: los salarios y pensiones de los políticos son sin duda escandalosos pero no pesan casi dentro del fisco; y alguien tendría que asumir las tareas -y los costos- de las contralorías y personerías que van a eliminarse.

Otros seis artículos del Proyecto prohíben o castigan ciertas prácticas políticas corruptas, lo cual -si cabe- es aún más popular: ¿Quién no quiere que se acaben las suplencias, los auxilios, la feria de contratos y el voto secreto de los congresistas? ¿O quién se opone a robustecer la pérdida de investidura y la muerte política?

Lo digo para evitar malentendidos: me he pasado la vida en peleas contra los políticos corruptos. Pero con tres "matices" que sobre modo importa precisar:

-El primero es que no basta prohibir para acabar la corrupción. Ahí está la Carta del 91, escrita de cabo a rabo contra los vicios a la política y sin muchos resultados que mostrar. Y está el hecho de que -¡Dios nos perdone!- el Proyecto de Uribe prohíbe cosas que ya están prohibidas -y otras cosas que estaban prohibidas y el Congreso soberano volvió a desprohibir-.

-El segundo es de sentido común: para acabar la corrupción hay que probar el hecho y encarcelar al político ladrón, en vez de seguir gastando tanta tinta.

-Y el tercero es de fondo: las implicaciones de una reforma política son demasiado serias y demasiado complejas para tratarla como un anexo del Código Penal.

Veamos el caso de los auxilios. Mal está que un congresista robe al fisco para su bolsillo o el de sus tenientes: que se lo prueben y lo metan a la cárcel. Pero bien está que defienda los intereses de la gente que representa: para eso lo eligieron. Por eso, en todas las democracias, el Congreso estudia, ajusta y aprueba la ley de presupuesto.

Con lo cual llegamos al corazón del Proyecto. Después de prohibir los auxilios (mejor dicho, de volver a prohibirlos) y de volver a prohibir que el Congreso se ocupe de las partidas menudas del Presupuesto, dice el Artículo 4 que en audiencias públicas los congresistas se limitarán a "formular, en intervenciones cortas y precisas, los reclamos y aspiraciones de sus comunidades".

Las preguntas son obvias: Si esos "reclamos y aspiraciones" no pueden referirse al presupuesto ¿a qué diablos podrían referirse? Y si sí pueden mencionar la platica ¿son para que el Ministro les haga caso o sea, para que el congresista logre un "auxilio"? ¿O son para que no les haga caso, esto es, para que sobre la audiencia y sobre, de rebote, el congresista?

Supongamos entonces que el Proyecto se aprueba y que en efecto lleguemos a tener políticos que sólo pueden ocuparse de ideas abstractas en un país donde no hay ideas abstractas o siquiera ideas, llenos de inhabilidades y mal pagados, para que al fin de cuentas no les sirvan de nada a las personas que van a votar por ellos.

Es la completa devaluación de la política vale decir, el fin de la política. El sueño de la tecnocracia. El mismo sueño de la derecha. Para decirlo más claro: el de la extrema derecha.

Y mientras ese sueño se va acercando, el Presidente queda facultado para cerrar el Congreso cuando le parezca es decir, cuando al Congreso le dé por hacer lo que el Congreso hace en una democracia.