Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1996/09/23 00:00

LA REFORMITA DE SAMPER

¡QUIEN PUEDE CREERLE AL PRESIDENTE O AL CONGRESO QUE NO HAY ANIMO REVANCHISTA EN LA REFORMA? ¿COMO SE PUEDE EXPLICAR QUE NO TOQUE LA EXTRADICION?

LA REFORMITA DE SAMPER

Como si no sobraran los motivos que deben tener preocupadísimo al presidente Ernesto Samper por el controvertido papel que ocupará muy seguramente en la historia del país _cuando ésta se escriba_ ahora resolvió añadirle uno nuevo: una reforma constitucional. Ella, está claro, no logrará limpiar su nombre para la pos- teridad, pero sí podría empeorar su fama como Presidente. Porque, como van las cosas, terminaremos reformando de la Carta del 91 una serie de artículos perfectamente prescindibles para la vida del país, o fácilmente llevaderos tal y como están hoy. No veo fácil, en cambio, que prosperen los tres temas fundamentales que justificarían el cambio constitucional: la reforma de la Fiscalía, la extradición y la modificación del sistema de juzgamiento de altos funcionarios del Estado. Distinto de estos tres puntos, no existe ningún otro que justifique la decisión de embarcarse en una reforma que tiene tantos riesgos de salir mal, no solo por inocua, sino porque ya comienzan a vislumbrarse los consabidos micos, comenzando por el de crearle al enriquecimiento ilícito cometido por los congresistas un régimen de excepción, consistente en penas más blandas que si el ilícito es cometido por un particular. Me atrevo a apostar que Colombia puede sobrevivir sin unificar el calendario de las elecciones; sin modificar el régimen actual de la conmoción interior; sin estatutos para la oposición (para que haya oposición no se necesita sino que el actual gobierno deje de darles puestos a los lentejos); sin eliminar al vicepresidente y regresar al designado; sin acabar con la circunscripción nacional; sin implantar el voto obligatorio; sin entregarle los organismos de fiscalización a un partido distinto al del gobierno (que parte de la premisa falsa de que la función fiscalizadora debe hacerse por razones políticas y partidistas, y no por razones morales); sin prohibir que los narcos o los ladrones financien las campañas políticas, porque ya la ley prohíbe ser narco y ladrón, pero además porque dejarse financiar con dineros del narcotráfico no podrá impedirlo una norma constitucional si el candidato en cuestión se empeña en recibirlos. Nada de lo anterior, insisto, amerita embarcarse en la aventura de una reforma constitucional. Pero los tres puntos mencionados al comienzo de esta columna sí la justifican ampliamente, sólo que se tropiezan con la circunstancia de que tendrían que ser propuestos y aprobados por un gobierno y un Congreso sospechosos en sus motivaciones. Por ejemplo, es claro que al país le convendría reformar a la Fiscalía de tal manera que se le respetaran y hasta fortalecieran sus funciones investigativas, pero que se le quitaran sus funciones de juzgamiento que, como su nombre lo indica, deberían ser devueltas a los jueces. Pero, ¿quién puede creerle al actual Presidente de la República, o al actual Congreso, que no hay ánimo revanchista en la forma como impulsarán esta reforma? Terminaríamos ante la grave posibilidad de que la Fiscalía quede reformada por quienes están siendo comprometedoramente fiscalizados por ella. Comenzando por el Presidente, que no por haber sido absuelto por la Cámara deja de estar exento de que aparezcan nuevas pruebas en su contra, y terminando por los congresistas, varios de los cuales aguardan actualmente presos un veredicto por enriquecimiento ilícito, mientras otros todavía esperan nerviosos desde sus curules una suerte semejante. Frente al segundo punto, el de la extradición, el país no puede ni entender, ni aceptar, que el Presidente nos comprometa en una reforma que no toque ni de lejos tan controvertido tema. Si eludirlo fuera producto de una profunda convicción patriótica de su parte, habría una explicación. Pero hay razones de peso para creer que el Presidente está chantajeado por motivos personales, al igual que muchos de los congresistas actuales. Se requirió que el valiente senador Luis Guillermo Giraldo, con el tímido apoyo de la Dirección Liberal, tuviera el valor de proponer la inclusión del tema en la reforma constitucional. No veo qué cara le quede a Samper para seguirse haciendo el de la vista gorda con respecto a esa posibilidad. En cuanto al tercer punto fundamental de la reforma, es claro que el Congreso no puede seguir siendo el encargado de juzgar a los más altos funcionarios. El espectáculo que acabamos de presenciar a raíz del juicio al Presidente por parte de la Cámara indica que, tal y como están las cosas, es prácticamente imposible tumbar a un Presidente, por inmoral que éste sea. Poner a un congresista a juzgar al Presidente es obligarlo a prevaricar, bien por amistad política, bien por enemistad. Esta función debería pasar a la Corte Suprema (lo que le permitiría al hermano periodista del Presidente utilizar la palabra 'transparente' con mayor comodidad). Pero es obvio que no puede esperarse que ni el presidente Samper, ni el actual Congreso (con honorables excepciones por parte de algunos senadores) se le midan a plantear esta reforma y menos a sacarla adelante. Nos encontramos ad portas de una reforma llena de bagatelas. Como está planteada, no tiene propósito distinto que el de incluir en los libros de historia una referencia a algo que podría denominarse 'la reforma Samper'. Pero si el Presidente cree que por obligarnos a incrustar su reformita en la hecatombe actual del país va a desaparecer el funesto concepto sobre su cuatrienio de gobierno, está muy equivocado. Las reformas constitucionales como trampolines de prestigio son muy peligrosas. Y en lo que respecta a Samper, corre el riesgo de que la suya sólo le sirva para endurecer a los jueces de la historia.

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