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Opinión

  • | 2015/04/29 11:21

    ¿La restitución tardará 10 o 500 años?

    El debate en restitución tiene que avanzar. Lo dicho por Benedetti, ya había sido atinadamente y con argumentos más sólidos, advertido por el investigador Francisco Gutiérrez en el 2013. La discusión que se debió dar en el Congreso a cuatro años de implementación de la ley, debió haberse metido en la efectividad de la restitución en la etapa posterior al fallo.

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Hace unos días el Congreso de la República pasó al tablero la política de Restitución de Tierras. El senador Armando Benedetti expuso con inmensa preocupación una serie de relaciones entre cifras que indicaban que, al paso que vamos, la restitución de tierras tardaría más de 500 años, y que por lo tanto, el Gobierno no cumplirá sus metas en esta materia. Por su parte, Ricardo Sabogal – Director de la Unidad de Restitución, afirmó que esta entidad sí cumplirá con las metas que se ha propuesto para el 2021.

¿De dónde se sacan conclusiones tan distantes? Veamos. Benedetti se incorpora tardíamente al debate con unas cifras que son apenas estimados, y a partir de estas hace cálculos simples. Así, toma el estimado de 6 millones de hectáreas despojadas con el que se proyectó la ley, olvidando que hay diversos estudios, todos muy serios, que lanzan cifras de 2, 6 y 8 millones de hectáreas. Estas diferencias se pueden explicar al menos por tres razones: i. Porque las personas pudieron sub o sobredimensionar el área de sus predios, ii. Porque hay desplazados que tuvieron que abandonar tierras pero no tienen derecho a la restitución, por ejemplo, los arrendatarios, y iii. Porque hubo despojos sucesivos, entonces, dos personas pueden estar hablando de un mismo predio pero sus hectáreas están siendo sumadas como si fueran dos.

Partiendo de esta ligereza, el Senador concluye que, como lo que debía restituirse son 6 millones de hectáreas, la Unidad debería estar restituyendo 984.307 por año, y que en 4 años de ejecución de la Ley, ha restituido tan solo 94.156.

Frente a esta apocalíptica conclusión, Sabogal, responde con argumentos y cifras un poco más decantadas, que han sido obtenidas durante la implementación de la ley. Reconoce que el estimado inicial de hectáreas despojadas se hizo sin una línea base clara, y que las metas actuales se construyen es sobre el número de solicitudes que hacen los reclamantes ante la Unidad, es decir, 75 mil, de las cuales han sido resueltas alrededor de 2.000, según Benedetti. Preocupante, en todo caso.

Ahora bien, ¿quién tiene la razón? La respuesta es: ambos y ninguno, pues todo depende de con qué criterios se evalúe el éxito de la restitución. De un lado, Sabogal en sus metas le apuesta a algo que podríamos llamar la “restitución formal”, pues mide su éxito en número de solicitudes de restitución resueltas, casi obviando, que más allá de las soluciones judiciales escritas, la restitución se verá garantizada es por el cumplimiento de dichas órdenes. Luego, sí, si hablamos de sentencias de restitución, es bastante probable que a el 2021 las metas se hayan cumplido.

Por su parte, Benedetti sin saberlo -pues no se debe a las razones que él expone-, puede estar más cerca del tiempo que tendremos que esperar, si hablamos de “restitución efectiva”. El acceso efectivo a la restitución no se puede medir en número de sentencias, hectáreas o reclamantes, sino en goce efectivo de derechos, retornos en condiciones de dignidad y estabilidad de los reclamantes en el territorio. Un retorno en condiciones de dignidad y con goce efectivo de derechos implica – como mínimo - entidades territoriales fortalecidas -con presupuesto y que cumplan sus funciones constitucionales en vez de ser botines electorales-, acceso a la justicia (no solo la transicional, sino también la ordinaria), infraestructura que facilite la vida y la productividad de los restituidos, educación asequible, salud y servicios públicos básicos.

En conclusión, el debate en restitución tiene que avanzar. Lo dicho por Benedetti, ya había sido atinadamente y con argumentos más sólidos, advertido por el investigador Francisco Gutiérrez en el 2013. La discusión que se debió dar en el Congreso a cuatro años de implementación de la ley, debió haberse metido en la efectividad de la restitución en la etapa posterior al fallo.

*Investigadora del Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad – Dejusticia www.dejusticia.org
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