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Opinión

  • | 2014/06/20 00:00

    La necesaria reforma a la justicia

    En el nuevo cuatrienio se hace indispensable una reforma integral y en todos los niveles del sector justicia.

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Al Gobierno del Presidente Santos, dentro de las diferentes reformas adelantadas le quedó pendiente la que moderniza y actualiza el sector justicia. Ahora en este segundo mandato la reforma debe propender por la eficiencia, la celeridad y la descongestión. Debe iniciar desde las altas cortes, quitándoles a estas las funciones electorales para que se concentren en producir solamente decisiones judiciales, asimismo, ampliar la edad de retiro forzoso. 

Para una minoría de colombianos, como son los congresistas, debe existir una separación institucional entre quien los investiga y juzga, estableciendo para ellos la segunda instancia. Debe pensarse que hacer con el Consejo Superior de la Judicatura. Hay partidarios de su eliminación, sin embargo, la labor adelantada por este órgano como administrador de la justicia ha sido adecuada. 

Si se elimina habría que discernir quien será el nuevo encargado de gerenciar a la rama judicial manteniendo su independencia. Dentro de estas altas cortes debería modificarse la competencia del organismo que procesa a las máximas dignidades en el país, como es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Sería pertinente que así como se le eliminan las funciones electorales a las Cortes, se les deberían remover las funciones judiciales al Congreso.

También se debe analizar la posibilidad de fusionar el Ministerio Público, esto es, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, tener una entidad que vele por los Derechos Humanos y que no participe en los procesos judiciales a través de conceptos, fortaleciendo la defensoría pública.

Aunque la reforma no solamente debe pasar por las más altas instituciones, sino enfocarse en el día a día de la función, por ejemplo, el Ministro de Justicia ha señalado en varias ocasiones como el sistema penal acusatorio no es lo deseable para el país, es lento, poco garantista y no brinda una justicia pronta y oportuna. 

Porque no repensarlo o buscar su mejoramiento. Pero ese mejoramiento del sistema penal, en particular, o de la rama judicial, en general, debe ir acompañado de una gran inversión en recursos físicos, tales como salas de audiencias, infraestructura, la implementación de la tecnología en los procedimientos y en sus sedes, salas de espera y dotar a los funcionarios judiciales de las herramientas necesarias para administrar justicia, si se tiene en cuenta que aún se pasa por despachos en donde se observan las montañas de expedientes y de papel.

El recurso humano también es fundamental en esta reforma, cuando se habla de ampliar plantas de personal, usualmente se piensa en nominas paralelas o funcionarios sin oficio, sin embargo, es claro que el país está creciendo, que los casos que conocía la justicia no son los mismos de hace cuarenta o treinta años, por esa razón es que el Consejo Superior de la Judicatura crea despachos transitorios de descongestión, que no dan abasto o que sirven parcialmente, pero que en definitiva no son la solución y dentro de este nuevo esquema descongestionar significa burocracia, inclusive pensar en jueces especializados de tutela, toda vez que la mayoría de trabajo en los despachos judiciales se concentra en tramitar las acciones de tutela.

Finalmente, la reforma a la justicia debe pasar por una reforma integral al sistema penitenciario, incluyendo las normas que señalan la detención de libertad racionalizándolas y haciéndolas más eficientes. Significa también, reducir el hacinamiento carcelario, el respeto a los Derechos Humanos y la verdadera resocialización.

La tarea no es fácil, pero con voluntad política es posible.

* Profesor Universidades del Rosario y Libre. Magister en Política Criminal y Derecho Penal Internacional del London School of Economics and Political Science (LSE). Abogado admitido en la barra de abogados de la Corte Penal Internacional.
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