¿La retórica de la paz por encima de la verdad?

A muchos políticos les importa más la retórica de la paz que la verdad y la realidad de las víctimas. Prefieren ocultar o minimizar los atentados terroristas de las FARC o el secuestro de niños, antes que unir a la sociedad en su condena.

Le duele demasiado al gobierno que se critique su política frente a la criminalidad. Tal es la preocupación en la Casa de Nariño que pusieron a firmar una columna al exministro de Defensa Gabriel Silva para demostrar que el cambio de la Seguridad Democrática por el diálogo con los terroristas no ha deteriorado la seguridad.

Como exviceministro de defensa de la administración Santos y testigo, en primera fila, de lo ocurrido, debo corregir a Silva.

Si Silva le cree a las estadísticas del propio Ministerio de Defensa no puede decir que se ha “mantenido la cadena de éxitos que se inicio con Uribe”. Según Mindefensa, lo que hay es un grave deterioro en seguridad. De 1 de enero a 31 de agosto de 2012, comparado con el mismo periodo de 2011, aumentaron los actos de terrorismo en 61%, la voladura de oleoductos en 457%, los ataques a instalaciones de la fuerza pública en 113%, los hostigamientos en 41%, las embocadas en 47%. En total, según el propio gobierno, en un año aumentaron las acciones de las guerrillas en 45%. Para no hablar del regreso del miedo a los ciudadanos, el aumento de la extorsión o del número de hectáreas de cultivos ilícitos. ¿Quién miente?

Como ministro de Defensa en el cierre del gobierno de Álvaro Uribe, sabe muy bien que la retaguardia estratégica de las FARC y el ELN no está en el Catatumbo sino en Venezuela. En nombre del diálogo el Gobierno admitió que las FARC empleen, con la anuencia y complicidad del gobierno Chávez, el territorio de Venezuela como retaguardia. La novedosa forma de acabar con esta fue aceptarla. ¡Eso es claudicar, dr Silva!

También como exministro le consta que las FARC en el gobierno Uribe, con el liderazgo del general Leonardo Barrero, llegó a estar replegada en las montañas del Cauca y no empeñada en atacar brutalmente a Popayán, los cascos urbanos y la carretera panamericana. Además que se concertó con organizaciones indígenas como la OPIC, mientras no se admitían las vías de hecho y la presión que las FARC pretenden ejercer sobre esos pueblos, ni el abuso y violación de los derechos humanos de nuestros soldados.

Las propias cifras del gobierno son las que desmienten a Silva. Según el expresidente Álvaro Uribe las Bacrim “en los últimos dos años han duplicado el número de integrantes”. Los registros del Ministerio de Defensa señalan que sólo desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de octubre de 2012 han sido “neutralizados” 7535 miembros de bacrim, a los cuales hay que adicionarles los que corresponden al primer semestre del actual gobierno y 4170 que hoy las conforman. Eso datos demuestran que se pasó de 3831 integrantes de esas bandas a 30 de junio de 2010 a cerca de 13.000 individuos que han estado en sus filas durante estos dos últimos años. ¡Uribe se quedó corto en el cálculo! ¡No se duplicaron, se triplicaron!

Lo que no dice Silva es que la decisión del presidente Santos de adelantar diálogos con las FARC amarró a las FFMM y a la Policía en el combate a las Bacrim. El propio presidente siendo ministro expidió una directiva que permitía bombardear a los Rastrojos o los Urabeños, pero, a partir de febrero de 2011, muy a pesar de nuestras advertencias, se prohibió esa posibilidad argumentando que utilizar la fuerza en el marco del derecho internacional humanitario elevaría a esos grupos a la condición de “partes del conflicto”, similar condición a las de las FARC. Masacres como las de Santa Rosa de Osos son posibles gracias a que las estructuras de Bacrim que delinquen en zonas rurales y selváticas, donde solo ese tipo de operaciones garantizan efectividad, saben que están blindadas.

En nombre de la paz también el gobierno retiró la reforma al fuero penal militar ante presiones de ONG, mientras se la jugó toda para dar impunidad a las FARC con el Marco Jurídico para la Paz. Ahora impulsa un nuevo proyecto que resultará inane, tal y como está, frente a los problemas de seguridad jurídica de los militares. No es cierto que el Acuerdo con la Fiscalía debilitara el fuero. Eliminarlo no resuelve nada porque la policía judicial depende directamente del Fiscal, no de la justicia penal militar. No han podido entenderlo.

Es cierto que hubo disposición de contacto en el gobierno de Álvaro Uribe con las FARC para buscar su sometimiento a la justicia, no para negociar la agenda de Colombia. Disposición, pero sin reformar la constitución para dar impunidad a los crímenes atroces, nunca validando la violencia y, menos, sin que existiera la decisión de abandonarla y deponer las armas.

En cambio, el gobierno consiguió que el Congreso reformara la Constitución para garantizar a perpetradores de crímenes de lesa humanidad y de guerra la “renuncia a la persecución penal” en aquellos casos que no sean seleccionados para ser objeto de investigación judicial, que serán la mayoría, conforme a la exposición de motivos del acto legislativo.

Esa amnistía disfrazada, más la posibilidad que autores de crímenes de lesa humanidad no condenados y de guerra, aún condenados, puedan ser elegidos al Congreso y a la Presidencia de la República, significa que el gobierno legitimó la violencia como medio de acción política en una democracia.

La diferencia que no quiere ver entre ese Marco Jurídico para la Paz y la Ley de Justicia y Paz es que con esta se busca que se judicialicen efectivamente los crímenes, mientras con el Marco se reformó la Constitución para renunciar a la persecución penal. ¿Y si son lo mismo, dr Silva, por qué el gobierno no admite que se aplique a las FARC y al ELN esa ley, que no era solamente para los paramilitares?

Al igual que la opinión pública, Silva no sabe, que para no enviar señales inconvenientes a las FARC la propia Presidencia de la República ordenó hundir el delito de pertenencia a organización de crimen transnacional, que logramos aprobar en el Senado dentro del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana y que tenía asegurada la mayoría en la Cámara. Tipo penal que establecía penas entre 16 y 25 años con el fin de desarticular la farcpolítica y las milicias.

Tampoco se sabe que la Presidencia vetó la presentación por parte del Ministerio de Defensa al Congreso de una iniciativa que endurecía las penas para los crímenes de práctica cotidiana y permanente de las guerrillas, como el reclutamiento de niños, al igual que de otra que buscaba resolver problemas jurídicos que afectan la desmovilización, para evitar su reducción.

Si hubo un problema, que comenzó a solucionarse hasta 2010, fue la ineptitud en responder la adaptación de FARC a la estrategia militar y policial. Esa, ante todo, era responsabilidad de los ministros Santos y Silva, que nos correspondió comenzar a corregir. Lástima que lo que se hizo en el plano militar, la Presidencia lo afectara al desmontar una política de firmeza para apostar por una de debilidad.

Dr Silva, no le tocará aceptar que hay dos Uribes, en cambio, a nosotros sí nos tocó aceptar que hay dos Santos. Uno que engaño para elegirse en hombros de la Seguridad Democrática y otro que la repudió para dialogar con las FARC, a costa de la seguridad de los ciudadanos.