La ruptura del paradigma frente-nacionalista y la posibilidad del tránsito hacia la modernidad

Pasada la primera vuelta electoral he tenido la oportunidad de revisar un número interminable de escritos y columnas de opinión sobre el momento político que atraviesa nuestro país, escritos por una variedad de corrientes de opinión, columnistas, analistas, politólogos, “intelectuales”, docentes universitarios, periodistas, etc., dando lugar a la toma de posición en relación con la opción de voto especialmente. Sin embargo, solamente dos artículos me han llamado la atención: el primero de ellos escrito por Elizabeth Ungar en El Espectador, en el cual trata de mostrar cómo la campaña electoral lo que está poniendo en juego realmente es el modelo de Estado y el proyecto de país, no logrando, desafortunadamente, en tan corto espacio argumentar la profundidad del título de la columna, el segundo, del jurista Rodrigo Uprimny, para quien en esta contienda electoral se estaría marcando el destino de nuestra sociedad por décadas. Al igual que el anterior, el columnista a mi manera de ver no logra explicar en su plenitud el alcance de cómo podría afectar la decisión del pueblo colombiano el rumbo de nuestro país y de la sociedad colombiana.

Comparto con los columnistas la esencia y el alcance de sus escritos, y espero en las siguientes líneas tratar de argumentar porqué, probablemente, no nos encontramos ante unas elecciones rutinarias para Presidente de la República, sino que lo que se encuentra en juego realmente es el modelo de Estado y el proyecto de sociedad del futuro de Colombia.

Uno de los rasgos característicos del periodo político es la polarización expresada en diversos sectores sociales y políticos, el proceso de negociación con las FARC, los paros agrarios, las consabidas marchas indígenas, la confrontación electoral y los conatos de descontento de las Fuerzas Armadas. 

En este periodo se ha logrado mostrar en toda su desnudez las capacidades de una élite política emergente, encarnada en Álvaro Uribe Vélez, la cual ha logrado unificar en torno a su proyecto político vastos sectores sociales, económicos, políticos, militares y una masa electoral que hoy disputa con grandes posibilidades el poder presidencial. Este proyecto político, que por la vía de la violencia paramilitar logró permanecer en el poder durante ocho años, en la actualidad disputa con los sectores tradicionales el poder del Estado, sin contar con la totalidad de las estructuras del pasado, pero eso sí, con una gran capacidad de movilidad de la violencia si ésta se requiere, mostrándolo así diversos episodios. Varias teorías podrían explicar la capacidad de movilidad social, política, económica y militar de esas fuerzas, pero es importante destacar que aunque el paramilitarismo se desmovilizó y una gran parte de sus alfiles políticos se encuentran presos por cuenta de la “parapolítica”, aún cuentan con capacidades de control social, territorial, político, burocrático, económico e incluso militar en diversas regiones del país. 

Como lo he mencionado en anteriores artículos este sector social se caracteriza por ser una élite emergente, capitalista territorial, corrupta y religiosa. Las posibilidades del rearme paramilitar es una variable no descartable en una coyuntura de mayor polarización del país.

De otra parte se encuentra nuestra clase política tradicional, que por varias décadas ha sido la responsable de construir un sistema político, económico y social excluyente, que en un primer momento realizó muy importantes esfuerzos para que fenómenos como el narcotráfico no se imbricaran en el sistema, lo que a la postre trajo como resultado el homicidio de personajes como Rodrigo Lara, Luis Carlos Galán, Guillermo Cano, Álvaro Gómez, entre otros, pero no fue suficiente por la capacidad de esa élite emergente que a través de diversos medios legales e ilegales logró penetrar el poder nacional. 

En los dos últimos años se ha estado gestando la organización de diversos sectores sociales, que por diversos medios se han estado manifestando públicamente a través de vías de hecho, movilizaciones y los medios legales que les proporciona el sistema político, pudiendo estos movimientos crecer en la medida que las condiciones de violencia política se reducen una vez eliminados el paramilitarismo y las guerrillas. 

Estos movimientos, salvo los indígenas, y en menor medida los afrodescendientes, lograron importantes procesos de organización y protesta social en los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, mientras que a los grupos sociales como los campesinos la sombra paramilitar o guerrillera no les permitió ninguna forma de intervención social. La gestación de estos movimientos sociales puede constituirse, una vez en situación de pos conflicto, en actores de presión social, y transformarse en el motor de nuevos conflictos sociales, de hondo calado político, en vías de su inclusión o inserción en el sistema político, económico y social, en sectores sociales ostentan unas características cualitativamente diferentes a los del pasado debido a varios factores, entre ellos sus nuevos niveles de formación educativa, el acceso a las tecnologías de la información, y la comunicación y desarrollos tecnológicos de los sectores económicos en que se desenvuelven, entre otros. Los paros agrarios presentados en el año inmediatamente anterior y en el presente demostraron la capacidad de dichos movimientos para afectar la gobernabilidad del país por vías legítimas. Estos movimientos han logrado demostrar, cómo se anotó, grandes capacidades de organización, movilización social, autonomía en relación con variables externas como las guerrillas, grupos paramilitares, BACRIM y partidos políticos, y cuentan con un importante apoyo internacional, en el marco también, en el caso de los indígenas y afro descendientes, de autonomía territorial. 

