La Reforma que pudo haber sido

Colombia no puede darse el lujo de quedar en el limbo jurídico a raíz de la manera fallida en que se aprobó la Reforma a la Justicia.

Independiente de quién tuvo la culpa y quién tiene la responsabilidad política, la realidad es que el país perdió la gran oportunidad de pasar una reforma a la justicia (muy necesaria por cierto), que permitiera despolitizar la justicia, descongestionar los despachos judiciales, hacer mas eficiente su gestión, disminuir los altos niveles de impunidad que vive el país, y brindar las herramientas técnicas y procesales que necesitan los fiscales y jueces para resolver casos tan complejos como los que se ven en Colombia.

Si Colombia pretende acabar con el conflicto armado, reintegrar a miles de desmovilizados de los grupos al margen de la ley, aclarar miles de desapariciones y delitos de lesa humanidad, reparar a las victimas de la violencia, repartir tierras, combatir la delincuencia organizada, disminuir los índices de criminalidad, y resolver los conflictos del día a día que viven todos los colombianos, es indispensable tener una justicia, eficiente, objetiva, imparcial y expedita. Si queremos derrotar a la delincuencia organizada en todas sus formas, tenemos que tener una rama judicial eficiente e incorruptible.

En un país con todo tipo de criminales, la etapa de investigación, probatoria y de juzgamiento dentro de un proceso, no puede depender únicamente del testimonio de delincuentes arrepentidos que lo único que buscan es un beneficio a la pena. Casos son muchos, donde antiguos narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y políticos corruptos acusan y delatan a otros para obtener dichos beneficios. Es triste ver cómo delincuentes de la talla de los Popeye, los Mancuso, los Nule o los Dávila se vuelven dueños de la moral al prender el ventilador y buscar acuerdos con la Fiscalía.

Está claro que la prueba testimonial por sí sola no sirve y que es necesario brindar a la policía judicial, a los fiscales, a los jueces y a los magistrados de herramientas técnicas, periciales y de análisis que les permitan tomar decisiones de manera mas eficiente, objetiva y respetando los principios constitucionales e internacionales en materia de derecho penal.

Es necesario recuperar la soberanía judicial. No podemos seguir recurriendo al facilismo de la extradición, de la cooperación internacional en materia judicial, en la colaboración del FBI o la Interpol, sin desarrollar la capacidad interna para juzgar y condenar a nuestros criminales, y exonerar a aquellos que la duda los beneficie.

En temas de derecho civil, comercial, laboral o de arbitraje el reto es aún mayor, ya que los procesos son susceptibles de todo tipo de manipulaciones e ineficiencia, los jueces o árbitros tienen poco conocimiento técnico o probatorio sobre los temas que se ven abocados a dirimir, y no tienen el escrutinio de los medios de comunicación que tienen los temas penales o derecho público.

La administración de justicia tiene que estar compuesta no solo de instituciones y altas cortes, sino de políticas, procedimientos y herramientas que permitan a las autoridades judiciales investigar, judicializar y tomar decisiones que resuelvan los principales conflictos o problemas que vive la sociedad.

Entendiendo dicha necesidad, el gobierno se embarcó en una reforma que lo único que está generando es mayor inseguridad jurídica.

No es claro si era necesaria una reforma judicial de acto legislativo para mejorar la calidad de los fallos judiciales o no. Hay quienes defienden que esto se hubiese podido enmendar a través de leyes, reglamentos actos administrativos. Lo cierto es que Colombia es un país garantista que defiende una serie de principios fundamentales que están más al servicio de los criminales que de la sociedad o de las mismas víctimas.

La seguridad democrática y el fortalecimiento de las fuerzas armadas fue un primer paso, pero la justicia y la seguridad jurídica es la que nos va a permitir dirimir los conflictos, crecer económicamente, alcanzar el desarrollo social y sacar a las clases menos favorecidas de la pobreza.

Una sociedad democrática madura resuelve sus diferencias a través del aparato judicial. Un país atractivo para los inversionistas, requiere de seguridad jurídica, y del respeto de las instituciones, las leyes y los fallos judiciales.

Esperemos que por tratar de enmendar este adefesio, el Presidente o quienes abogan por un referendo no creen un problema institucional mayor.


*Director para América Latina de Kroll Advisory Solutions