Hay cierto consenso entre los analistas y estudiosos de las FARC, en lo que denominan como una “derrota estratégica” de ese grupo guerrillero, más no de un debilitamiento total y estructural de la misma. 

A continuación esbozo algunas hipótesis o factores que podrían ser objeto de desarrollos posteriores y que determinaron la derrota estratégica de las FARC, desde la óptica de los propios errores políticos de la organización y no de variables externas como las estrategias y tácticas legales o ilegales operadas por el Estado y grupos militares ilegales: 

i) la incapacidad de las FARC en el desdoblamiento estratégico planteado en su séptima conferencia a partir de la Cordillera Oriental, y del crecimiento de 18.000 a 50.000 hombres en armas y el tránsito de un ejército irregular a uno regular; ii) la utilización de los procesos de paz para la acumulación de fuerzas militares y políticas hacia la toma del poder, con la implementación de teorías acuñadas en las dos primeras décadas de siglo XX y desarrolladas en Colombia en los 80 y 90s.; iii) la utilización de agendas paralelas y ocultas en los procesos de paz, con los costos políticos que dejaron, como el exterminio de la Unión Patriótica, especialmente en el periodo presidencial de Andrés Pastrana, periodo que he bien puede denominarse como de “traiciones mutuas”; iv) la ruptura con el Partido Comunista y la conversión de una estructura altamente militarizada; v) La modernización de las estrategias y tácticas militares, y la incapacidad para la incorporación de nuevas tecnologías; y, vi) la incapacidad de una correcta lectura política de lo que representó la descentralización administrativa promovida por la propia organización en las negociaciones con Belisario Betancourt, muy bien operada por los grupos paramilitares en su proyecto político a través de la violencia política, militar y burocrática, directamente, por cooptación, exterminio o concurso de élites políticas regionales y nacionales. 

Si bien se puede afirmar que las FARC se encuentran ante un debilitamiento evidente, aún cuentan con una gran capacidad de daño en lo político y militar, con una importante presencia territorial, clave para los proyectos económicos estratégicos para las élites en el poder, cumpliendo en los territorios funciones estatales y un poder económico importante para sostener una estructura militar que oscila según estadísticas estatales en los ocho mil hombres. 

En este contexto hay sectores políticos que consideran que las FARC a mediano y largo plazo pueden ser objeto de una derrota definitiva y de la eliminación física de sus integrantes, que en el peor de los casos pueden convertirse en un mal menor de la sociedad como grupos de bandoleros, narcotraficantes, bandas criminales, entre otras, que serían funcionales para perpetuar los privilegios que ofrece la guerra,  y en una eventual desmovilización podrían encontrarse ante una evidente debilidad de protección personal, con altos niveles de vulnerabilidad, sin experiencia institucional y sin un poder económico real.

Para efectos del análisis, sin ser un sector social o político estrictamente, por tratarse de una institución estatal, pero sí un actor político relevante, las fuerzas de seguridad del Estado de Colombia se constituyen en un factor a tener en cuenta al momento de un rediseño de la arquitectura institucional a la hora de la construcción de un nuevo modelo político del Estado y de sociedad. En anteriores artículos he tratado de mostrar el papel que han jugado las fuerzas de seguridad en los últimos periodos presidenciales (Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos), y cómo las fuerzas pueden ser un factor real de desestabilización institucional, siendo clara muestra de ello varios episodios recientes y que son objeto de desarrollo.

Todo este corolario me permite plantear la siguiente hipótesis de fondo: El presente momento político requiere un análisis que vaya mucho más allá de lo coyuntural y de lo electoral. El proceso de paz que se adelanta con las FARC, y probablemente en el futuro con el ELN, tendrá como consecuencia el rediseño de la arquitectura del modelo político e institucional, que permita el tránsito del modelo frente nacionalista y bipartidista a uno pluralista, con plenas garantías para el acceso y ejercicio de lo político, y del derecho a la participación como derecho político, en sus diversas dimensiones y manifestaciones, es decir un tránsito a la modernidad, y el abandono de la violencia y de la barbarie como método para el acceso al poder en sus diferentes manifestaciones. 

El rediseño de esa arquitectura institucional y del modelo de Estado y sociedad, independientemente del mecanismo con que se tramite (constituyente o agenda legislativa) (reforma a la justicia, estatuto de la oposición, reformas rurales, justicia transicional globalizante), requiere de la inclusión de los actores mencionados anteriormente, de lo contrario Colombia entrará en un nuevo ciclo de violencia política con el costo que ello implica. Se encuentran más que demostradas las capacidades del rearme de los grupos paramilitares, independientemente de la manera como se les nombre, las posibilidades de transformación de los grupos guerrilleros en estructuras de otro tipo como grupos de bandoleros, criminalidad organizada, narcotráfico, entre otras, y la posibilidad latente de la acción estatal por la vía de las violaciones de los derechos humanos, ya que desafortunadamente todos los días se producen actos por acción u omisión (ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias y violaciones a la intimidad personal, familiar, social y comunitario). 

El Presidente Santos en su segundo periodo si es reelegido tiene en su mano el reto histórico de ser el artífice de ese nuevo modelo de Estado, y de propuesta de sociedad incluyente y pluralista; son pocos los ejemplos en la vida democrática del país en los que sectores tan disímiles e históricamente antagónicos como la UP, la Marcha Patriótica, El Polo, varios sectores de los verdes se unen para un propósito común como  la paz.